Refugiados, migrantes y el Gobierno de España

Fátima, de 36 años, huyó de Siria para salvar a sus seis hijos. Foto: PABLO TOSCO/Oxfam Intermón

Más de 65 millones de vidas. El número de personas forzadas a huir dentro o fuera de las fronteras de sus países no hace más que crecer. Más conflictos, más largos, alimentados por más armas, con un impacto más letal sobre la población civil. A lo que hay que sumar el efecto del cambio climático, las crisis económicas y la desigualdad extrema sobre los más vulnerables. Desafíos globales que se tornan en tragedia cuando caen sobre familias y comunidades que tienen que dejar atrás raíces y medios de vida para evitar la muerte.

Esta semana tiene lugar en Nueva York la Asamblea General de Naciones Unidas que incorpora el desplazamiento global como uno de sus focos. Al tiempo, el presidente Obama ha convocado una reunión de líderes para abordar el asunto. Esperemos que haya soluciones urgentes, que el derecho internacional prime sobre otros intereses y que las mismas potencias que pretenden enfrentar esta crisis humanitaria global miren a sus políticas y el impacto que tienen sobre los conflictos y el cambio climático.

¿Y España?. Uno podría anticipar el discurso de nuestro presidente del Gobierno en funciones en Nueva York. Una confusa combinación de seguridad, "éxito" en las fronteras, solidaridad vacía y derechos humanos para unos pocos.

Un análisis detallado de las políticas de España que tienen que ver con el desplazamiento global muestra un resultado demoledor. Pocas veces un Gobierno es capaz de suspender en todo, sin contemplaciones.

Del millón de personas que deben ser reasentadas, España se ha comprometido a aceptar 1.500, de las cuales solo ha gestionado la entrada de 273. El cálculo de "cuota justa" hecho por Oxfam cifra en 15.600 las personas a acoger por reasentamiento. El compromiso con la reubicación desde otros países donde han llegado un número elevado de personas fue mayor: 16.000. Sin embargo la realidad es igual de limitada. Se han reubicado apenas a 200 personas. Poco que decir sobre reunificaciones familiares o visados humanitarios. Tampoco de los visados para estudiantes sirios, aunque cada una de las 20 becas otorgadas, ¡¡20!!, haya sido acompañada de ruido en los medios.

Lo cicatero y lento de las concesiones de estatuto de refugiado es un buen reflejo de lo anterior y de un Gobierno que no contribuye a garantizar rutas seguras para quienes huyen de la violencia.

Uno podría pensar que España no es país de refugio ya que prefiere que quienes huyen se queden en su país o en los cercanos, como Jordania, Líbano, Chad, Kenia, Tanzania y tantos otros, acogedores de millones de refugiados. Y que para "compartir la carga", está también la Acción Humanitaria. Pues no. El Gobierno ha destrozado la partida de ayuda humanitaria, recortándola un 67% en cuatro años. La aportación al fondo común humanitario de NNUU casi ha desaparecido tras un tajo del 96 %. España sencillamente incumple el mandato humanitario de responder a las crisis con los recursos que su peso internacional impone. Por más que siempre veamos un avión partir tras cada terremoto o huracán.

En foros internacionales, España ha adoptado un perfil menor. El desplazamiento global ha sido el gran ausente de las prioridades del Gobierno en estos dos años de presencia en el Consejo de Seguridad; ni en discusiones generales ni en dosieres específicos, salvo en el caso de Siria. A pesar de haber firmado y ratificado el Tratado de control del Comercio de Armas, España vende armas a Arabia Saudí, parte en el conflicto de Yemen donde millones de civiles sufren las consecuencias.

En la Unión Europea, España saca pecho sobre lo exitoso del modelo en la frontera Sur. Los acuerdos con terceros países para externalizar fronteras y el blindaje de éstas son el centro y el todo de una política que ha sido acusada con razón de vulnerar el derecho internacional

Frente a todo esto, la respuesta del Gobierno ha tenido gestos como condecorar a los guardias civiles que apalearon a un joven camerunés que logró pisar suelo español en Melilla. El coste de este blindaje multiplica lo que nuestro país hace de positivo en relación con las personas que solicitan legalmente refugio.

Este es el balance un Gobierno que, cuando menos, es consistente en su desprecio por los derechos de quienes se ven forzados a huir de su casa. Las declaraciones de nuestro ministro de Interior alentando la xenofobia no son más que el reflejo de esa actitud inhumana e insolidaria.

Esta semana, en Nueva York, hay una oportunidad para cambiar el discurso y, tal vez, empezar a revertir algunas de las medidas más duras de una política dura con el más débil.