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Maternidad y paternidad, una cuestión de igualdad

07/11/2013 07:50 CET | Actualizado 06/01/2014 11:12 CET

España tiene una de las tasas de natalidad más bajas de la Unión Europea. Este es un dato poco prometedor para el futuro de nuestra sociedad, pues una tasa de fecundidad como esta, inferior a 2,1 hijos por mujer (fecundidad de reemplazo), no garantiza una pirámide de población estable.

El descenso de la natalidad en España acaba generando una disminución de ingresos que repercute negativamente en la sociedad, por lo que no es un tema baladí. Además, desde una perspectiva puramente economicista, teniendo en cuenta el coste años/vida de la media de los ciudadanos, resulta muy rentable abordar seriamente esta cuestión.

Pero, antes que nada, se trata de una cuestión de derechos. Un Gobierno responsable debe garantizar y velar por los derechos de todos los ciudadanos por igual.

Justo lo contrario de lo que está haciendo el Gobierno presidido por el señor Rajoy, que se encuentra muy lejos de impulsar medidas que ayuden a conciliar la vida familiar y laboral, por ejemplo, mediante la creación de guarderías y colegios públicos, el apoyo económico a las familias que tienen hijos, la supresión de trámites burocráticos muy entorpecedores en los procesos de adopción, etc.. Esta es la fatídica realidad con la que se encuentran hoy en día millones de españoles.

Pese a todas las dificultades, son muchas las mujeres que desean ser madres, si bien no todas se encuentran en condiciones de conseguirlo de manera natural. Hasta el momento pueden acudir al sistema público de salud para poner remedio a esa situación. Pero, actualmente, el Ministerio de Sanidad está barajando la posibilidad de limitar la inclusión de los tratamientos de fertilidad en el sistema público de salud exclusivamente a mujeres que tienen problemas biológicos para quedarse embarazadas. Esto supondría arrebatar este derecho a mujeres solteras y parejas de mujeres que, pese a no tener ningún problema biológico, no pueden, sin embargo, culminar ese proceso con éxito.

Ser madre es un derecho básico del que no podemos privar a nadie por razón de su estado civil u orientación sexual. A expensas de ver cómo acaba finalmente el proyecto gubernamental, los datos de que disponemos hasta el momento ponen de relieve que la iniciativa anunciada puede provocar graves desigualdades, por lo que cabe dudar con motivos de su constitucionalidad.

En España un 1% de los nacidos son concebidos mediante tratamientos de reproducción asistida. Si nos comparamos con nuestros vecinos europeos, podremos apreciar que, en este terreno, vamos por delante; nuestro país es, en efecto, uno de los pocos que actualmente incluye en el sistema público de salud tratamientos de reproducción asistida para todas las mujeres, sin exclusión de ningún tipo por razón de orientación sexual o estado civil de la mujer.

En Italia la procreación médicamente asistida no es un método alternativo al natural, sino que es el último recurso terapéutico contra la esterilidad. Tanto es así que solo permite el uso de gametos de la pareja, excluyendo la posibilidad de la donación. Este tratamiento está destinado a mujeres casadas o que no estando casadas vivan con un varón; es decir, quedan excluidas como usuarias de las técnicas de reproducción humana asistida las mujeres solteras, las viudas y las parejas formadas por dos mujeres. Lo mismo ocurre en Suiza.

En Alemania, al estar prohibida la donación, sucede algo parecido, de modo que hay mujeres que por pertenecer a ciertos colectivos tienen graves dificultades para quedarse embarazadas.

Por su parte, en Francia la procreación artificial está destinada a responder a la demanda parental de una pareja, y tiene por objeto remediar la infertilidad cuyo carácter patológico haya sido médicamente diagnosticado. Es condición obligada hacerlo con gametos procedentes de, al menos, uno de los miembros de la pareja; por tanto, solo se permite la fecundación heteróloga. Hasta la aprobación de la ley de matrimonio igualitario, en Francia solo se reconocía como madre a la mujer que dio a luz al bebé, otorgándole los derechos vinculados a esta situación. Tras la aprobación de esta ley se le otorgan los mismos derechos sobre el recién nacido a la segunda mujer. Por lo que se refiere a las mujeres sin pareja o viudas, la reproducción asistida no está permitida.

En Reino Unido sucede algo muy curioso: dado que la donación no es anónima, el número de donantes es muy bajo, ya que cuando un niño concebido por técnicas de reproducción asistida con semen donado cumple los 18 años puede buscar y encontrar al padre biológico.

A la vista de estos datos, podemos fácilmente constatar que España es un claro referente en esta materia, de ahí que sean numerosos los ciudadanos europeos y de otros continentes que acuden a nuestro país en busca de una solución para hacer realidad su deseo de formar una familia, ya sea esta convencional, monoparental o formada por una pareja del mismo sexo.

En la actualidad, nuestro Sistema Nacional de Salud cubre gratuitamente las técnicas de reproducción asistida a mujeres hasta los 38-40 años, dependiendo de cada Comunidad Autónoma, pese a que la media de edad fértil de las mismas, según el último congreso de la Sociedad Española de Fertilidad, se sitúa en torno a los 50. Asimismo, también comprende los tratamientos para mujeres que anteriormente se habían realizado una ligadura de trompas y hombres que habían optado por la vasectomía. Al parecer, la intención del Ministerio de Sanidad es sacar del sistema público también a estos colectivos.

De prosperar esta idea del Gobierno, se produciría un importante cambio en el criterio de inclusión en el sistema público de salud, del que quedarían fuera mujeres no diagnosticadas de ninguna patología para quedarse embarazadas, pero que, sin embargo, no podrían conseguirlo de forma natural, o bien por carecer de pareja masculina o bien por razón de su orientación sexual (lesbianas y bisexuales).

Hay que poner de relieve una paradoja que afecta a la no discriminación por razón de estado civil u orientación sexual: en la actualidad las parejas formadas por dos mujeres, sean lesbianas o bisexuales, al igual que las mujeres solas, tienen más facilidades para ser madres biológicas que las que tienen para ser padres las parejas formadas por dos hombres o un hombre solo. Estos últimos solo podrían tener hijos o bien por la vía de la adopción o bien acudiendo a países en los que la paternidad mediante gestación subrogada esté permitida.

Pese a que España, como hemos visto, es probablemente el país con la legislación más avanzada en materia de reproducción asistida, no se baraja, sin embargo, la posibilidad de modificar la ley para incluir la técnica de la gestación subrogada como opción legal para ser padre y/o madre. La política de recortes que caracteriza al actual Gobierno conservador nos permite presumir que la lucha por la legalidad de otra técnica que permite a muchas familias cumplir el sueño de ser padres o madres, familias compuestas por uno o más miembros, va a ser, si cabe, más complicada.

Por fortuna, algunos trámites necesarios tras la gestación subrogada se vieron modificados en 2010, año en el que se aprobó que las personas que habían conseguido la paternidad por esta vía pudieran inscribir a sus hijos en el registro civil como hijos suyos con nacionalidad española, pudiendo estos disfrutar así de las ventajas propias de cualquier ciudadano.

Habremos de estar muy atentos para ver cómo evoluciona el proyecto gubernamental. Pero el objetivo está claro: no podemos permitir el recorte de prestaciones en el Sistema Nacional de Salud en ningún ámbito, tampoco en el de la reproducción asistida, pues lo que está en juego es la igualdad real de todas las mujeres y hombres a la hora de ser madres o padres, con independencia de su estado civil u orientación sexual.