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"No en mi nombre"

03/10/2012 15:31 CEST | Actualizado 03/12/2012 11:12 CET
EFE
La frase de Carmen Chacón resume el rechazo que han expresado hoy en

el Congreso diputados de PSOE, CiU, Izquierda Plural, Amaiur y

Coalición Canaria sobre la ofensiva del Gobierno para criminalizar a

quienes protestan, argumentando que "deslegitiman" la democracia.

Incluso Luis de Guindos ha remarcado a El HuffPost: "Yo soy muy respetuoso

siempre con las manifestaciones. Muy respetuoso".

Fuera de los muros del Congreso hemos podido contrastar también cómo

la preocupación cunde entre intelectuales, políticos y económicos.

Expertos como Fernando Vallespín o José María Zufiaur están alarmados.

"El Gobierno está jugando con fuego. No se puede confundir a los que

protestan contra determinados funcionamientos del sistema democrático

con los llamados antisistema. Los habrá, pero son minoritarios",

explica Vallespín, catedrático de Políticas de la Universidad Autónoma

cuando se le plantea si las manifestaciones están poniendo en peligro

la democracia, teoría alentada activamente desde el Gobierno y sus

alrededores. Carmen Chacón tiene muy claro que "están equivocados. Lo

que hacen es provocar. Si las afirmaciones del PP las hacen en nombre

de todos los diputados, que quede claro que en el mío no es". Ana

Oramas, de Coalición Canaria, casi se lleva las manos a la cabeza: "Es

un disparate acusar de delito contra las instituciones del Estado

lo que habría que juzgar por alteración de orden público. En ningún

momento hubo intención de asaltar el Congreso", afirma con

conocimiento de causa una de las diputadas que estuvo dentro la tarde

el 25S.

La intervención del Fiscal General del Estado, Torres Dulce,

asegurando que "el malestar social no se puede utilizar para

deslegitimar la forma de Estado" no ha hecho más que calentar el

debate, iniciado por la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, con

su planteamiento de "modular" el derecho de manifestación. La guinda

intelectual ha tratado de ponerla José María Lassalle, secretario de

Cultura:

"El malestar colectivo que se llevó por delante las democracias

liberales en el periodo de entreguerras vuelve a escena".

Joan Coscubiela, diputado de Izquierda Plural y profesor de Derecho

del Trabajo y Seguridad Social también se rebela contra esta campaña:

"En democracia, hasta la impugnación del Estado de Derecho es

legítima, siempre que se haga por vías democráticas. Y las protestas y

manifestaciones son democráticas. Lo dice un jurista. Es impropio de

un fiscal general del Estado hablar de deslegitimación del Estado por

unas protestas. Lo que quieren es limitar, acotar y dificultar un

derecho fundamental como es el de manifestación". A Rafael Larreina,

diputado del grupo Mixto por Amaiur, le resulta intolerable la

injerencia de Torres Dulce: "El fiscal general del Estado se está

saltando una norma básica, que es la separación de poderes. Está

haciendo algo muy grave al abogar por la restricción de las libertades

al querer limitar el derecho de manifestación, cuando precisamente lo

que hay que garantizar en democracia es que la gente se pueda expresar

libremente".

Los movimientos del partido en el poder para poner coto a las

manifestaciones, sobre todo después de presenciar en vivo y en directo

el descontento ciudadano la tarde del famoso #rodeaelcongreso, tampoco

los comparte el diputado de CiU, Josep Sánchez Llibre, que confiesa no

tener "la sensación de que haya que 'moderar' las manifestaciones. No

es el momento de restringirlas, sino todo lo contrario. Las fuerzas de

seguridad tienen que proteger a quienes se manifiestan y estar atentos

para erradicar la violencia".

Se percibe un enorme interés de los grupos políticos por desmarcarse

de las incendiarias intenciones del Ejecutivo. "Las manifestaciones no

se controlan restringiendo el derecho sino dando respuestas a las

grandes cuestiones que nos plantea la ciudadanía. El problema es que

el Gobierno no tiene todo el poder para dar esas respuestas", añade

Valeriano Gómez, portavoz económico del PSOE y economista.

A los políticos no les pasa por alto que la ofensiva del PP solo puede

aumentar la irritación en la calle. Es muy peligroso el juego de

controlar a base de miedo, cuando la queja es lo único que les queda a

millones de ciudadanos. "No conozco que en ningún otro país de Europa

en que estén produciéndose protestas por la crisis, se haya optado por

una nueva regulación más restrictiva", apunta José María Zufiaur,

consejero del Comité Económico Social de la Comunidad Europea, que

añade: "Hasta ahora lo que estamos viendo del Gobierno va en la línea

de la criminalización de las protestas en la calle, que son

perfectamente democráticas. Están haciendo lo que ya hizo el Gobierno

catalán cuando empezaron los recortes y es cargar contra la

ciudadanía. Los excesos verbales de unos pocos, no justifican esas

cargas policiales". Vallespín muestra, precisamente, su extrañeza

ante que "una policía muy madura pueda ponerse nerviosa porque unos

pocos sean más violentos. Ha habido excesos".

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