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El cementerio nuclear al margen de la ley

25/04/2015 09:56 CEST | Actualizado 25/06/2015 11:12 CEST

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La víspera de Nochevieja de 2011, en el segundo consejo de ministros del Gobierno de Rajoy, se designa Villar de Cañas, un pueblecito de Cuenca, como emplazamiento para albergar el cementerio nuclear.

Esta elección del Gobierno no tuvo en cuenta ninguna consideración técnica previa y, desde entonces, la historia se ha ido enredando más y más entre las dificultades técnicas y las prisas políticas para sacarla adelante.

En mayo de 2012, al poco tiempo, María Dolores de Cospedal, presidenta del Gobierno de Castilla-La Mancha y secretaria general del Partido Popular, promovió a su hombre de confianza, Francisco Gil-Ortega -sin ningún conocimiento en la materia- como presidente de la entidad pública que gestiona los residuos radiactivos. ENRESA, que así se llama esta entidad, es la promotora del Almacén Temporal Centralizado (ATC) o cementerio nuclear; un organismo con un presupuesto millonario y encargado de asignar las obras.

Una de las empresas beneficiarias de los encargos de ENRESA ha sido la empresa Iberdrola Ingeniería, que había fichado y promocionado al marido de Cospedal, Ignacio López del Hierro, y que ha conseguido, por el momento, contratos para el ATC por valor de 34 millones de euros.

Por otra parte, los organismos que tienen que otorgar los permisos para este proyecto son el Ministerio de Industria, que requiere a su vez el informe previo preceptivo y vinculante del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), y la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente.

El actual presidente del CSN es Fernando Martí Scharfhausen -en un cargo que debe ser independiente del Gobierno-, que fue quien firmó como secretario de Estado de Energía del Gobierno la adjudicación de la ubicación del ATC en Villar de Cañas la nochevieja de 2011, y ahora es él quien tiene que decidir sobre la idoneidad del emplazamiento, y por lo tanto, si no se inhibiera en la decisión, esta podría ser recurrida en los tribunales, y tendríamos que indemnizar a las empresas afectadas, como la empresa a la que está vinculado Lopez del Hierro, con dinero público.

Mientras, esperamos a ver qué hace Fernando Martí cuando le toque. Es importante saber que tanto él como López del Hierro están relacionados por haber recibido presuntos pagos de Liberbank sin mediar contrato; CCOO ya lo ha denunciado a las autoridades. Liberbank ha recibido enormes ayudas públicas, y está siendo investigado por presuntos delitos fiscales y de apropiación indebida. Además, Liberbank es propietario de Banco CCM; este banco (fruto de la reconversión de la Caja Castilla-La Mancha) tuvo en su directiva a López del Hierro antes de ser intervención por el Banco de España. Y además, el presidente de Liberbank, Manuel Menéndez, lo es a su vez de HC Energía, importante compañía eléctrica y gasística, que posee numerosas centrales hidroeléctricas y una participación del 15,5% en la central nuclear de Trillo, que se verá muy beneficiada en caso de que el cementerio nuclear se construya.

En lo que respecta al otro permiso que necesita, la Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto, el estudio fue encargado a INYPSA. Esta empresa también recibe ayudas públicas, fue constituida en 1970, y adquirió relevancia durante principios de la pasada década, al calor de la burbuja inmobiliaria y la abundante contratación de obra pública.

Con todo ello, los permisos no llegan, pero Gil-Ortega seguía asignando contratos de obra civil, y de manera súbita, el 10 de febrero de 2015, Soraya Sáenz de Santamaría presuntamente mandó cesar a Gil- Ortega, y el Ministerio de industria nombró a Juan José Zaballa, que era director general de Paradores, quien hacía apenas 20 días había sido noticia por dirigir una mesa de contratación que benefició a su mujer.

En la actualidad, el Ministerio de Industria reconoce que las ofertas de distintas empresas para realizar la obra civil del proyecto del ATC en Cuenca se encuentran en fase de evaluación, sin que los permisos preceptivos estén disponible por el momento. Solo con este último reconocimiento por el Ministerio de Industria se pone de manifiesto una situación al margen de la legalidad vigente.

NOTA DEL EDITOR:

En la versión original de este post, se decía que "INYPSA pertenece al

promotor inmobiliario Leonardo Sánchez-Heredero, que fue declarado

prófugo el año pasado en Santo Domingo por presunta estafa", noticia

de la que se hizo eco la autora por aparecer en varios medios

dominicanos. Según nos ha hecho saber la empresa "INYPSA no

'pertenece' a Leonardo Sánchez–Heredero, sino a la totalidad de sus

cientos de accionistas, entre los que se encuentra el Sr.

Sánchez-Heredero". Asimismo, afirma que "Leonardo Sánchez-Heredero nunca ha sido

declarado prófugo en Santo Domingo. Únicamente existió en 2013 un

procedimiento judicial, por el que se le emplazó erróneamente y cuyas

actuaciones fueron declaradas radicalmente nulas (resolución

2409-2014, Suprema Corte de Justicia, 12 de mayo de 2014). La empresa

también manifiesta que el litigio de INTUR, S.A., que preside Leonardo

Sánchez, ha concluido tras el acuerdo negociado entre los litigantes

con la mediación y aprobación de las autoridades económicas, Banco

Central de la RD y la Superintendencia de Valores (SIV).