El tribunal cree que la Generalitat "no contribuye a argumentar por qué considera que con el fallo se están violentando los derechos de los alumnos y profesores".
Las familias demandantes señalaban que el uso vehicular de castellano y catalán “no es conforme” con el artículo 3 de la Constitución y el Estatut de Cataluña.
La presidenta del 'parlament' mantuvo varias conversaciones con un funcionario de la institución cultural que presidía y por la que está bajo investigación.
Se aprobará esta semana para cumplir con la sentencia del Tribunal Supremo, que da hasta el 31 de mayo para que el 25% de la enseñanza sea en castellano.