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La política suspendida y su desenlace

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Foto: EFE

Este artículo ha sido escrito conjuntamente con Isabel Porcel González es periodista y abogada (Abat Oliba CEU), experta en Derecho digital (ICAB) y Robert Albiol Roda, estudiante de Derecho (UPF)

Se cumplen tres meses de gobierno Puigdemont. Y se impone una constatación: la política catalana ha perdido el rumbo. Más allá de la gesticulación, el nacionalismo sólo ha conseguido consolidar la suspensión de la política en que vive instalada Cataluña desde hace cuatro años. Desde que el proceso secesionista fue fijado como única prioridad, no hay lugar para el contraste de ideas, los balances de gestión o la rendición de cuentas, y se han achicado los (ya menguados) espacios para la crítica y el debate. Los rasgos normales de funcionamiento de cualquier democracia están indefinidamente aplazados, suspendidos en beneficio de una espiral identitaria que produce y requiere una sucesión de momentos falsamente unánimes, reiteradamente excepcionales, históricos... antipolíticos. La agitación independentista cumple el mismo papel antidemocrático, de blindaje del poder y censura de discrepancias, que en otros momentos ha generado una situación bélica.

Este unanimismo hermana al proceso con otros populismos europeos, cuyo auge correlaciona con la creciente desafección ciudadana hacia las instituciones democráticas. El caso catalán cuenta con más potencial destructivo porque está directamente alentado por la maquinaria gubernamental autonómica: el secesionismo es la fórmula para poner el malestar social al servicio de las élites localmente hegemónicas. Y la persistencia del estado de excepción identitaria y la inmunidad que concede en la práctica al gobierno autonómico, además de ser incompatible con los estándares de cualquier democracia avanzada, empieza a debilitar más allá de lo tolerable el tejido cívico y democrático catalán.

El 27-S acentuó la dinámica de retroceso y repliegue del bloque identitario gobernante, que abandonó cualquier apariencia de ecuanimidad o de vocación de representar la pluralidad de la sociedad catalana. Su único objetivo es mantener la hegemonía, aunque sea a costa de la cohesión social y de las garantías cívicas. Ahí está la agresividad de sus dirigentes hacia los catalanes no nacionalistas, repetidamente señalados como enemigos, traidores o "invasores". La retórica y la escenografía totalitaria no son nuevas, pero suben de volumen a medida que el proceso se estanca.

En este contexto, resulta exigible el amparo de las instituciones democráticas y la adopción de medidas para la protección de unas libertades públicas amenazadas por un Gobierno que, desde la declaración suspendida del Parlament, explícitamente reivindicada por Puigdemont, no reconoce límites a su poder. Ello incumbe, desde luego, a las instituciones nacionales de los tres poderes públicos, encargadas de velar por las garantías constitucionales en todo el territorio. La activación progresiva de la estrategia insurreccional en Cataluña hace necesaria la rápida resolución de la situación de interinidad del Gobierno español y la reconstrucción de un consenso eficaz en torno a la primera obligación de cualquier Estado democrático, que es la de asegurar el imperio de la ley y la protección de las libertades de todos los ciudadanos. Pero interpela también a las instituciones europeas: este Gobierno no sólo tiene una agenda ultranacionalista y antidemocrática, orientada a la quiebra de un Estado miembro; también es una amenaza contra la construcción europea y los valores consagrados en los Tratados, en la medida en que su estabilidad reposa, por primera vez en España, sobre una organización abiertamente eurófoba.

La voladura de los consensos básicos autonómicos y el daño que el proceso secesionista está haciendo al subsistema institucional catalán es posiblemente irreparable.

El frente nacionalista ni gobierna normalmente ni cumple ningún mandato democrático; se lo impide el resultado electoral y su propia heterogeneidad ideológica. Sus energías se concentran en el control de los espacios de poder formal e informal en Cataluña y en la propagación de su programa de secesión y quiebra social, a sabiendas de que éste ha sido rechazado por la ciudadanía en todas y cada una de las ocasiones en que ésta ha podido expresarse: en la consulta ilegal pero tolerada del 9-N, en el 27-S pseudo-plebiscitario, y en el 20-D, cuando los secesionistas acentuaron su caída. Después de pedir insistentemente que "se dejara votar" y constatar una y otra vez que la secesión no es respaldada en las urnas, el nacionalismo ha pasado a blindar su proyecto excluyente contra la funesta posibilidad de que se votara de nuevo.

La peripecia poselectoral permitió constatar que, pese al lema de "volem votar", el nacionalismo ha desarrollado un miedo reverencial a las elecciones. A las de verdad, al menos. Fue la conciencia de estar en retroceso lo que desbloqueó, tras meses de parálisis, esperpento y mercadeo, un acuerdo de gobierno que violenta ("corrige", se dijo) la voluntad democrática de los catalanes. La repetición electoral no es, ni en Cataluña ni en el conjunto de España, una opción sino un fracaso. Pero lo único que la evitó en Cataluña fue la certeza nacionalista de estar en menguante minoría: se optó por seguir huyendo hacia adelante y emplear el vasto poder institucional en aplicar un programa de secesión y ruptura.

Esta perversión del papel de las instituciones obliga a recordar el principio y el derecho de desobediencia democrática ante un poder público -el actual Gobierno autonómico-, que se proclama insistentemente por encima del rule of law, de la autoridad de los tribunales, de la democracia y de cualquier contrapeso de una sociedad avanzada. Tal Gobierno no es un Gobierno legítimo y no está, por tanto, en disposición de exigir de ningún ciudadano el acatamiento de su autoridad. Si esta contradicción se prolonga, la resistencia civil y la desobediencia a autoridades arbitrarias pueden acabar constituyendo la única manera de preservar los derechos y las libertades públicas consagrados en la Constitución, el Estatuto de Autonomía y el resto del ordenamiento jurídico, nacional y comunitario.

E, incluso aunque no se prolongue, hay desperfectos difícilmente reversibles. La voladura de los consensos básicos autonómicos y el daño que el proceso secesionista está haciendo al subsistema institucional catalán es posiblemente irreparable. Instituciones que un día fueron de todos los catalanes (el Parlamento, la Generalitat, la escuela, los medios de comunicación públicos) han sido puestas al servicio de una lógica de intolerancia, exclusión y fractura identitaria. El mito del un sol poble no sólo ha saltado en pedazos; también ha resultado ser una farsa. Se ha roto, pero además ha demostrado que no vale la pena repararlo, al menos en su forma previa. Cuando el desafío secesionista consume su fracaso, será momento de hacer un balance crítico de los sobreentendidos y los pactos tácitos que nos trajeron hasta aquí. Habrá que reconstruir los puentes destruidos, porque la convivencia seguirá sin ser opcional; pero se deberá acometer la revisión profunda de viejos consensos (lingüísticos, electorales, territoriales) que ya no son recuperables, y repensar unas instituciones autonómicas que parte de la sociedad catalana, hostigada por el nacionalismo, ha pasado de sentir como propias a sufrir como ajenas, estructuralmente hostiles. No será cerrar un paréntesis de años; será cerrar un ciclo de décadas y abrir uno nuevo.