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El precio del progreso según Juncker

24/05/2015 09:38 CEST | Actualizado 24/05/2016 11:12 CEST
EMMANUEL DUNAND via Getty Images
European Commission President Jean-Claude Juncker gives a press conference at the end of German chancellor's visit to the European Commission at the European Commission headquarters in Brussels, on March 4, 2015. AFP PHOTO/Emmanuel Dunand (Photo credit should read EMMANUEL DUNAND/AFP/Getty Images)

Si algo tienen las crisis es que hacen agudizar el ingenio creando genios inesperados y místicos improvisados en tiempos de necesidad. Hoy, martes 19, la Comisión Europea presenta en Estrasburgo el producto del trabajo de estos genios del siglo 21: La nueva estrategia para legislar mejor, (Better and Smart Regulation) que acompaña al plan de inversiones Juncker.

Este hito forma parte del plan del actual gabinete de la Comisión Europea -dirigido por el candidato del Partido Popular Europeo, Jean-Claude Juncker-. Tras haber probado con otras formulas dogmáticas como las reformas laborales, la austeridad, los rescates bancarios, o el vudú, sigue considerando que si la crisis no se ha terminado de solucionar es porque no se les da el suficiente dinero de las ya austeras arcas públicas nacionales a las multinacionales, y porque siguen existiendo demasiadas trabas para que la sana competitividad entre multinacionales nos traiga el maná del crecimiento.

En este sentido, la primera fase del plan se está ejecutando según lo previsto. Los ministros de Economia y Fianzas de la UE (Ecofin) ya aprobaron hace unas semanas en aquelarre la propuesta legislativa para la creación del Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas (EFSI), organismo que debe ser la base del Plan Juncker para activar la economía europea, y que ahora esta en el tejado del Parlamento Europeo. El Ecofin también aprobó que, como garantía adicional al fondo, los países de la UE contribuyeran de forma voluntaria al EFSI con dinero público. Aparte del respaldo político que esto supone, estas partidas están diseñadas para atraer a la inversión privada garantizando que, en caso de que los grandes proyectos de infraestructuras provoquen perdidas, ellos recuperen su inversión. En otras palabras, institucionalizar la siniestra lógica de que los riesgos son de todos pero los beneficios, son de ellos. En cualquier caso, y en palabras de Juncker, este plan de inversiones además necesita una serie de medidas que faciliten -aún más- el impulso definitivo a la actividad empresarial como generador de empleo y crecimiento, retirando obstáculos regulatorios.

Hoy, el precio son las leyes que te protegen

La segunda fase también se desarrolla según las lineas marcadas por las principales asociaciones de empresarios. Juncker recientemente declaró en el Parlamento Europeo que una gran cantidad de obstáculos regulatorios para el crecimiento debían ser ajustados o eliminados para que el plan empezara a dar sus frutos; porque el pobre plan es especial, no puede solo, y hay que darle cariño como a los demás. En consecuencia, la Comisión anunció que solo promoverá 23 leyes este año, en su mayoría para movilizar su plan de inversiones, y que cambiará o incluso retirará 80 propuestas de ley que ellos consideran estancadas.

En paralelo, la mano derecha de Juncker, y vicepresidente de la Comisión de la UE para Legislar Mejor, Frans Timmermans, se enfrentó a gritos de "vergüenza" en el Parlamento Europeo cuando reveló que algunas de las leyes que tienen en el punto de mira son la nueva legislación sobre fiscalidad energética, reciclaje y aire limpio, o la directiva europea de diseño ecológico; a la vez que modificaría leyes sobre control de las emisiones de CO2, o seguridad y salud laboral y alimentarias.

La sociedad civil ha entendido esta estrategia como una facilitación de facto en favor de las multinacionales, rebajando los estándares de protección laboral, medioambientales y al consumidor al nivel estadounidense, en una rápida carrera a la baja en pos de la competitividad que ayude a aterrizar al TTIP. El nombramiento del Sr. Timmermans, un demoniaco semidios de la tijera, cuyas funciones incluyen un derecho a veto exclusivo sobre cualquier propuesta -incluyendo iniciativas legislativas procedentes de cualquier otro servicio de la Comisión- o "mantener la dimensión de la competitividad en un lugar destacado en el corazón de la labor normativa de la Comisión" ha provocado que 50 organizaciones sociales acordaran el establecimiento de un organismo que vigilará que dicho plan "no debilite o socave el regulaciones esenciales ni se supedite el bien común a los intereses de las corporaciones".

Como ministro de Relaciones Exteriores de Holanda, Timmermans participó en la revisión del principio de subsidiariedad del gobierno holandés, también con cierto gusto natural por el euroescepticismo, de 2013. En dicha revision se recomendaba, entre otras medidas, el descarte de la directiva marco sobre el suelo, la abolición permanente de la directiva sobre el permiso de maternidad, que se evitasen propuestas vinculantes sobre eficiencia energética, y que la legislación sobre seguridad, salud y bienestar se apoyase más en regímenes auto-regulados de responsabilidad social corporativa.

Esta revisión, como el programa de reducción de la burocracia de la Comisión, se diseñó de la mano de corporaciones como Shell, el grupo ING, o Dow Chemical Company. Por esto se puede entender la designación de Timmermans como un intento por parte de la UE de suavizar a base de caramelos las relaciones bilaterales con Gran Bretaña y su recientemente reelegido primer ministro, David Cameron, en el contexto del euroescepticismo de su partido y la amenaza de un referéndum de permanencia en la UE que podría minar el camino de la integración europea.

Títeres y titiriteros.

Sin lugar a dudas, este plan impulsado por lobistas como "Amigos de la Comisión Europea", con el pretexto de dar "un nuevo impulso al empleo, crecimiento y la inversión" dispara la preocupación sobre la supervivencia de leyes y reglamentos básicos para el interés público. Hay realidades innegables como que la economía de la UE necesita de la inversión pública o que las diferencias en los regímenes nacionales de reglamentación para PYMEs deben ser abordados y reformados. Sin embargo, con el argumento barra de bar de que la innovación y la competitividad no debe ser sofocado con regulaciones demasiado estrictas, la Comisión actual está avanzando en su agenda ideológica con la meta de reducir las regulaciones que presentan cualquier tipo de sobrecoste para los grandes empresarios, aún al precio de desproteger al medio ambiente, a los trabajadores y a los consumidores europeos. La liberalización total de los mercados a través de la eliminación de regulación es claramente el siguiente objetivo en la agenda.

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