La decepcionante acogida que mostró el lunes el mercado al paquete de rescate de los bancos españoles sirve para recordar a las autoridades europeas algo con lo que están más familiarizados quienes han gestionado crisis de deuda soberana en los países emergentes: cuanto mayor es la erosión de la credibilidad de los responsables políticos, más difícil es lograr que el sector privado invierta en sus proyectos.

Como consecuencia, unas medidas estratégicas aparentemente audaces para obtener grandes cantidades de capital privado consiguen, por el contrario, facilitar su huida. La solución no es hacer menos, sino actuar de forma más integral y coherente.

Sobre el papel, el paquete español parecía magnífico. Con una suma de hasta 100.000 millones de euros, era mucho más amplio de lo que predecían los diversos cálculos sobre el agujero de los bancos españoles (entre 10.000 y 90.000 millones de euros; el FMI se inclinaba más bien hacia la primera cifra).

Se aprobó a toda prisa un sábado. Y, con su diseño, pretendía evitar varias de las características que han colocado a los otros tres países rescatados (Grecia, Irlanda y Portugal) bajo la tutela casi permanente del Estado europeo.

Después de un buen recibimiento inicial, los mercados en su conjunto empezaron a rechazar el rescate bancario español por insuficiente y mal diseñado. Lo más preocupante es que los diferenciales de rentabilidad y las primas de riesgo de la deuda soberana española terminaron el lunes en un nivel más alto que antes del anuncio de otro costoso rescate bancario.

Además de aumentar el coste de los empréstitos -en lugar de reducirlo-, esta circunstancia envió un mensaje muy negativo sobre la eficacia de la política emprendida. Y, para empeorar aún más las cosas, tuvo repercusiones negativas en otros bonos soberanos europeos vulnerables o con posibilidades de ser vulnerables.

Existen motivos válidos para la decepción de los mercados. El paquete no rompe el vínculo, cada vez más problemático, entre el débil sector bancario español y su deteriorada solvencia soberana. Todavía hay demasiados detalles de funcionamiento que siguen siendo confusos; así como interrogantes sobre la situación jerárquica de los inversores actuales. Y la reacción de los bancos españoles, que al parecer vendieron parte de sus títulos de deuda oficial, contribuyó a la incertidumbre.

Todas estas preocupaciones son legítimas, pero no explican la dimensión de la venta de activos financieros fundamentales. De hecho, la acción del precio indica que los mercados, en general, están perdiendo confianza en las medidas políticas, y cada vez de forma más acelerada.

En tales circunstancias, en vez de animar al sector privado a que coinvierta junto con el público, se considera que la provisión de fondos oficiales está facilitando su retirada. A su vez, eso sirve para agravar la implosión económica e incrementar el desempleo; también hace que sea más difícil defender los rescates bancarios, tanto desde el punto de vista político como en otros sentidos.

Este círculo vicioso es conocido para quienes vivieron las crisis de la deuda de las economías emergentes en los años ochenta, noventa y primeros de este siglo. Cuanta más confianza pierde el sector privado en las medidas políticas, más difícil es que dichas medidas estabilicen la situación, por no hablar de controlarla. A medida que se acelera el apalancamiento del sector privado, los retos políticos, que ya eran bastante serios, se vuelven casi insuperables.

Esta desafortunada realidad tiene dos consecuencias inmediatas para Europa a la hora de gestionar la crisis, en relación con el qué, el cómo y el cuándo.

En primer lugar, los Gobiernos deben recurrir cuanto antes a medidas políticas que partan de un diagnóstico y una perspectiva más integrales sobre la enormidad de los problemas. La semana pasada, en mi artículo para The Financial Times, detallaba en qué consistiría esto en el caso concreto de España. Y lo que anunciaron los ministros europeos de Finanzas el sábado es demasiado parcial en comparación con esas sugerencias.

Segundo, las autoridades políticas deben dejarse de evasivas sobre el "plan B". Cuando la credibilidad política es escasa, el principio tradicional de seguir insistiendo en que no hay ningún "plan B", para evitar más agitación, no sirve. Es más, si no se habla claramente del "plan B", el sector privado aumentará de forma considerable sus mecanismos de seguridad y extenderán un contagio técnico, lo cual acabará agrandando el agujero que afronta el sector público.

Las autoridades europeas deben tener muy en cuenta la reacción de los mercados el lunes, en especial los líderes de los cuatro grandes (Francia, Alemania, Italia y España), que tienen previsto reunirse antes de la cumbre de finales de mes. La hora de las reacciones políticas parciales ya ha pasado. Hay que tomar ya decisiones difíciles, y no solo sobre países concretos sino sobre la composición y el funcionamiento de la eurozona en su conjunto.

A los políticos les queda aún algún tiempo para recuperar el control. Pero no mucho.

Mohamed El-Erian es consejero delegado y codirector de sistemas de la gestora mundial de inversiones PIMCO.

Artículo publicado también en la edición estadounidense y en CNBC.com.

Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia.