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Lo que yo sé de Abengoa

28/11/2015 10:05 CET | Actualizado 28/11/2016 11:12 CET

Abengoa, la multinacional española de tecnología y energías renovables, desembarcó en Nueva York para hacer "tocar la campana" de su salida a bolsa. Eligieron el Nasdaq y allí nos reunimos todos los periodistas especializados con los Benjumea, sus mujeres y el entonces Consejero Director General para las operaciones en Estados Unidos, Manuel Sanchez Ortega.

Fue el principio del fin. Era octubre del 2013. Cuando uno sale a cotizar en Estados Unidos se queda desnudo. Y más vale que lo sepa, porque aquí las agencias de calificación y los brokers de inversión son implacables. Y claro, se empezó a estudiar la contabilidad de la empresa que había conseguido un hecho histórico, que Barak Obama la nombrase en una de sus alocuciones sobre el futuro de la energía.

Es una larga historia esa de Obama y su discurso, y la mano que "mecía la cuna" entonces, el español Juan Verde. Este hombre fue asesor de la campaña presidencial de Obama al tiempo que asesoraba a Abengoa y al Banco de Santander. Llegó a explicar a quien le quiso escuchar que iba a ser nombrado Embajador de España en Washington en sustitución de Ramón Gil Casares.

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Pero volvamos a la historia. La agencia de calificación Fitch no se creyó nada y comenzó el escrutinio del balance de Abengoa seis meses después de su estreno en bolsa. En aquel momento, Fitch concluyó que la empresa con sede en Sevilla tenía, según sus cálculos, un apalancamiento el doble de lo anunciado, y que los bonos verdes emitidos no deberían contabilizarse como "recursos en proceso", sino como deuda corporativa, al estar garantizados por la propia corporación, tal y como detalló el diario El País un año después, en noviembre del 2014.

Ante la alerta, serísima, Abengoa contrata a Deloitte, la auditora de todos los escándalos recientes del mundo empresarial español. Esa que no se entera, o se entera tarde, le multan y sigue como si nada hubiera pasado. Deloitte le explica a la CNMV, como respuesta a las caídas en bolsa y el informe de Fitch, que "la auditoria concluye que no hay indicios que hagan pensar que las cuentas no han sido elaboradas conforme a las normas internacionales". Hace además un párrafo de énfasis para aclarar "que no se contiene toda la información que requerirían unos estados financieros consolidados completos".

El economista y profesor asociado de la Universidad de Essex Javier Santacruz, analista de mercados de TheLuxonomist, explicaba este mismo verano en Ctxt.es cómo la situación de Abengoa era "literalmente imposible de mantener".

El origen de este sistema que ha funcionado hasta nuestros días está en la reforma de la Ley del Sector Eléctrico de 1997, donde se abría la puerta a garantizar por Ley un retorno a aquellos productores que se encuadraran dentro del Régimen Especial (bonito eufemismo para denominar a las energías renovables). Aquello se desarrolló posteriormente hasta la entrada en vigor del Real Decreto 661/2007 de 25 de mayo (el cual ha estado en vigor hasta la reforma del Sector Eléctrico de 2013) que fijaba un esquema de retribuciones extraordinariamente generoso y que sirvió para atraer a numerosos inversores extranjeros que comenzaron a desarrollar proyectos fuertemente apalancados y con dudosa solvencia en plena era del "dinero fácil".

En este caldo de cultivo se desarrolló una empresa de origen sevillano especializada en la generación de energía eléctrica a través de tecnología termosolar: Abengoa. Esta empresa, creada en 1941 para fabricación e instalación de contadores de luz monofásicos de 5 amperios, llegó a la década de 2000 con una facturación superior a los 144.000 millones de pesetas. A partir de esta época, Abengoa inició un modelo de fuerte crecimiento expansivo convirtiéndose en una de las energéticas más importantes de España y con proyección internacional creciente.

Abengoa disfrutó, desde entonces, de un sistema regulatorio ampliamente beneficioso donde la Ley le daba dos opciones para vender la energía producida: a precio de mercado más una prima fijada en función de la hora, la potencia instalada y el grupo o subgrupo al que perteneciera la instalación; o una tarifa regulada fijada en el BOE única para todas las franjas horarias y con la obligación de llevar directamente toda la energía producida al sistema de transporte y distribución.

En términos medios y hasta 2010, fecha en que se produjo el primer recorte de primas a las renovables para nuevas instalaciones, Abengoa estuvo ingresando por cada kilovatio hora termosolar producido una tarifa fija entre 417 y 440 euros "garantizada" durante los primeros 25 años. Si a eso añadimos otras primas percibidas en fotovoltaica, garantía de potencia y otros conceptos propios del sistema eléctrico, Abengoa se convirtió en una empresa cuyas finanzas y sostenibilidad estaban protegidas por el Boletín Oficial del Estado.

Sin embargo, Abengoa no supo medir las consecuencias de una vinculación tan estrecha con el BOE y el más que probable "riesgo regulatorio" que existiría a partir de 2010 cuando saltaron todas las alarmas en el sistema eléctrico por el agujero que se estaba creando en términos de desfase entre ingresos y costes del sistema, lo que denominamos "déficit de tarifa".

Mi experiencia es aún más ilustrativa. Cuando Manuel Sánchez llegó a Nueva York a explicarnos las bonanzas de Abengoa - el directivo abandonó la multinacional de forma sorprendente en mayo-, nos explicó que, tras apostar la Administración Obama por "su empresa" ellos habían construido la central termosolar más grande del mundo, dijo; pero que ahora había que esperar a las subvenciones, porque no "llegaban". Es decir, que sin subvenciones de la Administración Obama el agujero en su inversión en Estados Unidos era significativo.

Nunca supimos quien había prometido semejante estupidez, porque las subvenciones en Estados Unidos las aprueba el Congreso y no la Casa Blanca. Estados Unidos subvenciona algunos proyectos, pero ni de lejos costean la inversión, y mucho menos, se gana dinero - pelotazo-, que era lo que esperaba Abengoa (como le sucedió en España con la Ley Sebastián).

Y así llegamos al mayor desastre financiero de la década. Mayor que Bankia, con una deuda de 25.000 milones de euros , que esperan paguemos todos los españoles. Con la diferencia de que no hablamos de un banco, sino de una empresa privada que ha vivido de sus relaciones políticas con el gobierno, que le llegó a hacer una Ley solo para ella, vendiendo a los españoles que lo "verde" era el futuro. Efectivamente, subidas de la luz de un 10%, porque había que mantener los ingresos de la empresa sevillana.

Juzguen ustedes.