Los buitres sobrevuelan las residencias de ancianos
Empresas implicadas en tramas corruptas y fondos buitre han puesto su codicioso punto de mira en el cuidado de nuestros mayores, para intentar sacar el máximo beneficio con la menor inversión. Pero no cuentan con que también hay una ciudadanía crítica que no se resigna a perder siempre y nuevos y nuevas representantes en las instituciones que vamos a seguir denunciando estas incalificables prácticas.
Foto: EFE
En las dos últimas décadas, pero sobre todo desde la aprobación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia (2006), se han multiplicado las residencias de ancianos en numerosas localidades de nuestra geografía. También se han extendido los cuidados profesionales domiciliarios y los centros de día para la tercera edad y dependientes.
En la Comunidad de Madrid hay en torno a 480 Residencias para Mayores, pero solo veintisiete son de titularidad y gestión íntegramente públicas. El resto son de gestión indirecta, concertadas o totalmente privadas, aunque todas ellas deben someterse a las inspecciones regulares de los técnicos de la Comunidad para seguir operando.
Por tanto, la mayor parte de las residencias son gestionadas por empresas privadas, algunas de ellas implicadas en tramas de corrupción, como es el caso de Aralia Servicios Sociosanitarios, empresa propiedad de José Luis Ulibarri y su familia, imputado el primero en la trama Gürtel y uno de los empresarios con más poder en Castilla y León, siempre bajo el cobijo del Partido Popular.
Aralia ha sido adjudicataria de más de quince residencias y centros de día en el periodo comprendido entre octubre de 2014 y mayo de 2015, generalmente mediante el subterfugio de presentar la oferta más baja, rebajando sensiblemente las ofertas de otras empresas, lo que, en el marco de la nueva Ley de Contratos aprobada por el PP, se ha constituido en el factor clave para ganar concursos. Las consecuencias de estas bajadas temerarias no tardarán en verse.
Y es así, que en el mes de septiembre, unas familiares de ancianos de la Residencia Peñuelas, situada en el distrito de Arganzuela, se dirigieron al Grupo Parlamentario de Podemos en la Asamblea de Madrid para explicarnos su situación lamentable. Pablo Padilla, como diputado de zona, y yo, como portavoz de Políticas Sociales, escuchamos un relato sobre plagas de cucarachas, techos que se caen, personal insuficiente e incluso el fallecimiento de una anciana por un accidente dentro de la residencia en una rampa que nunca hubiera debido estar ahí.
Tras empezar a investigar y a pedir información en diferentes administraciones, averiguamos que la Residencia Peñuelas nunca había tenido licencia de actividad y funcionamiento. Hay un expediente del Ayuntamiento del año 2010, donde se dan quince días para presentar la licencia o se procederá al cese de la actividad. En marzo de 2015, cinco años después, otro nuevo expediente, abierto por los ruidos del sistema de climatización, concluye con otro plazo de quince días antes de proceder al cierre... que tampoco se cumplió.
La respuesta del Gobierno de la Comunidad es que hay muchos otros establecimientos sin licencia en la Comunidad y en el Ayuntamiento. Pero seguro que no llevan tantos años con expedientes de cierre abiertos y nunca concluidos y no han tenido la cantidad de reclamaciones, más de cien ante el registro oficial, que ha tenido Peñuelas. Por no hablar del fallecimiento de la anciana, por accidente, sí, pero por la existencia de una rampa que hubiera tenido que eliminarse para obtener la licencia.
La infatigable labor de la plataforma de familiares y el altavoz público que ha tenido en los medios de comunicación tras la denuncia efectuada por Podemos han deparado
efectos visibles: retirada de colchones viejos (algunos de gomaespuma y raídos), obras para apuntalar techos y reparar suelos, mejora de la atención a residentes y nueva disposición de los mismos en las salas comunes y, en general, un trato más amable de todo el personal. El problema sigue lejos de solucionarse, pero la acción combinada entre la autoorganización de familiares e iniciativa institucional ha funcionado y señala un camino que puede ser fecundo en esta legislatura.
Hoy jueves volveré a preguntar al consejero de Políticas Sociales en el Pleno de la Asamblea de Madrid sobre la licencia de Peñuelas. Espero que esta vez su respuesta sea clara y respetuosa con los familiares, a diferencia del desplante que tuvo con ellos en la sesión del pasado 1 de octubre.
Pero, como señalábamos al principio, la gestión de residencias se ha convertido en un muy lucrativo negocio, que no pasa inadvertido para los fondos buitre, esas entidades de capital riesgo cuya única misión es comprar ahora para vender más caro dentro de unos años y obtener pingües beneficios en el viaje. Este es el caso de una residencia de Leganés, concertada con la Comunidad de Madrid, llamada GERIATROS, que pertenece al fondo buitre francés PAI PARTNERS, dueño de Cortefiel y Pepe Jeans, y a la que algunos de sus extrabajadores han denunciado ante la Dirección General del Mayor de la Comunidad por manipular las escalas indicadoras del número de residentes con incontinencia, para obtener una subvención más alta. La prueba de esta manipulación, según los trabajadores, está en la acumulación de pañales sin uso en tres almacenes diferentes, todos cerrados con llave. Y para prevenir frente a alguna visita incómoda de inspectores de la Comunidad, hay un manual de instrucciones de la dirección del centro para evitar "ser cazados".
En definitiva, el problema real es que empresas implicadas en tramas corruptas y fondos buitre han puesto su codicioso punto de mira en el cuidado de nuestros mayores, para intentar sacar el máximo beneficio con la menor inversión. Pero no cuentan con que también hay una ciudadanía crítica que no se resigna a perder siempre y nuevos y nuevas representantes en las instituciones que vamos a seguir denunciando estas incalificables prácticas.
