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Defender los derechos europeos de los polacos es defender Europa

07/09/2017 08:19 CEST | Actualizado 07/09/2017 08:19 CEST
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El 28 de julio, la Comisión Europea ha iniciado formalmente un procedimiento de infracción contra Polonia. La reforma judicial recientemente adoptada por el ultraconservador Gobierno polaco bajo el liderazgo de Kaczynski y Szydlo (partido Ley y Justicia) engloba hasta cuatro leyes -de TC, del Poder Judicial, del Consejo Judicial y de la Escuela judicial- cuyo conjunto supone, a juicio de la Comisión, la voladura de todo vestigio de independencia judicial y del derecho al Juez predeterminado por la ley (Lawful Judge). Su resultado catapulta la potencial arbitrariedad del Ministro de Justicia en la promoción de jueces y en la asignación de casos en un modo incompatible con la separación de poderes y con la regla del Estado de Derecho tal y como la consagra el Tratado de Lisboa (TL) para el acceso a la UE ("Criterios de Copenhague") y para la adhesión a sus ordenamiento jurídico (art. 2 y 3 TUE).

De forma nada sorprendente, el sesgo conservador y autoritario del Gobierno polaco se ha cernido también sobre los medios de comunicación. Los medios públicos han quedado sujetos a un control político partidista férreo mientras que sobre los privados se ejercen presiones de diverso tipo con eficacia corrosiva. El objetivo, invariablemente, es estrechar los márgenes del pluralismo político y asfixiar cualquier atisbo de neutralidad o imparcialidad a la hora de informar acerca de la preocupación suscitada en toda la UE ante una deriva regresiva y antidemocrática -"iliberal", se autocalifica- que afecta no sólo a Polonia, sino que "recorre Europa", parafraseando a Marx, como un fantasma en que se cruzan los espectros del nacionalismo excluyente, el integrismo reaccionario y el populismo rampante. Todos ellos agitados en un cóctel explosivo de agitación y explotación de clivajes maniqueos que dividen y confrontan a sus propias sociedades sobre los ejes del miedo a la sociedad abierta, del rechazo al diferente y de la recuperación ensoñada de una soberanía asediada por barbarismos extranjerizantes... como las reglas de una UE cuya incorporación y acatamiento rubricaron esos mismos países hace todavía pocos años.

En todos los casos sometidos a examen, la Comisión de Venecia, el Comisionado de Derechos Humanos del Consejo de Europa, la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, y las respectivas Redes Europeas de Consejos Judiciales y de los Tribunales constitucionales, han activado las alarmas ante la acumulación de señales de retroceso y violación de los principios fundacionales de la construcción europea.

Un jalón álgido de tan inquietante secuencia lo señaliza la activación del "Mecanismo del Estado de Derecho", adoptado por la Comisión Europea en 2014 bajo impulso de la Comisión de Libertades, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo (PE) y convalidado por el Pleno. Estructurado en tres fases (diálogo e información, evaluación de respuesta y activación de sanciones) contempla, como último recurso, la aplicación de lo dispuesto en el art. 7 TUE: con mayoría cualificada, el Consejo y el PE pueden aprobar la retirada de los derechos de voto en el Consejo del país incumplidor, en la medida en que haya sido detectada una "violación grave y sistemática" de los principios de la UE.

Viene así a superarse el hasta entonces llamado "Dilema de Copenhague". Se alude con ello al contraste entre los niveles de exigencia de cumplimiento de los "Criterios de Copenhague" (estándares democráticos positivados en 1993 bajo Presidencia danesa), durante la fase de candidatura a una eventual adhesión, y la ausencia de instrumentos para "su evaluación continua" una vez ya en el Club.

La Comisión se ha conducido con prudencia ante los casos más notorios de flagrante desafío de las tradiciones y principios constitucionales comunes de la UE (Hungría, Polonia, República Checa... aunque no sólo). Pero está obligada sobre todo a actuar con contundencia en caso de que el país bajo examen desoiga con altivez y apueste por la confrontación cruda, no sólo con su retórica sino con sus actuaciones.

Este mensaje vale también para afrontar la continuada provocación secesionista de Cataluña. Su confrontación dolorosa con las reglas constitucionales -y con la seguridad jurídica- atenta contra los derechos constitucionales y europeos de los ciudadanía catalana, española y europea,

En el PE, los socialistas hemos urgido al Vicepresidente Timmermans a no achantarse. Es cierto que el art. 7 TUE -como el 37 de la Constitución Alemana o el 155 de la española ("cláusula de ejecución y coerción federal")- parece haber sido redactado para no tener que ser nunca aplicado. O así pensábamos hasta hace poco. Pero los hay que se esfuerzan sañuda y dolosamente por que suenen las campanas de la necesidad y la proporcionalidad... para presentar después, con hipocresía victimista, cualquier defensa obligada de la legalidad como "agresión" o "atropello".

A todo lo largo de la UE se multiplican los signos de que su crisis no fue nunca -como muchos advertimos desde el principio- meramente "financiera" o "económica". Ha sido -sigue siendo, y es- política, en toda la longitud y magnitud de este término: redefinición del paisaje y del lenguaje del poder, favoreciendo repliegues primarios y reaccionarios en un abanico de instintos que va desde la exigencia de "chivos" como falsos culpables hacia los que canalizar la "ira de la multitud", hasta la banalización de los discursos del odio y del rechazo al diferente, pasando por la respuesta simplona -invariablemente errónea- ante la complejidad.

Queremos que la Comisión actúe. Que responda con firmeza ante los Gobiernos que ignoran, conculcan o violan los derechos europeos de su ciudadanía. Pero luchamos sobre todo por una ciudadanía europea abierta ante la riqueza de las identidades compatibles. Y sensible ante la importancia crítica de los procedimientos, las formas, y las garantías de las minorías y de las libertades fundamentales. Violarlas sólo nos conduce al desmadejamiento de la convivencia, a la reanimación de los peores demonios que devastaron Europa y sus Estados nación, lo que quiera que éstos fueran en el pasado remoto o reciente hasta el presente.

Al defender la democracia, las reglas de juego y el Derecho, la UE no se defiende "a sí misma", como demagógicamente pretenden los que la desafían en un cínico driblaje que elude toda la responsabilidad de quienes desde el Gobierno embarcan a una sociedad entera en derivas insensatas por antidemocráticas. Se está defendiendo a la ciudadanía: 40 millones de polacos; 10 millones de húngaros, que son también europeos.

Y este mensaje vale también, especialmente, para afrontar la continuada provocación secesionista de Cataluña. Su confrontación dolorosa con las reglas constitucionales -y con la seguridad jurídica- atenta contra los derechos constitucionales y europeos de los ciudadanía catalana, española y europea, en la propia Cataluña.

Y desoír y desacatar no es "desobediencia civil". Como enseñó su precursor, Henry David Thoreau (de cuyo nacimiento se cumplen 200 años), ésta contestación busca optimizar valores y principios constitucionales asumiendo enteramente las consecuencias, por ello, del desacato a una norma que los viole o los subvierta. No asumir ninguna consecuencia ni responsabilidad, buscando la voladura de esos mismos principios, no es "desobediencia civil" ni "movilización": es atentar grave, dolosa y sistemáticamente contra el interés general y contra la Constitución y la legalidad, ley penal incluida. Ese, y no otro, es el supuesto -pensado para no aplicarse, salvo llegado el momento de su necesidad- prevenido en el art.155 CE.