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¿La corrupción como política? ¡Ciudadanía y política contra la corrupción!

24/01/2013 08:35 CET | Actualizado 25/03/2013 10:12 CET

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Vista la virulencia de muchos de los comentarios en las redes sociales y en los diarios digitales, ¿es inútil insistir en que la náusea de la corrupción está trastornando la base de la democracia representativa en España, haciendo que "la política" y "los políticos" se hayan instalado en las encuestas como el tercer problema para los españoles?

He hablado y escrito durante años contra el mal infinito de la que he denominado política de la corrupción. He combatido esa podredumbre con todos los instrumentos a mi alcance; primero, como ciudadano, aun antes de comenzar mi actividad en política. Este compromiso no me impide -al contrario, me exige- refutar de nuevo aquí algunos lugares comunes que entorpecen el debate sobre la corrupción. Ni el "todos son iguales" -caldo del populismo y antesala del fascismo- ni tampoco el "y tú más" van a sacarnos de esta.

Comprimiré aquí algunas evidencias relevantes, que, sin embargo, nunca se subrayan lo bastante. Parte del problema reside en no denunciarlas con rotundidad. Primera: Digamos con claridad que la política de la corrupción dimana de una subordinación de los bienes públicos a una amplia panoplia de prácticas clientelares y prebendalistas que se halla ampliamente extendida, desde tiempo inmemorial, en los más diversos estratos de la sociedad española: no sólo en las instituciones, sino fuera de ellas. La detestable política de la corrupción se asienta, por tanto, no sólo en políticos corruptos, que provocan el hastío de la ciudadanía y de los políticos honestos. Descansa también en una pesada atmósfera que hace pasar por "natural" o por "inevitable" la incitación al delito, la coautoría, la complicidad y el encubrimiento de la corrupción pandémica. Este es el potaje social que sustenta la impunidad de una extendida plaga de pseudo "empresarios" corruptores sin los cuales no habría tantos corrompidos. La corrupción es biyectiva: no la hay ni la habría sin una malla social tan extensa como espesa de aliento a la corrupción. Y es contra ésta a la que hay que oponer un combate en toda regla -una genuina revolución ética y moral- desde la reivindicación de la ejemplaridad.

Segunda: la política de la corrupción se ha asentado en España también en la difusa sensación de impunidad que proporciona la ausencia de reacción suficiente contra ella por buena parte de la sociedad en las urnas. Esto es particularmente notorio en la base más rocosa del electorado más conservador: la evidencia empírica en España pone de manifiesto con claridad que buena parte del electorado de la derecha -en especial, del PP- simplemente no castiga la corrupción en absoluto, mientras buena parte del electorado de la izquierda simplemente no la perdona. Los votantes más conservadores propenden a la preservación de sus intereses por encima de los indicios clamorosos de enriquecimiento ilícito o deshonestidad de sus gobernantes. Ante la política de la corrupción buena parte de los electores progresistas propenden en cambio a la desmovilización, a la estampida, al espanto, cuando no al nihilismo. De modo que se da la paradoja de que la política de la corrupción, lejos de ser castigada en las urnas, se refuerza: son los votantes progresistas los primeros que se retiran de las urnas, de modo que si los conservadores no lo hacen o lo hacen en menor proporción, las mayorías absolutas de la corrupción absoluta salen más absolutas todavía: Baleares, Comunidad Valenciana, Murcia, Madrid, diputaciones gallegas, capitales levantinas, de la Costa del Sol, de Canarias.

Tercera: para la mayoría de los ciudadanos, ni la "Justicia", ni "la prensa" actúan de contrapoder con efectividad. A los ojos de muchos, la lentitud de la Justicia la hace patéticamente ineficiente frente a la corrupción. Para muchos ciudadanos, la alineación de los grandes medios de comunicación con el PP y con las posiciones ideológicas de la derecha, en todo tipo de formatos, hace que sus informaciones y sus líneas de opinión sobre la corrupción resulten a menudo "selectivas" y "sesgadas", cuando no subordinadas a intereses específicos pendientes de resolución por los mismos poderes públicos a los que se ataca o favorece por motivos poco transparentes.

En un artículo anterior aludí a mi experiencia de candidato en Canarias, con un compromiso rotundo contra tanta corrupción que ha producido en mi tierra estragos irreversibles al desprestigio de la política. Sufrí por exactamente ello -por mi determinación contra la corrupción- un hostigamiento sin precedentes por una parte importante del establecimiento empresarial canario, además de la de una buena parte de los medios de comunicación, acostumbrados a una aproximación a los políticos desde la expectativa de la obtención de favores y negocios alentados desde el dinero público. Lejos de combatir la corrupción donde quiera que surja, buena parte de ese conglomerado de poderes fácticos se ha acostumbrado a "ignorar", cuando no a encubrir, los signos externos de enriquecimiento ilícito de sus patrocinados políticos.

Este es el momento impostergable de leer enteramente y en serio la página de la corrupción. Pero para pasarla, hay que leerla. Y visto lo visto, no podemos fiarlo todo a la ley penal ni a la Justicia penal. Menos aún por supuesto a la ridícula y ofensiva tomadura de pelo de quienes nos dicen que "no les temblará la mano" y que la solución es "revisar sus propias cuentas" y que "¡todos podemos estar tranquilos!" ¡A pesar de que su tesorero haya llegado a acumular 22 millones de euros en cuentas opacas en Suiza y otros paraísos fiscales! (¿Hay alguien que pueda creerse que ningún profesional de las fechorías fiscales ponga todos sus huevos en la misma cesta, o deposite todo su patrimonio en una sola cuenta en Suiza? ¿Ni, menos aún, que la ponga a nombre de su Partido?)

Pero, tampoco una vez más, la demolición de la política nos va a sacar de ésta. No es verdad que el mal contamine toda "la política" y a "todos los políticos" por igual. Esa es exactamente la pretensión de la demagoga antipolítica, que empeora todos los males que deben ser combatidos.

Apuesto aquí como siempre por una apuesta política contra la corrupción, y hacer valer la política de la ejemplaridad contra la podredumbre de la política de la corrupción.

Se trata de formular, unas cuantas propuestas. El objetivo es instalar controles preventivos y externos, además de asegurar transparencia a todo trapo.

La creación del FBI en EEUU, como agencia federal especializada en la lucha contra el crimen organizado, supuso un antes y un después contra la corrupción. OLAF, la agencia europea contra el fraude, es una eficaz herramienta en el escalón europeo.

Ha llegado la hora de que se instituya en España una verdadera agencia federal contra la corrupción. Dadas las especificidades de la corrupción en entes territoriales y en los partidos políticos, es preciso establecer un efectivo control ex ante y ex-post de sus actividades y de los procedimientos de licitación pública. Y la creación de un cuerpo de interventores federales. No podemos soportar que las irregularidades se dilaten insoportablemente en el tiempo, con la connivencia de tantos actores, y sean solamente descubiertas cuando algún outsider rasga el velo.

Y medidas preventivas: la mejora de la transparencia en la Administración pública y la promoción de la cultura de la legalidad e integridad, tanto en el sector público como en el sector privado.

Y la exclusión normativa de la participación en licitaciones públicas de las que hayan sido objeto de una condenada definitiva por participación en alguna organización delictiva, en blanqueo de capitales, en actos de corrupción u otros delitos graves contra la Administración pública.

Y reforzar la cooperación con el sistema bancario y con los profesionales financieros en todos los Estados miembros, con la lucha contra los malditos paraísos fiscales, verdaderos agujeros negros donde se esconde lo expoliado de las arcas públicas.

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