Alabo la gestión mediática de crisis que el Ministerio del Interior ha montado a costa de lo que parece ser un error inexcusable de la policía científica. Sobre todo porque ha soltado al ruedo de los medios más canallas al jefe de la investigación policial quien, amparado por el hecho de que él se encarga de perseguir a los malos y no de ponerse tras un microscopio, no contesta a la pregunta que todos nos hacemos.

Y la patóloga, ¿qué explicación científica da a su más que imperativa, mayestática conclusión de que los restos eran de rata? Silencio sepulcral en lo que es el nudo gordiano del problema. ¿Cuántas veces los abogados hemos asistido a clientes sin medios, ni económicos ni de comunicación adosados, que no han podido defenderse de resultados tan categóricos como el que nos ocupa, ratificados entre la indolencia y la chulería por el perito de la policía mediante videoconferencia? ¿Cuántas veces hemos intentado que informen de su metodología, de los procedimientos empleados, de la técnica aplicada y cuántas veces nos han contestado con el consabido "Sr. Letrado, todo está en mi informe y ya me he ratificado en él"?

No suele ayudar en estos casos que el juicio sea del montón y que al juez no le apetezca permitir una línea de interrogatorio cuando ya ha decidido que lo que vale es lo dicho por el perito de alguna de las instituciones públicas del ramo o de la propia policía judicial.

Tampoco ayuda que en este país pueda ser perito cualquiera. Se apoyan en asociaciones o colegios profesionales o en formaciones técnicas o de postgrado, o en lo que dice el propio perito de sí mismo. Por ejemplo, sólo de manera reciente se vienen dando títulos técnicos en universidades privadas en, por ejemplo, grafología, y todos los días desde hace décadas se vienen haciendo periciales grafológicas y se toman decisiones judiciales basadas en sus resultados. Antes de que el cuerpo de grafólogos se me eche encima para sepultarme entre datos científicos acreditativos de su pericia, quede claro mi respeto a su labor a la que acudo cuando es necesario con excelentes resultados. Pero ello no obsta para que haya buenos y malos peritos de todo tipo, como en todo, pero en este caso sin que se haya establecido qué capacitación, formación continua y control profesional o certificación por terceros hayan de pasar. En muchos casos solo hay que apuntarse a una lista.

Así las cosas no es de extrañar que si no tienes como perito de parte a un premio Nobel o a un científico de renombre universal, en los pleitos penales el peso de la pericial pública sea, casi siempre, abrumador. Todo un panorama dado que, a la vista está, dictan sentencias categóricas pero se equivocan como todo el mundo sin que sepamos, y ahí es lo grave, cuándo ni por qué.

Mientras el comisario nos entretiene para alejarnos de esta cuestión y, de paso, del rescate y las arritmias de la prima de riesgo, nadie plantea lo evidente: que necesitamos una ley de pruebas, unos procesos y procedimientos normalizados y generalmente aceptados, públicos y sujetos a escrutinio, que los laboratorios sean realmente independientes, que las defensas o las acusaciones particulares puedan designar un perito que esté presente en la realización de los análisis, que los peritos estén acreditados, tanto los públicos como privados, por organismos independientes y que lo de la cadena de custodia no sea una filfa.