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Posibilidades y riesgos de la democracia digital

14/03/2017 19:20 CET | Actualizado 16/03/2017 07:38 CET
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La revolución tecnológica ligada al fenómeno de la globalización y al avance de Internet no solo plantea enormes desafíos al mundo del trabajo sino que provoca también profundos cambios en las sociedades modernas. Uno de ellos, es el que afecta a la información y la comunicación (TICs) que ha inundado la vida cotidiana de los ciudadanos. De hecho, es probable que usted esté leyendo este artículo desde un ordenador, una tableta o incluso desde su propio móvil.

El ámbito de la política ha escapado a la influencia y el potencial de las TIC. Desde hace una década, el porcentaje de ciudadanos que utiliza internet para informarse sobre cuestiones políticas se ha duplicado, en particular entre los más jóvenes, y las iniciativas de participación electrónica a nivel nacional, regional y local que conectan a los ciudadanos con sus administraciones siguen multiplicándose. El DNI electrónico y las consultas promovidas por los Ayuntamientos de Madrid o Sevilla son algunos ejemplos de cómo las TIC han sustituido a los canales tradicionales de comunicación entre ciudadanos e instituciones políticas.

En definitiva, una nueva forma de comunicación, debate y participación social en los asuntos públicos ha llegado y, parece que, para quedarse si, además, observamos el creciente desafecto y desconfianza de amplias capas de la sociedad hacia las formas clásicas del juego político y las instituciones representativas. Los ciudadanos reclaman a la Unión Europea y a los Estados más transparencia interna y mayores mecanismos de control democrático. Quieren incrementar su participación en la toma de decisiones y ampliar las posibilidades de interacción entre política y ciudadanía, y la democracia digital se presenta así como un instrumento nuevo para ayudar a resolver las carencias del funcionamiento actual de los sistemas democráticos.

El Parlamento Europeo ha aprobado esta semana un informe, del cual he sido ponente, que destaca las potencialidades de las TIC para mejorar la democracia tradicional y fomentar una ciudadanía más activa, pero que también aborda los riesgos que esconde la aplicación de estos nuevos instrumentos electrónicos. El texto advierte en primer lugar de que el objetivo de estas nuevas herramientas de comunicación digital no es establecer un sistema democrático alternativo basado en la democracia directa frente a la democracia representativa, sino ofrecer nuevos instrumentos para enriquecerla y perfeccionarla. Entre otras, plantea varias propuestas para ampliar la implantación de la democracia digital a nivel europeo y nacional.

Primero, desarrollar el enorme potencial de la administración digital y fomentar el uso de datos abiertos y de herramientas de las TIC basadas en código abierto y software libre en las instituciones europeas y en los Estados miembros.

Segundo, pedir a los Estados miembros y a la Unión que proporcionen medios educativos y técnicos para potenciar el empoderamiento democrático ciudadano y la participación digital mediante un acceso y una alfabetización digital equitativa e inclusiva a fin de colmar la brecha digital. La creación de redes de colaboración con las universidades, la inclusión de las capacidades digitales en los planes de estudio escolares y en el aprendizaje permanente son algunas de las iniciativas que deben ponerse en marcha.

Tercero, establecer plataformas digitales, con el fin de incrementar la eficiencia y la trasparencia de la comunicación entre las instituciones europeas y los representantes políticos y la ciudadanía y de promover la participación de los ciudadanos en la adopción de decisiones democráticas y el acceso a la legislación, las peticiones, las consultas públicas y las evaluaciones de impacto, la Iniciativa Ciudadana Europea y la ciudadanía digital, etc. Cuarto, utilizar las nuevas tecnologías para ofrecer a los partidos políticos nuevos instrumentos de apertura y conexión con sus afiliados y simpatizantes y fomentar la escucha activa y el debate.

Estas son solo algunas de las más de cuarenta recomendaciones del Informe que se centran en las potencialidades de la democracia digital. Pero no podemos obviar que detrás de las mismas también se esconden varios riesgos, en particular en torno a tres cuestiones: la votación digital y la protección de los datos personales y de la intimidad, que están intrínsecamente ligadas.

Deberemos prevenir contra el espejismo acerca de las ventajas de la revolución digital para superar los problemas que hoy presenta la democracia parlamentaria y para evitar nuevos problemas que las TIC no puedan resolver.

La votación electrónica y la votación a distancia por internet presentan, a primera vista, enormes posibilidades para incrementar la participación en los procesos democráticos, en especial la de las personas con movilidad reducida, las personas mayores y los ciudadanos que viven o trabajan permanente o temporalmente en un Estado miembro del que no son nacionales o en un tercer país, etc. Pero demandan, más allá de una exigencia máxima del cumplimiento de los principios de igualdad y secreto de la votación y de libertad de sufragio, una continua actualización para garantizar la seguridad y luchar contra los ciberataques. Esta cuestión está de actualidad tras la polémica causada por las presuntas actividades rusas de hackeo en la campaña presidencial de EE.UU. Las dudas que se plantean han llevado a Holanda a renunciar al cómputo de votación electrónico las elecciones legislativas de marzo y a Francia a descartar este sistema para los franceses residentes en el extranjero en las elecciones presidenciales, que precisamente se celebrarán en abril y mayo de este año.

En relación a la protección de la intimidad y de los datos personales, es la condición sine qua non no solo para garantizar la votación electrónica, sino para el éxito de las otras vertientes de la democracia digital: la administración electrónica, la gobernanza electrónica, la deliberación electrónica y la participación electrónica. Fomentar un entorno más seguro en Internet y garantizar, entre otra cuestiones, el derecho al olvido y la creación de registros públicos digitales seguros y de sistemas de validación de las firmas electrónicas así como la lucha contra robots de spam, la elaboración anónima de perfiles y la usurpación de identidad, son aspectos claves que determinarán la supervivencia de la democracia digital.

Para concluir, debo confesar que, en mi opinión, las innovaciones tecnológicas por sí mismas no son una pócima milagrosa que logre eliminar la desafección política de los ciudadanos y provoque una transformación sustantiva de nuestras democracias. Las razones de esta crisis son profundas y están relacionadas con las políticas, con los procesos crecientes de mundialización y con una insatisfacción creciente de los ciudadanos con los efectos de la globalización, especialmente en los espacios sociales del trabajo no cualificado.

En definitiva, la revolución digital requiere una observación constante de sus utilidades reales para mejorar la democracia, hacerla transparente, favorecer la participación ciudadana, empoderar la sociedad y someter a la acción pública a un proceso deliberativo abierto y plural. Pero al mismo tiempo deberemos prevenir contra el espejismo acerca de sus ventajas para superar los problemas que hoy presenta la democracia parlamentaria, y también para evitar la creación de problemas nuevos que las propias TIC no sean capaces de resolver.