Era cuestión de tiempo que la tensión social que estamos sufriendo por la crisis económica y las fallidas recetas para acabar con ella terminara por cristalizar y esclerotizar el armazón político que se ha ido construyendo en España desde la muerte de Franco en 1976.

Este pasado sábado, RNE emitió el documental de Germán Sánchez "Santiago Carrillo: del puño cerrado a la mano tendida", un formidable ejercicio de memoria basado en una larga entrevista al líder comunista. De su mano recorrimos la historia del siglo XX en España y en Europa, que culminaba con su valioso análisis de la Transición y del papel sorprendente y definitivo que jugó el entonces príncipe Juan Carlos, hasta entonces considerado un títere del régimen, sin carácter ni inteligencia política. La visita que el ahora Rey hizo el martes al domicilio de Carrillo, muy poco después de conocerse la noticia de su muerte, iba más allá de un gesto de cortesía: era el adiós y el reconocimiento de un monarca al hombre que, como otros de su tiempo, tuvo que hacer inmensas concesiones políticas para que la reinstauración de la democracia en nuestro país fuera posible.

Ese esfuerzo común fue bautizado como el espíritu de la Transición: obviamente no fue un proceso perfecto, pero sí consiguió transformar una situación política que parecía inmanejable en la base de nuestra actual democracia. Ahora, los embates de la crisis económica están provocando tal temblor que es en Cataluña donde las grietas amenazan por convertirse en brechas insalvables. Ni las posiciones férreas de unos ni las declaraciones maximalistas de otros van a ayudar a encontrar salidas razonables para la crisis institucional que se avecina. Y Europa debería tomar nota de que buena parte de los los problemas "internos" que afrontan sus estados miembros tienen sus raíces en una gestión muy poco valiente y decidida de la crisis económica.

Porque no es posible desligar lo que ocurrió en la última Diada y el impulso renovado del independentismo catalán con el malestar social que están causando los recortes sociales. Esta semana pasada hemos conocido dos estudios muy distintos que señalan un mismo problema: el grave deterioro de las condiciones de vida para las clases bajas y medias. En Reino Unido, y difundido por The Observer, un estudio de la Resolution Foundation estima que en los próximos ocho años la brecha de la desigualdad entre los más pobres y los más ricos va a ir ensanchándose, incluso si la economía vuelve a crecer a un ritmo estable, con una pérdida del 15% de los ingresos para las rentas más bajas.

En Madrid, Cáritas ha hecho público su VII Informe del Observatorio de la Realidad Social, según el cual el número de personas que atiende esta organización ha aumentado en un 174,5% desde 2007; un 43% son ahora españoles -frente al 90% de inmigrantes hace una década-, y la asistencia a necesidades básicas como alimentos, vestimenta, medicinas o vivienda supera ahora los 37 millones de euros y no deja lugar a otros programas. Juan José López, uno de los autores del informe, contaba al Huffpost que comienzan a tener una seria limitación para atender todas las demandas que reciben, ya que las instituciones públicas han hecho recaer sobre organizaciones como Cáritas la asistencia social.

El riesgo de desintegración social es, con diferencia, la amenaza más grave a la que nos enfrentamos, y evitarla debería ser la prioridad número uno de nuestros políticos. La tentación de canalizar el descontento hacia otros objetivos, por muy legítimos que sean, no ayuda a encontrar el camino de salida a la endiablada situación que nos está tocando vivir.

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