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El ministro que no amaba a la mujeres

22/08/2012 09:11 CEST | Actualizado 21/10/2012 11:12 CEST

El pasado 16 de agosto alguien me envió un tweet que contenía una gran reflexión: "si le pegas una guantá es maltrato pq no es objeto de tu propiedad, si matan a un niño abortando es pq ellas tienen derecho a decidir". En menos de 140 caracteres el autor había sido capaz de trasladarnos un mensaje que, podríamos pensar, le "salió del alma", y que trasmite en pocas palabras el peso ha tenido y tiene la misoginia, que como sabemos es el desprecio hacia las mujeres, y que en una acepción modernizada podríamos convertir en el odio hacia su libertad, si entendemos que esa es una condición de toda persona en una sociedad democrática.

Es un odio ancestral que mantienen algunos individuos y que tiene su origen en la incapacidad de las personas para convivir con otras diferentes a ellas sin someterlas. La clave está en la capacidad de amar y respetar a los demás desde la libertad, probablemente una de las tareas más difíciles a la que nos enfrentamos en nuestra vida, algo que mucha gente no aprende nunca, porque finalmente es más fácil someter la voluntad que negociar cada día la convivencia.

Esto es así en la vida, privada y pública, como lo es en la política.

Decía el teólogo Juan José Tamayo, en un artículo publicado en El País, que el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, "es el encargado de llevar a la práctica la política patriarcal del Partido Popular", y, una vez más, hacia referencia al "ministro que no quería a las mujeres", tal como han hecho opiniones y comentarios aparecidos durante los últimos tiempos en diversos medios de comunicación al referirse al ministro a partir de su ya célebre concepto de "violencia estructural".

Efectivamente, en todas sus declaraciones encontramos elementos cargados tanto de misoginia tradicional, al despreciar la capacidad de las mujeres para decidir sobre su propia vida, como del concepto patriarcal de las sociedad, puesto que es él quien se erige en defensor y conocedor de lo que realmente quieren y desean las mujeres españolas.

Todo esto tiene mucho que ver con la vivencia del amor en lo privado y en lo público en la sociedad democrática moderna. Frente a la idea tradicional del patriarcado que sitúa la relación pública y privada entre las personas en un contexto de subordinación, el reconocimiento de la ciudadanía reclama la convivencia en igualdad. Como las personas maduras y libres, nuestra sociedad estaba evolucionando hacia este modelo de convivencia en igualdad, y en esto llegó al Gobierno el Partido Popular, y su ministro.

Empezó acudiendo a un tema claramente sensible: la violencia de género. Tras años de lucha de las mujeres y las instituciones, el Ministro pretende convencernos de que la violencia real es aquella que nos impide cumplir con nuestra verdadera esencia, que no es otra que el hecho de ser madres, nuestro destino y el escenario donde encontramos el motivo de nuestra existencia. Podríamos alegar que lo hizo sin ningún respeto, pero es bastante peor, lo hizo desde su posición ideológica, que incluye entender a las mujeres como ciudadanas de segunda categoría cuyo destino se puede determinar fuera del ámbito de sus propias decisiones. Aunque pretenda disfrazarlo de modernidad en un intento ofensivo de utilizar un lenguaje procedente del feminismo, su discurso está en la tradición de la desigualdad y la sumisión de las mujeres, puesto que la mayor violencia hacia cualquier ciudadano, sea cual sea su sexo, es eliminar su derecho a decidir.

El ministro, como la inmensa mayoría de los españoles, sabe que muchas mujeres quieren ser madres y no pueden, porque no tienen trabajo, vivienda o recursos para mantener una criatura, y se aprovecha de esta realidad tan dolorosa para imponer su ideología, que como todas las ideologías tradicionalistas y conservadoras, incluyen la imposición de un forma de vida hacia las mujeres donde está incluido ser madres pero no ciudadanas.

Y esta propuesta la hace el Partido Popular mientras recorta derechos laborales a las personas, que dificultan la vida profesional de las mujeres y con ello sus posibilidades de tener una familia, mientras elimina la Ley de promoción de la autonomía y atención a la dependencia, la financiación a las escuelas infantiles o las prestaciones de apoyo a las familias. Mientras expulsa del sistema educativo la educación en igualdad. Su mensaje para nosotras está claro, hemos ido demasiado lejos y ahora nos toca volver a casa, y las decisiones sobre nuestra vida las tomarán quienes tengan la capacidad de decidir.

Al fin y al cabo el debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo, es el debate entre quienes creemos en la capacidad de las mujeres a decidir sobre su maternidad y su forma de vida en el ejercicio de una ciudadanía plena, y quienes siguen creyendo que tenemos un destino que trasciende a los derechos ciudadanos, que justifica el trato sumiso y desigual.

Una compañera en Twitter me preguntaba qué podíamos hacer con mensajes como el que cité al comienzo, que llenan las redes de sexismo y misoginia. Sinceramente, creo que sigue siendo imprescindible avanzar en educación, sensibilización, concienciación.... en todo aquello que contribuya a evitar que alguien piense que "dar una guantá" a una mujer está entre las conductas posibles y a su alcance, en definitiva trabajemos desde el Gobierno, las instituciones y las organizaciones, para que las relaciones entre las personas se produzcan en igualdad en lo privado y en lo público, y para ello es imprescindible "amar" a las mujeres, es decir, respetar su derecho a decidir y su ciudadanía plena.

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