Ayuntamientos para recuperar la democracia

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Las sociedades contemporáneas están amenazadas por múltiples factores de riesgo. Las amenazas a los sistemas democráticos junto a la prolongación del estancamiento económico, las incertidumbres en los mercados financieros y el fuerte incremento de las desigualdades configuran un horizonte sombrío para estas sociedades en las que no hace tanto se daba por hecho que las conquistas democráticas asociadas a ciertos niveles de bienestar y derechos sociales se consideraban rasgos inherentes de las mismas.

La experiencia de las últimas décadas con los fenómenos de la globalización y la financiarización de los sistemas económicos ha acabado con estas pretendidas certezas y hoy vemos, a pesar de la permanencia de las contiendas electorales, las mayorías sociales están cada vez más lejos de la gestión de los asuntos que les atañen.

En España, este proceso de desdemocratización se manifiesta, entre otros, en el ámbito local donde se desenvuelve la vida cotidiana de la población. No es desde luego éste un fenómeno reciente. La constitución del Estado moderno en nuestro país, especialmente desde comienzos del siglo XVIII se ha levantado sobre la liquidación de los derechos históricos de las comunidades territoriales y de los municipios. Ni siquiera la Constitución del 78 ha restituido los poderes locales, que han sido objeto de un sistema conjunto de tutela a cargo del Estado y las CCAA. Con la constitucionalización de la consolidación fiscal y de las políticas austeritarias, operada por la reforma del art. 135, la reducción del déficit público ha sido el pretexto para recortar, junto con los derechos y los gastos sociales, las competencias de los ayuntamientos, privándoles de los recursos precisos para ejercerlos.

Bajo el rotulo de la "racionalización de las administraciones locales", la ley Montoro ha puesto en marcha un mecanismo de expropiación de los poderes públicos locales orientado a convertir los servicios públicos que prestaban en atractivas líneas de negocio para grandes corporaciones privadas que se convertirían, así, en las efectivas administradoras del territorio y sus recursos.

La puesta en marcha de esta desamortización del siglo XXI corresponde al proyecto de regresión histórica que capitanea el Gobierno del PP con la tacticista y suicida colaboración del PSOE y que está vaciando de contenido democrático las instituciones del 78.

En la gestión privatizada del territorio, se encuentra una de las vías preferidas del capitalismo español para recuperar cuotas de competitividad en un contexto económico global plagado de incertidumbres, pero es una vía en la que millones de personas en nuestro país son condenadas a la perdida efectiva de la ciudadanía, sustituida en el mejor de los casos, por la condición de cliente, si se alcanza el nivel de solvencia suficiente para pagar el precio del servicio.

La derogación de la ley 27/2013 de Racionalización y sostenibilidad de las Administraciones Locales es el primer paso para frenar el proceso desamortizador. Pero sería un error reducir el alcance de este conflicto a la mera pelea por la distribución de competencias entre administraciones públicas. En la batalla por la permanencia de unos ayuntamientos competentes, con recursos y eficaces en la prestación de los servicios públicos se está jugando, de alguna manera, el porvenir de la democracia.

La globalización económica y financiera que ha hegemonizado las sociedades contemporáneas ha producido una desterritorialización de las relaciones económicas, sociales, políticas y culturales. Los territorios han perdido su valor de atribución de identidades y sentido de pertenencia arrastrados por la aceleración en la circulación de informaciones, mercancías y dinero. El dominio de los mercados convierte a las poblaciones en irrelevantes, intercambiables entre sí, valorizables solo en tanto que generadoras de beneficios para los dueños del capital.

El futuro de la democracia en nuestro país depende de poner freno a este proceso de desvalorización de los territorios y las poblaciones. No será posible recuperar la democracia si con ella no se recupera el valor singular de los sitios, si las personas no recuperan su relación con los sitios y su pertenencia a ellos.

Los ayuntamientos del cambio han comenzado esa tarea (que sin duda sería más eficaz si contara con el apoyo de las CCAA donde gobierna el PSOE con el apoyo de Podemos). Dentro de dos años habrá elecciones municipales, una nueva ocasión para ampliar el espacio de la recuperación democrática local. Esa será también la ocasión para impulsar programas de reforma democrática en materia de vivienda social, transporte público y racionalización del tráfico, reducción de contaminaciones y desechos, remunicipalización de servicios públicos, entre otros. Ayuntamientos potentes y capaces de prestar servicios públicos de calidad y participados por parte desus vecinos en los procesos de decisión pueden ser una palanca fundamental para la construcción de una ciudadanía vigorosa y responsable.

Una nueva forma de hacer política en la que su objetivo es la satisfacción de las necesidades de la mayoría, las mujeres y los hombres que habitan los territorios y que se integran armónicamente en los sistemas naturales que los conforman.

Esta es la esencia del proceso constituyente que postulamos. Colocar en el centro de la actividad pública a las personas y los lugares donde viven, a los que cargan de significación histórica y cultural y con los que configuran unidades orgánicas que dotan de sentido a la vida individual y colectiva.