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Piratear software no nos sale a cuenta

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Foto: ISTOCK

Cada dos años, la BSA, un lobby formado por grandes multinacionales y algunas empresas locales de informática, encargan un informe que calcula el nivel de piratería de software en el mundo. Los datos del último acaban de conocerse y vuelven a mostrar la gravedad del problema en España. Según la BSA, el 44% de los programas que hay instalados en ordenador en este país no ha pagado la licencia de uso que le corresponde.

El coste del software pirata que hay instalado en hogares y empresas de todo el país supera los 800 millones de euros, según la BSA. El informe también analiza el fenómeno en más de 100 países de todo el mundo, y deja a España en niveles más próximos a los que exhiben México, India, Croacia, Polonia o Brasil, que a los que muestran los países escandinavos, Alemania, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, que rondan el 20% de piratería. Es la misma foto de la última década y nos vuelve a colocar como un país de segunda.

La BSA advierte de que usar software sin licencia es un peligro para empresas y particulares, puesto que puede ser un coladero para virus y todo tipo de malware, toda vez que un programa pirateado no se pueden actualizar convenientemente.

No pagar por el software manda una señal pésima a la sociedad. La piratería supone que no se respetan las leyes.

Pero la piratería también es un problema para la Hacienda Pública, que deja de recaudar cada año decenas de millones de euros en concepto de IVA o de impuestos a unas compañías proveedoras que, de haber vendido esos programas, habrían facturado más por ellos. Asimismo, la piratería perjudica al empleo en esas multinacionales que crean el software, y también pone en cuestión los puestos de trabajo en aquellas compañías -muchas pymes repartidas por ciudades y pueblos de toda España- que se encargan de instalarlo en los clientes locales y adaptarlo a sus necesidades.

Pero, por encima de todo, no pagar por el software manda una señal pésima a la sociedad. La piratería supone que no se respetan las leyes -y conviene saber que los delitos contra la propiedad intelectual están claramente tipificados en la última modificación del Código Penal y pueden suponer hasta cuatro años de cárcel-, pero sobre todo que no se valoran el trabajo y el tiempo de los demás. Y también es una muestra palpable de que no hay una apuesta seria, a nivel de país, por esas actividades de valor añadido que son la seña de identidad de los países más avanzados. Y esas son malas noticias.

En España, la piratería del software, como la descarga ilegal de libros, música, películas o series de televisión, no sólo no está socialmente censurada, sino que, hasta cierto punto, está bien considerada y es algo de lo que se puede alardear en una conversación. Pasa a nivel privado e incluso profesional. Que un escritor piratee el programa ofimático con el que va a redactar su libro o que un arquitecto se haga de forma ilegal con el software de diseño con el que va a empezar a materializar su próximo edificio no está mal visto.

Como tampoco lo está conducir por encima del límite de velocidad, tirar sistemáticamente las colillas al suelo o no pagar el IVA en la obra del albañil o del fontanero. En fin.