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¿Sabes lo de Almunia y las nucleares?

03/10/2013 07:25 CEST | Actualizado 02/12/2013 11:12 CET

Joaquín Almunia al igual que Mariano Rajoy, que este miércoles ha estado de visita en Fukushima, saben que la energía nuclear tiene un problema económico consustancial con la seguridad, agravado por su falta de competitividad. Y ambos, en sus respectivas competencias, parecen dispuestos a canalizar fondos públicos a la industria nuclear. Porque tanto los nuevos proyectos, como las viejas instalaciones, reclaman las ayudas del Estado para mantener su viabilidad económica.

Las instalaciones nucleares existentes se están disfrazando de seguras y tratan así de conseguir ventajas económicas que hagan viable su continuidad. El caso de la central nuclear de Santa María de Garoña es el ejemplo por antonomasia, y el Partido Popular, su valedor.

En el otro lado, las futuras instalaciones nucleares, presuntamente seguras, pretenden que se financie con dinero público sus millonarias inversiones. Un muestra es la iniciativa de la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea, y Joaquín Almunia, Comisario de Competencia, es su promotor. La prensa alemana reveló la iniciativa de Almunia para que las ayudas estatales puedan destinarse a la energía nuclear en las futuras Directrices sobre estas ayudas. Aunque la Comisión establece claramente que "Es importante asegurar que en la Unión Europea los proyectos de energía nuclear no se benefician de ninguna subvención estatal", el Comisario se apoya en el Tratado Euratom para explicar que el desarrollo de la energía nuclear no contradice la política comunitaria, olvidando que Euratom vela por el derecho nacional a tener o no nucleares, no a subvencionarlas.

Algunos gobiernos, entre los que no se encuentra el de España, se opusieron de inmediato así como otras Direcciones Generales de la Comisión, de manera que el "Plan Almunia" aplazó su publicación para volver a repensar sus contenidos.

Este defecto económico de la industria nuclear es debido a que sus mayores costes son los derivados de la inversión inicial, son gastos fijos que se amortizan a lo largo del tiempo, y al contrario de la mayor parte de las tecnologías, que reducen sus costes según avanzan en su desarrollo comercial y tecnológico como es el caso de las renovables, la nuclear los aumenta porque crecen sus costes de seguridad y financieros. Esta dificultad sólo se subsana asegurando una producción y un precio de venta, 100€/MWh tal y como se está proponiendo en el Reino Unido, es decir vulnerando las normas de cualquier sistema de mercado, al mismo tiempo que están pagando el desmantelamiento de las antiguas. En el caso de las instalaciones que ya están amortizadas hay que volver a vulnerar el mercado por la misma razón, las inversiones y mejoras en seguridad derivadas de la prolongación de su vida útil son nuevamente costes fijos que se amortizan a lo largo del tiempo, es decir asegurando su producción como si de nuevas instalaciones se tratara. Nunca se reducen los costes, es más, el coste de los desmantelamientos es hoy en día una incertidumbre. En el caso del Reino Unido el Gobierno ya ha desembolsado más de 80.000 millones de euros en el desmantelamiento de Sellafield. Y en el peor de los casos, si sucediera un accidente nuclear catastrófico, el coste económico, y sobre todo el humano, todavía sería más desorbitado.

Volviendo a los ejemplos, encontramos una nuclear como Garoña: que lleva operando más de 42 años, que la amortización de sus inversiones está cubierta, que obtiene beneficios desde hace mucho tiempo, que tiene toda su producción vendida por su inflexibilidad para la regulación, que durante 35 años no tuvo que hacer frente al coste sus residuos, y que lleva recibiendo el precio máximo del mercado durante muchos años. Según sus dueños no puede afrontar las repercusiones económicas debidas a los nuevos impuestos, y el Partido Popular acaba de darle una "amnistía fiscal", modificando su la propia Ley 15/2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad energética.

El Partido Popular no debe engañarnos, los costes nucleares no incluidos son muchos, entre ellos, y según esta propia Ley 15/2012 "la gestión de los residuos radiactivos generados o el uso de materiales que pueden ser utilizados para fines no pacíficos".

El Comisario Almunia tampoco debe dejarse engañar. Bajo la presión de algunos gobiernos europeos, en particular el Reino Unido y Francia, está tratando de introducir normas que permitan el uso de dinero de los contribuyentes para apoyar la construcción de nucleares. Almunia, que abogaba por el cierre de las nucleares en el año 2000, cuando fue candidato a la Presidencia del Gobierno español con el PSOE, no puede ignorar que una tecnología que necesita de subvenciones para solventar, entre otros, los costes financieros, no es competitiva. Y dar un marco legal a algo que no lo es, se diga como se diga, es disfrazar la norma.

En tiempos de crisis económica, y restricciones en los presupuestos, subvencionar a las grandes corporaciones eléctricas con el dinero de los ciudadanos para que construyan nucleares no es políticamente correcto y, desde luego, es ambientalmente equivocado. Sabemos que Rajoy es consentidor de todas las actuaciones de los miembros de su partido y su Gobierno para favorecer a la industria nuclear, sabemos que Rubalcaba es conocedor del Plan Almunia, pero no sabemos si podrá sacarle del engaño. Preguntémosle en Twitter ¿@_Rubalcaba_, sabes lo de @AlmuniaJoaquin?