Hay quien cree que el automóvil es una máquina, de cierta complejidad, que sirve para trasladarnos de un punto a otro. El Diccionario de la RAE dice que "con un motor, generalmente de explosión" y debería corregirlo, ya que ni los motores diésel, ni los eléctricos son de explosión. Y ya que lo corrige, debería añadir que un automóvil es primordialmente una máquina de generar impuestos.

Un ciudadano que se compre un coche medio, con un precio de 20.000 euros, en los 5 años de vida de ese coche y recorriendo 15.000 kilómetros al año va a pagar más de 9.000 euros en todo tipo de impuestos por la compra y el uso; y llegará a los 10.000 euros con el IVA del mantenimiento, reparaciones, seguros y alguna que otra multa. Pocos artilugios inventados por el hombre generan tantos beneficios al erario.

Es verdad que el Estado, en compensación, tiene que poner al servicio de los automovilistas una red de carreteras adecuada y mantenida. Y poco más, porque el resto de los servicios que necesita el automóvil para circular (estaciones de suministro de combustible, redes de distribución y reparación, enseñanza... etcétera) está en manos de iniciativas privadas. Sólo la vigilancia y el control del tráfico siguen bajo el paraguas del Estado, con la peculiaridad de que produce más ingresos que gastos.

El Estado recaudó en el año 2010 (últimos datos cerrados y ofrecidos por la Intervención General de la Administración Tributaria) 81.455 millones de euros por impuestos sobre las rentas y 72.536 millones en impuestos sobre el gasto; aproximadamente 154.000 millones de euros por estos dos grandes conceptos y 20.000 millones menos que en el año 2007 cuando se iniciaba la crisis.

Pues bien, de esos 72.500 millones recaudados por el gasto de los españoles, 24.700 han sido por la compra y el uso de automóviles; es decir, un tercio de lo que el Estado ha recaudado por los gastos de los ciudadanos españoles, procede del automóvil. Desglosado: 2.300 millones por el IVA en la compra; 650 millones por el llamado Impuesto de Matriculación (Impuesto Especial sobre Medios de Transporte, que está cedido a las Comunidades Autónomas (CCAA)); 2.800 millones del "numerito" o Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, que íntegramente gestionan y recaudan los Ayuntamientos. Y ahora viene la parte más jugosa, que es la recaudación por combustibles: 18.400 millones en total. De esta cantidad, el IVA son 5.800 millones (la mitad para la Administración central y la otra mitad para las CCAA) y los otros 12.500 millones son del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos, cuyo 40 por ciento es para las CCAA. Hasta completar los casi 25.000 millones de recaudación existen otras partidas, como las tasas por transferencias de titularidad (226 millones); permiso de circulación (80 millones); tasa de cambio de titularidad (108 millones) y los IVA correspondientes (50 millones).

En las informaciones de la Intervención Tributaria no aparecen otros apartados que el españolito motorizado paga religiosamente de su bolsillo a las arcas del Estado: el IVA de las pólizas de seguros; el IVA de las reparaciones y de la sustitución de elementos de desgaste, como los neumáticos, los aceites o las baterías, que cualquier usuario sabe lo que nos cuesta cada año, con el correspondiente "por ciento". Y por supuesto las multas, que ya sé que eso solo nos afecta a nosotros, los malos conductores; y las decenas de monedas que se llevan los parquímetros y el IVA de los aparcamientos.

Por toda esta cantidad de razones (y disculpen los lectores por tal cantidad de números) el Estado no puede permitirse el lujo de dejar que se muera esta gallina de los huevos de oro y no tiene más remedio que dar de comer a la vaca si quiere ordeñarla. ¡Y bien que se hace de rogar!

Desde que en abril de 1994 el Gobierno de Felipe González pusiera en marcha el primer plan de incentivación de la compra de automóviles (el llamado Plan Prever), se han sucedido estas iniciativas y siempre con el reconocimiento del éxito. Prueba de ello es que, cada vez que el mercado ha atravesado una crisis, el Estado ha puesto en marcha distintos programas, hasta el más reciente, el PIVE, que el Gobierno de Rajoy acaba de anunciar en su segunda edición. Lo que sorprende es que, sabiendo que cada uno de estos planes ha sido bueno para el país, los gobernantes hayan sido tan reacios a ponerlos en marcha. Díganselo a la patronal ANFAC, que, una y otra vez insiste en las resultados positivos y una y otra vez está obligada a mendigarlos.

Y digo bien "mendigarlos" porque los 1.000 euros que tan "generosamente" reduce el Estado de su inicial recaudación por la compra, son una cantidad verdaderamente irrisoria frente a los beneficios obtenidos. Además, otros 1.000 euros que obliga a los fabricantes a poner también encima de la mesa... como si las marcas y sus redes comerciales no hiciesen ya descuentos de dos y tres veces esta cantidad (restándolos de sus beneficios) desde mucho tiempo antes que el Estado acudiese con la manguera a apagar el incendio.

En fin, bienvenido sea el PIVE 2, que aporta además algunas interesantes novedades, como extenderlo a los vehículos industriales o a los turismos de más de 25.000 euros de PVP, hasta ahora vetados. Ahora a esperar que el sector se anime, porque es una de las patas sobre las que se asienta la economía de este país, junto con el turismo y la producción agrícola. Y aplicando el axioma de General Motors, "lo que es bueno para el automóvil, es bueno para España"... si los sindicatos de Nissan me permiten aseverarlo.

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