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El futuro de Cataluña no está en el siglo XVIII, sino en el XXII

18/12/2013 07:02 CET | Actualizado 16/02/2014 11:12 CET

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El anuncio por parte de Artur Mas de su intención de convocar un referéndum de autodeterminación en noviembre de 2014 no puede ser despachado con brocha gorda ni sorteado con luces cortas. Sí, es la coronación de una hoja de ruta disparatada, pero el problema es real.

De un lado, las fuerzas que sostienen la Generalitat ganan tiempo útil en el corto plazo -para aprobar sus Presupuestos, más antisociales que nunca- y le aplican una vuelta de tuerca adicional a su victimismo ramplón ("en España no nos dejan decidir"). De otro lado, la derecha española instalada ésta hace tiempo en un constitucionalismo converso, con el que golpea en la cabeza a los irredentos, como si la interposición de recursos ante el TC (con su consiguiente efecto paralizador de la convocatoria) fuese una respuesta al problema. No lo es. Cuando nos despertemos, el dinosaurio continuará estando allí, y tendremos que afrontarlo.

No es verdad que la democracia consista en decidir sobre cualquier cosa, de cualquier modo, en cualquier momento. Sin reglas de juego para la convivencia, no hay decisión por mayoría que pueda ser aceptable: no lo será si viola los derechos de las minorías y de los ciudadanos; no lo será si viola la garantía de los derechos fundamentales en riesgo. Pero es democráticamente como tenemos que abordar y resolver este reto. El más grave pulso independentista al que hayamos asistido desde que hay democracia en España.

La independencia de Cataluña no debe ser decidida en una fractura binaria de la sociedad catalana. No es una confrontación de "Cataluña contra España", ni tan siquiera lo es "contra el resto de España". Es una confrontación entre catalanes: entre los que exaltan su identidad contra cualquier otra, y los que desean vivirla y disfrutarla en su compatibilidad abierta a otras identidades múltiples: territorial, nacional, europea, internacional y global.

¿Qué harán los independentistas para acomodar los derechos de quienes votasen que no a la/s pregunta/s que les fuerzan a escindir su identidad? ¿Qué harán los derrotados el día siguiente de la "consulta"? ¿Aquietarse, organizarse, resistir, contraatacar, emigrar, abandonar Cataluña o cambiar de pasaporte?

Las hechuras de la convivencia entre españoles y en España se enfrentan hoy a un desafío como no habíamos conocido y hay que rehacerlas. Reinventar la Constitución y el modelo de Estado es una tarea impostergable, requerida de estadistas de mirada larga, con una, visión histórica y un enorme sentido de la responsabilidad.

No es el momento de hacerse trampas en el solitario, ni de regates de cortísimo plazo. El PP y su mayoría absoluta pretenden explotar electoralmente su discurso hinchado de "unidad de España" como si bramarlo en plazas de toros disolviese o resolviese por sí solo el malestar real que ha ido acendrándose en buena parte de la sociedad catalana, que es una realidad plural y en conflicto consigo misma, como lo son todas las sociedades democráticas.

CIU, ERC -y con ellos buena parte de los medios de comunicación enfeudados en la regadera de la financiación institucional, más decisiva que nunca en la interminable crisis- pretenden seguir exasperando la confrontación ramplona como si la "estatalidad" inaugurase una "aurora dorada" en la que sólo por eso desaparecerían todas las desigualdades, ajustes de cuentas contra el Estado social, abusos de poder y corrupciones que se han exasperado -en Cataluña y en toda España- a rebufo de la crisis.

Este, es por el contrario, el momento de liderar en serio -con una política de Estado requerida de estadistas como la copa de un pino-, una gran operación de reforma constitucional que haga por fin y de una vez lo que no fue posible hacer hace 35 años, en 1978: constitucionalizar la estructura del Estado y reconocer en ella los hechos diferenciales y sus singularidades constitucionalmente relevantes. Hay que acomodar Cataluña en una España federal, con todos los catalanes y los demás españoles dentro de un proyecto común de convivencia con nuevas reglas de encaje (cláusulas identitarias, competencias, financiación) abiertas a la conjugación de una ciudadanía catalana, española y europea, comprometida con el mundo en la globalización.

¡El futuro no es el siglo XVIII, sino el Siglo XXII!

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