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Revolución fiscal

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Foto: ISTOCK

"Un café o un puesto de salchichas de Viena, paga más tasas en Austria que una multinacional", dijo el canciller austriaco Christian Kern hace unos días. No le falta razón, porque algunas de ellas, no pagan nada. Era el caso de Starbucks cuando concentró la facturación de sus cientos de tiendas europeas en un pequeño local con catorce empleados en Luxemburgo, favoreciéndose así de un acuerdo previo que le obligaba a residenciar su sede central en ese país, a cambio de una ridícula tasa fiscal sobre sus beneficios europeos. Pero, solo un año después, la comisaria Vestager ha descubierto que Apple hacía algo parecido, facturando el Impuesto de Sociedades en Dublín, a un tipo fiscal que no llega al 1%. El agravio de esa tasa tan baja en comparación con el 25% nominal del resto de Europa no es nada si se comprueba además que Apple concentra en Irlanda todos los beneficios correspondientes a los países europeos, en una sola cuenta irlandesa, eludiendo así pagar el impuesto de sociedades en cada país con arreglo a su facturación nacional.

Añadan a esto la enorme dificultad técnica que tienen los servicios fiscales de los países para calcular el volumen de negocios de las compañías tecnológicas que mueven productos y conceptos financieros intangibles, de difícil o imposible ubicación local y la cada vez más ingeniosa y agresiva ingeniería fiscal que permite jugar con legislaciones nacionales muy diversas y ubicar la fiscalidad, las desgravaciones, las deducciones, etc., de la base del Impuesto allá donde más convenga. El resultado, ustedes lo conocen: las grandes multinacionales están pagando una tasa fiscal de sus beneficios, más cerca del 5% real que del 25% nominal. Y esto es general en todo el mundo.

¿Qué será la Revolución Fiscal pendiente? En primer lugar, tomar conciencia de la gravísima situación fiscal, y aprovechar la alarma social creada para reordenar y gobernar la fiscalidad global en Europa

Para hacer más crudo este relato, el mundo se despertó un día con la publicación de los llamados "Panamá Papers", que ponen en evidencia la cantidad enorme de personas en el mundo que eluden la fiscalidad de sus bienes, patrimonios y rentas, a través de compañías offshore, sin actividad económica real la mayoría de ellas, defraudando así la contribución fiscal en sus respectivos países, por decir solo una parte del problema que representan ese y otros muchos paraísos fiscales en el mundo (el lavado de dinero negro y la financiación del crimen, pueden ser todavía mayores).

El enfado ciudadano con estas evidencias no para de crecer, mucho más en el clima de descontento social que ha generado la crisis y ante la alarma política que está provocando el crecimiento de la desigualdad en el seno de las sociedades de Occidente. No se trata solo de comprensibles sentimientos de injusticia y cabreo de la gente por el trato fiscal recibido. Más grave todavía es el doble reto que se plantea para las Haciendas nacionales. De una parte, luchar contra la ingeniería fiscal que desarrollan las grandes consultoras universales para aprovechar la globalización financiera y productiva y el comercio internacional, en perjuicio del interés público de las naciones. Y de otra, la creciente competencia fiscal a la baja que desarrollan los países y los paraísos fiscales para aprovecharse de su soberanía fiscal y atraer empresas y actividad económica en perjuicio de los demás. El caso irlandés, concentrando en los últimos años las grandes tecnológicas americanas en Dublín, es solo un ejemplo más de esta competencia desleal que amenaza con diluir el impuesto de sociedades en esta desaforada y loca carrera hacia el tipo cero.

¿Qué será la Revolución Fiscal pendiente? En primer lugar, tomar conciencia de esta gravísima situación y aprovechar la alarma social creada para reordenar y gobernar la fiscalidad global en Europa y en el mundo. Una agenda urgente que debe abordar tareas tan complejas como las siguientes:

  1. Establecimiento en la Unión Europea de la Base Consolidada Común del Impuesto de Sociedades (BICCIS), lo que limita la competencia fiscal a la baja y desincentiva el traslado artificial de beneficios y la suscripción de pactos tributarios opacos en el seno del mercado interior.
  2. Obligación de publicar la información fiscal y financiera país por país por parte de las empresas multinacionales en la Unión Europea.
  3. Conversión de las recomendaciones sobre intercambio automático de información de naturaleza tributaria y erosión de las bases y repatriación de beneficios de la OCDE en estándares globales vinculantes.
  4. Establecimiento de una lista europea pública, transparente, comprensiva, robusta, rigurosa y objetiva de paraísos fiscales y, por tanto, una definición común de paraíso fiscal.
  5. Sancionar a los Estados que concedan ventajas fiscales sin requerir actividad económica sustantiva, no intercambien información, o tengan una imposición anormalmente reducida.
  6. Establecimiento de un impuesto de salida a los capitales que se trasladen a los Estados o territorios que tengan la condición de paraíso fiscal.
  7. Aplicación de medidas contra las empresas que operen desde paraísos fiscales, incluyendo su exclusión de financiación proveniente de la Unión Europea.
  8. Protección de los reveladores de ilegalidades y despenalización de la conducta en determinados Estados miembros.
  9. Prohibición internacional del secreto bancario y de la creación sociedades sin actividad económica real.
  10. Puesta en marcha en la Unión Europea del Impuesto sobre las Transacciones Financieras, como primer paso para su generalización en la comunidad internacional.

 

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