Mientras Mariano Rajoy deshoja la margarita sobre si dar luz verde o no a que el Parlamento investigue el caso Bankia -lo que parece inaplazable, después de la imputación a los 33 consejeros de la entidad a raíz de la querella presentada por UPyD-, la actuación del Gobierno de Cameron y el Parlamento británico sobre el escándalo de la manipulación del Libor nos deja boquiabiertos por su celeridad. Esta pasada semana, un día después de dimitir, el consejero delegado del Barclays, Bob Diamond, comparecía en la Cámara de los Comunes para explicar cuál fue su papel en los tejemanejes del banco. Lo de menos -por obvio- es que Diamond se mostrara escandalizado por lo que, a su juicio, fueron prácticas reprochables de unos cuantos brokers; lo relevante es que durante tres horas tuvo que someterse al interrogatorio de los diputados.

"Amigo, te debo una"; "Pásate un día después del trabajo y abrimos una botella de Bollinger"; "Por ti, cualquier cosa", decían los emails de los empleados de Barclays que certifican con qué descaro y falta de escrúpulos se manipulaba el Libor -la tasa de interés de referencia en los mercados del Reino Unido, similar al Euribor- bien para aumentar sus beneficios, bien para calmar los rumores sobre una posible falta de liquidez del banco: Diamond dijo que no tenía ni idea de lo que ocurría bajo sus narices, y que leer estos emails le ponía "físicamente enfermo". Los clientes de Barclays que tienen sus hipotecas y préstamos referenciados al Libor sí han debido de enfermar al saber que una botella de champán, por muy exclusivo que fuera el cuvée elegido de la Maison Bollinger, era suficiente para cerrar el trato. El escándalo es mayúsculo porque posiblemente haya más bancos afectados, y porque, en el fondo, lo que se pone en duda es la credibilidad de todo el ecosistema bancario de la City y el papel de los reguladores.

El caso Bankia es distinto, pero la desconfianza y el descrédito que genera resulta igualmente dañino y peligroso para el sistema. En el mismo momento en el que se tiró de dinero público para acudir a su rescate se tendría que haber facilitado desde el Gobierno y la mayoría parlamentaria que lo sustenta la comparecencia de sus responsables, con mayor motivo al estar presidido y formado su Consejo de Administración por una mayoría de personas cercanas al PP, como Rodrigo Rato. El hecho de que haya otros consejeros designados por PSOE, IU o Comisiones Obreras hace más necesaria aún esa comparecencia para evitar una imagen penosa de corporativismo. La misma regla de tres se aplica al papel, en este caso por omisión, que jugó en Bankia el Banco de España y su gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez. De paso, y aunque no sea competencia directa suya, no estaría mal escuchar alguna explicación de por qué se permitió la comercialización de las acciones preferentes en las que se han visto atrapados casi un millón de ahorradores; muchos de ellos, mayores de 65 años convencidos de que ponían su dinero en un depósito seguro a plazo fijo, en vez de estar invirtiendo sus ahorros en un producto de algo riesgo, sin la cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos.

Los políticos llevan tiempo en la lista de lo que los españoles califican de sus peores preocupaciones, pero el último barómetro del CIS revela algo más: de manera espontánea, y por primera vez en su historia, los ciudadanos ven a los bancos como un problema (un 8,2%), por delante de ETA, la educación, la inmigración, la vivienda o los propios recortes del Gobierno. Si no quieren seguir perdiendo credibilidad a chorros, es a la clase política, pero muy especialmente al PP, a quien le toca ahora dejar de mirar hacia otro lado, mover ficha y recuperar ante los ciudadanos la iniciativa de pedir explicaciones en sede parlamentaria por la gestión de Bankia. La noticia no sería de las que invitan a brindar con Bollinger, pero al menos ayudaría a devolver a la ciudadanía parte de la confianza perdida.

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