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La lección de los delitos de amianto que han quedado impunes

22/03/2015 09:52 CET | Actualizado 21/05/2015 11:12 CEST
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La publicación del 23 febrero 2015 de la sentencia del Tribunal Supremo italiano sobre los crímenes de amianto de la Eternit nos lleva a reflexionar sobre el estado de la ley y de la justicia en nuestra era tecnológica.

En 2012 el industrial suizo Stephan Schmidheiny fue condenado en Italia a 16 años de prisión por haber provocado dolosamente la enfermedad o la muerte de cientos de personas. Schmidheiny había causado esta tragedia exponiendo al amianto a miles de ciudadanos (exposición que hubiera sido fácilmente prevenible), dentro y fuera de su fábrica Eternit, situada en Casale Monferrato, en las cercanías de Asti (Italia Nordoccidental). Tras su apelación, la condena fue extendida a 18 años en 2013. Sin embargo, el 21 noviembre 2014, el Tribunal Supremo ha establecido que el señor Schmidheiny es culpable, pero no condenable, porque la fábrica Eternit de Casale Monferrato fue cerrada en 1986 y tales delitos han prescrito después de doce años. Este es un plazo sumamente breve, especialmente si tenemos en cuenta que las enfermedades y los fallecimientos causados por la Eternit en Casale seguirán todavía produciéndose durante mucho tiempo.

La sentencia del Tribunal confirma que el sistema jurídico italiano -como ocurre en muchos otros países- no cuenta con instrumentos de detección ni de acción para afrontar daños a largo plazo en la salud y el medio ambiente. Esto también ocurre porque la sociedad industrial no se ha preparado aún para afrontar los riesgos y daños a largo plazo de algunas actividades humanas. A menudo se han aplicado las nuevas tecnologías, obteniendo indudables beneficios a medio plazo, pero sin ser capaces ni preocuparse de examinar los posibles riesgos y daños a largo plazo que éstas provocarían a la salud y al medio ambiente. La siguiente secuencia se ha producido con frecuencia en la historia reciente del desarrollo tecnológico con los efectos de un producto: primero, no saber (o no querer saber); a continuación, poner en duda los nuevos conocimientos; después, negar la propia responsabilidad; finalmente, combatir en los tribunales y procurar retrasar los procesos, casi siempre con éxito.

Los efectos mortales del amianto se conocen por lo menos desde 1898. Desde hace más de medio siglo, sabemos que se manifiestan decenios después de la exposición. Por esta razón, hoy no se puede hablar de "víctimas del amianto," sino solo de víctimas de los productores de amianto. Y sin embargo, nadie es formalmente culpable de la mayoría de los 100.000 muertos que cada año se pueden atribuir al amianto en el mundo. Incluso cuando los responsables son declarados culpables, la mayor parte no son perseguibles. Por si fuera poco, en el caso de los riesgos a largo plazo para la salud, ocurre muy a menudo que los productores utilizan con éxito cualquier medio posible para demorar decenios las restricciones, prohibiciones o condenas por sus actividades dañinas. Esta situación se repite una y otra vez en la defensa de muchos intereses industriales, como por ejemplo, en los casos del tabaco, de los combustibles fósiles, o de productos farmacéuticos como la talidomida, el somnífero que en los años cincuenta produjo el nacimiento de 10.000 niños con graves malformaciones.

Nuestra cultura anhela descubrimientos científicos que se transformen rápidamente en nuevos productos y ganancias. Cuando, sin embargo, la ciencia descubre riesgos y daños, previamente desconocidos, que exigirían restricciones o prohibiciones urgentes, pueden transcurrir decenios antes de que se reaccione seriamente. En el caso del amianto, este retraso negligente ha causado y continúa causando millones de fallecimientos fácilmente evitables. Muchos gobiernos han prohibido el amianto, y existe una campaña internacional que exige su desaparición. Así y todo, cada año se siguen produciendo 2 millones de toneladas de amianto que, por ejemplo, en 2009 se distribuyeron entre Rusia (50%), China (14%), Brasil (13%), Kazajstán (11%), y Canadá (9%).

Entre los daños a largo plazo a la salud, los producidos por el amianto constituyen un caso raro, donde es posible fundamentar sólidamente el procedimiento penal. En efecto: el tumor mortal mesotelioma está causado casi exclusivamente por el amianto, como si fuera una "huella digital del asesino". En cambio, para muchas otras tecnologías que pueden dañar la salud y el ambiente a largo plazo, la relación entre la causa y el efecto nocivo se determina estadísticamente, y por ello no siempre resulta incontrovertible ante los tribunales -sobre todo cuando el acusado se puede permitir los mejores abogados.

Muchos casos históricos semejantes al del amianto han sido descritos en

Lecciones tardías de alertas tempranas, dos informes de la Agencia Europea de Medio Ambiente, EEA, de 2001 y 2013). Revelan casi siempre dos factores: la falta de voluntad o la incapacidad de prevenir, y un retraso doloso en la adopción de medidas preventivas.

Desde siempre, el hombre ha alterado el ambiente que lo rodea. Sin embargo, sólo recientemente la escala del impacto nocivo de algunas actividades se ha extendido al planeta entero y a toda su población. Esta nueva condición antropológica ha sido descrita por Paul Crutzen, premio Nobel de Química, con el término Antropoceno. Con éste se refiere a la era geológica que comenzó hace aproximadamente un siglo en la cual la acción del hombre está transformando la faz de la Tierra a corto plazo; al menos, más de lo que la trasforman las fuerzas geológicas de la naturaleza.

Con un poco de suerte y con la laboriosa construcción de consensos internacionales se ha logrado obtener la restricción o la prohibición de algunas sustancias y actividades nocivas. Por ejemplo, para algunos compuestos químicos que dañan la capa de ozono (por ejemplo, los compuestos clorofluorocarbonados CFC), algunos pesticidas clorurados (por ejemplo el DDT) y algunos productos químicos industriales (por ejemplo, los PCB -bifenilos policlorados-). Pero todavía no se ha logrado lo mismo para otras actividades dañinas. La emisión de gases de efecto invernadero -sobre todo anhídrido carbónico y metano- sigue creciendo, con probables efectos dramáticos sobre el clima planetario. Continúa sin restricciones el vertido al mar de diez millones de toneladas de desechos plásticos cada año. En medio de los océanos se han descubierto islas flotantes de pequeños detritus plásticos, formadas por las corrientes, que cubren millones de kilómetros cuadrados. La fracción pulverizada de estos plásticos ya se ha extendido por todos los mares, con consecuencias desconocidas. Se trata de un fenómeno irreversible, porque no podemos filtrar todo el océano.

Esta nueva condición humana requiere una nueva ética de la responsabilidad hacia las generaciones futuras, como afirmara el filósofo Hans Jonas en su libro Principio de responsabilidad. Una ética para la sociedad tecnológica (1979). Lo mismo vale para la ley. Desde hace miles de años, las leyes penales han sido concebidas para sancionar las ofensas que unos pocos individuos cometan contra otros pocos, cercanos en el espacio y el tiempo. Pero hoy, las leyes actuales no son adecuadas para afrontar los riesgos y daños a largo plazo que se derivan de las nuevas tecnologías.

Nuestra capacidad de previsión se ha quedado pequeña ante nuestra moderna capacidad de actuar, sostenía el filósofo Günther Anders en su obra principal El hombre está anticuado. Sobre el alma en la era de la segunda revolución industrial (1956). Y por esta razón también "la justicia está anticuada". La sentencia del Tribunal Supremo italiano sobre los crímenes de amianto lo confirma. Cabe señalar que el vicepresidente honorario del Tribunal, el magistrado Amedeo Postiglione, es el artífice de la Fundación para un tribunal ambiental internacional (IECF), que se propone extender en el espacio y el tiempo las responsabilidades penales derivadas de delitos ambientales. El Tribunal Supremo italiano ha dictado la anulación de la condena a Schmidheiny, no por incomprensión de la dinámica de los eventos, sino porque sostiene que la ley actual no le permite dictaminar de otro modo.

Nuestra desolación por la impunidad de los crímenes de amianto de Casale Monferrato nos debería estimular a aprender esta amarga lección, para aplicar sus enseñanzas urgentemente al tratamiento jurídico de los efectos a largo plazo de las tecnologías nocivas. Este es el mejor modo de honrar a los millones de muertos, pasados y desgraciadamente futuros, víctimas de los productores de amianto y de otros desastres prevenibles, perpetrados por quienes logran eludir, técnica y legalmente, la acción de la justicia.

Este texto fue publicado inicialmente en la versión italiana de El Huffington Post y ha sido traducido por Fernando Sanchez-Amillategui

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