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Los escraches del lobby de la fresa

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Foto: EFE

Plaza de las Monjas, en pleno centro de Huelva. La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz se dispone a hacer una parada antes de acudir al mitin que el PSOE tiene previsto en la localidad onubense de Aljaraque. Va a hacerse una foto con representantes del la campaña "Salvemos al Recre" en apoyo al Recreativo de Huelva. Pero en el último momento desconvocan ese acto. No habrá foto. A la presidenta andaluza la están esperando miembros de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado de Huelva para hacer presión. Un escrache en toda regla. Quieren que se cambie la normativa que obliga a cerrar los pozos ilegales que están esquilmando el acuífero de Doñana y que sirven para regar miles de hectáreas ilegales de fresas y frutos rojos. Se trata del negocio millonario de la fresa, que ha convertido a muchos agricultores locales en millonarios. Ellos mismos ponen cifra a su negocio: cuatrocientos millones de euros de facturación anual. Y el llamado Plan de la Fresa, que aprobó la Junta de Andalucía pone coto al cultivo ilegal de la fresa para defender no sólo a Doñana, sino también a los freseros legales.

De poco sirvió a la presidenta anular ese acto. Poco tiempo después, el lobby de la fresa estaba apostado con pancartas y gritos en Aljaraque con la intención de hacerse oír en plena campaña electoral. No hay posibilidad de esquivarlos. Una concentración que, en el caso de no haber sido autorizada, sería ilegal, aunque la Delegación del Gobierno de Huelva no actuó aplicando la Ley Mordaza aprobada por su partido político (PP), el mismo que lleva constantemente a la ministra Fatima Báñez a mostrar su apoyo incondicional al lobby de la fresa. Y si fue autorizada, habría sido juego sucio del PP para reventar el mitin de su rival más temida.

A Susana Díaz no le quedó más remedio que hablar con los representantes del lobby en medio del escrache. Pero en un alarde de valentía, les puso el punto sobre las íes: yo me siento con ustedes, pero hay una línea roja que no vamos a pasar: la ley. La respuesta del lobby es rocambolesca: dicen que no quieren saltarse la ley, pero que como está mal hecha, lo que exigen es que se cambie. Piden una ley a la carta. Eluden hablar de lo que todos saben pero nadie nombra: la amnistía a los regadíos ilegales de la fresa para mantener el statu quo, pero ese es el objetivo que ansían.

La Comisión Europea ha dado un ultimátum a España para que tome las medidas necesarias que garanticen la supervivencia del acuífero de Doñana o habrá sanciones por dañar el espacio natural más emblemático de Europa. Las fresas ilegales nos pueden salir muy caras.

No es la primera vez que el lobby de la fresa, que se afana en que no lo denominen así, recurre al escrache. Ya lo hizo el 15 de febrero cuando, tras la suelta de un lince en La Rocina (Huelva) a la que acudió la presidenta andaluza y el consejero andaluz de Medio Ambiente, José Fiscal, se encontraba una comitiva de la Plataforma con pancartas para reivindicar la amnistía a gritos. Y después, en la entrega de medallas de Andalucía en Huelva, cuando los manifestantes del lobby increparon al consejero con gritos de "dimisión", con la clara intención de reventar el acto institucional.

Parecían haber perdido fuerza cuando, tras una manifestación (esta sí autorizada) ante el Parlamento andaluz, vieron que su reivindicación se tumbaba en la votación posterior de la Cámara andaluza. No hay amnistía. El Plan de la Fresa hay que cumplirlo. Desde entonces han estado cabizbajos. Sin hacer mucho ruido. Tal vez debido a que el cierre de pozos ilegales, principal medida del Plan de la Fresa, se estaba ejecutando a un ritmo muy lento, como ha reconocido la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir: apenas cuarenta y dos pozos cerrados de los casi 2.000 que hay. Y lo más importante: no se están cerrando explotaciones ilegales -las que no tienen concesión de agua o han ocupado terrenos forestales de manera irregular- salvo aquellas que han sido clausuradas por orden judicial tras una sentencia firme (tras las denuncias de WWF-España en los tribunales).

Este martes, en la sede del Gobierno andaluz, la presidenta de la Junta de Andalucía dará audiencia a los representantes del lobby de la fresa, que asegura que aplicar el Plan puede suponer la muerte del sector. El Gobierno andaluz parece firme: el Plan de la Fresa se aprobó para cumplirlo. Mientras, en Europa la posición está clara tanto en los mercados como en la política: la plataforma que agrupa a las grandes cadenas y supermercados ha dicho ya que no va a comprar fresas que se rieguen con agua ilegal, lo que supone en la práctica que si el Plan no se aplica se pone en riesgo toda la producción fresera; y la Comisión Europea ha dado un ultimátum a España para que tome las medidas necesarias que garanticen la supervivencia del acuífero de Doñana o habrá sanciones por dañar el espacio natural más emblemático de Europa. Las fresas ilegales nos pueden salir muy caras.