Las carreteras españolas se rompen

Hace muy pocos días la empresa Ecoconsult presentó un interesante informe sobre conservación de las carreteras en España y el coste que supone el recorte en 500 millones de euros anuales en este capítulo. Este informe pone de manifiesto que este ahorro para las arcas del Estado va a suponer que dentro de 10 años habrá que invertir 2.500 millones para mantener la red en el estado inicial y que la conservación de las carreteras cuesta un 70 % menos que la construcción de una nueva.

Cifras verdaderamente demostrativas de que con mucha frecuencia se cumple el dicho, y lo que hoy es pan, mañana es hambre.

Dicho esto, que es importante, y hablando de carreteras, viene a la memoria un reciente post en el que comentaba el corte de la Nacional 2, a su paso por la localidad gerundense de Bàscara y los comentarios que ha suscitado. Con el máximo respeto hacia todas las opiniones, reitero mi sorpresa ante el hecho de que un movimiento vecinal, por justificadas que puedan parecer sus razones, corte el tráfico de una vía. Y más sorpresa aun produce saber que la administración autonómica ha apoyado ese corte.

Los vecinos de Bàscara quieren recibir sus tomates, el pan, los periódicos y las medicinas; quieren que los chavales puedan ir al colegio en autobús, que los trabajadores lleguen al trabajo y que sus enfermos se puedan desplazar a los hospitales. Quieren en fin, que el producto de sus negocios pueda venderse en cualquier localidad, próxima o lejana. Pero niegan esos derechos a todos los vecinos que necesitan esa vía. Y no vale el argumento de que se contemplan excepciones al corte y de que existen itinerarios alternativos (de pago). Cortar una vía es la máxima manifestación de insolidaridad, como lo es cortar un tendido eléctrico o un río... y que se fastidien los de aguas abajo. Ni las carreteras, ni las vías férreas, ni los ríos pertenecen a los propietarios del terreno que atraviesan y tienen una función muy superior a los intereses de los ribereños. Por muy ajustados a razón que puedan parecer esos intereses.

Y ahora regresemos al grave problema de las carreteras. La red de carreteras de competencia estatal suma algo más de 25.000 kilómetros, a los que hay que añadir 70.000 kms de la red autonómica y aproximadamente la misma longitud de las carreteras con competencia de las Diputaciones. Sin embargo, en ese porcentaje de poco más de un tercio del total, a las carreteras del Estado corresponde más del 50 por ciento del tráfico total. Es la red prioritaria y el tráfico de mercancías se produce en estas vías en más del 65 por ciento.

Pues bien, la inversión en mantenimiento de esta red ha pasado en dos años, de 1.257 a 818 millones de euros previstos para este año en los Presupuestos Generales del Estado.

Todos padecemos los recortes y sin duda, en aspectos más sensibles que las infraestructuras, como la sanidad o la enseñanza, pero conviene mentalizar también sobre la influencia del estado de las carreteras en la seguridad vial y en el destino de partidas presupuestarias más que discutibles.

España ha gozado (y lamentablemente ya hay que comenzar a hablar en pasado) de una de las mejores redes viarias de Europa, al menos en su red principal; con unas autovías gratuitas envidia de franceses, británicos o italianos. Hoy, cualquiera que las utilice con frecuencia puede observar cómo se han deteriorado en pocos años, por falta de mantenimiento. Y en zonas, como la cornisa cantábrica, que ha padecido un otoño e invierno especialmente lluvioso, el deterioro es más que alarmante, con baches que pueden romper una llanta o un elemento de suspensión y con taludes de inestabilidad alarmante. Las pinturas y la señalización vertical han perdido su capacidad reflectante y hay muchos kilómetros de guarda-rail que han desaparecido en manos de chatarreros ilegales. Un desastre. Lo malo será que el coste de reparación es exponencial con el tiempo: lo que hoy cuesta 5 el año que viene costará 10 y dentro de cinco años, costará 100. Y eso, en euros, porque más vale que no pongamos precio a las vidas.