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Independencia con freno y marcha atrás

No fue una sesión histórica, sino rocambolesca

10/10/2017 23:59 CEST | Actualizado 10/10/2017 23:59 CEST
EFE

Al final, el instinto de supervivencia se impuso. El president Puigdemont dio un paso atrás y, en un galimatías político/jurídico que dejó atónita a una audiencia global, suspendió la proclamación de la República catalana en base a los resultados del referéndum del 1-O. Eso sí, lo hizo de una manera tan rocambolesca que los cientos de miles de concentrados en torno al Parlament ni protestaron: solamente abandonaron con decepción las calles. Les habían birlado la noche histórica.

Eso sí; hubo un papel firmado. Una declaración política -que no parlamentaria- de independencia, y Els Segadors, todo desprovisto de la solemnidad que se esperaba en un gobierno tan fino en las puestas en escena.

Veamos: la CUP está que trina, y exige ahora un plazo para la-suspensión-de-la-no-proclamación. Sin su apoyo, el govern tiene los días contados, y las elecciones que han pedido Ciudadanos y el PSC podrían estar a la vuelta de la esquina. Sería la salida más razonable: votar, como reclaman de manera masiva los catalanes, con garantías constitucionales. Con urnas transparentes, un censo real y seguro, con apoderados que garanticen el proceso y una junta electoral que ratifique los resultados. Todo de lo que ha carecido el simulacro de referéndum del 1-O.

Pero el gobierno ha decidido no esperar más. Hasta ahora, Rajoy había aguantado inmensas presiones para actuar con mayor contundencia: sólo hay que repasar los despectivos epítetos que le están dedicando en la prensa supuestamente afín. El fuego amigo, ya se sabe, es el más peligroso, y finalmente el gobierno va a lanzarse mañana -en la reunión extraordinaria del consejo de ministros- a aplicar el artículo 155 de la Constitución y/o la Ley de Seguridad y/o todas las demás herramientas de las que legítimamente dispone un gobierno.

Puede que no haya otra salida: el rey ya ha comprometido su palabra en la defensa del Estado a costa de ahondar la distancia con una parte importante de la sociedad catalana, que unos días le pita y otros le exige mimos. El próximo jueves, 12 de octubre, se celebrará la fiesta nacional, ahora rebautizada como el Día del Orgullo de ser español. En 2005, el entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero recibió una sonora pitada durante la celebración, algo que se repitió con intensidad diversa todos los años que fue presidente. ¿Se imaginan el bochorno de un Rajoy, junto a los reyes, recibiendo un tratamiento similar, en pleno resurgir del nacionalismo español? No way.

Así que el gobierno se lanza a restituir la legalidad, claramente violada por el gobierno catalán, justo cuando Puigdemont daba señales de debilidad. Su oferta de diálogo, por muy impostada que sea, es una señal de que el gobierno catalán ha escuchado las voces desde Europa que le ruegan que ponga freno a esta sinrazón si realmente aspira a mantener un mínimo crédito internacional. A la eslovena, o como convenga. Confiemos en que Rajoy haya escuchado también a quienes le piden mesura. La mano dura no conseguirá ahogar los legítimos deseos de autodeterminación de la mayoría de los catalanes.

Mientras, Cataluña sufre. Se van sus bancos y empresas-bandera, y las que no pueden huir, las más pequeñas, sufren aún más. Los ahorros y los fondos huyen ante la incertidumbre, y el boicot a los productos catalanes siembra de nubarrones una economía que empezaba a recuperar fuelle. Las burbujas hipnotizantes del sueño independentista exprés se desvanecen, y dan paso a una resaca atroz.

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