El Ejecutivo de coalición, con apoyo de casi todos los partidos y movimientos progresistas, defendió las enmiendas para actualizar la Constitución de 1937 a fin de eliminar las referencias consideradas anticuadas, discriminatorias y sexistas.
Los altercados han provocado el cierre de varias calles de la capital, así como la suspensión de algunas rutas de servicios públicos de autobús, ferrocarril y tranvía.