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Bienvenido el cambio de tono en la guerra contra las drogas

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Los Estados Unidos y sus socios mexicanos y centroamericanos están cambiando el tono en la guerra contra la drogas. La reciente visita del presidente Obama a Centroamérica, la región más violenta del mundo, mostró un cambio notable en discurso del mandatario, pasando del monólogo de la seguridad a un diálogo centrado en la cuestiones económicas. Este viraje no se está dando de manera aislada: un nuevo informe de la Organización de Estados Americanos también reconoce el fracaso del status quo, llamando la atención sobre la necesidad de explorar nuevas alternativas.

El cambio en las narrativas y los discursos tiene tras de sí razones evidentemente políticas: México y algunos de sus vecinos en el sur están dispuestos a bajar el perfil de los temas de seguridad para centrar su atención en el crecimiento, el empleo y el turismo. Después de todo, las malas noticias envían señales que espantan a los mercados financieros, y también a los visitantes. Bajo este marco, es de esperar que en los próximos meses haya una discusión más animada y centrada en temas como el acceso a la energía, la infraestructura, el empleo, la migración y el comercio.

No causa sorpresa que México y los países centroamericanos estén tratando de cambiar el tono. En un intento por diferenciarse de su predecesor, el nuevo presidente de México, Enrique Peña Nieto, se ha propuesto ordenar la cooperación bilateral con Estados Unidos, exigiendo que todas las agencias de Estados Unidos ahora canalicen su asistencia a través de una "única puerta". La visita de la semana pasada del presidente Obama a América Central también mostró un cambio de 180 grados, pasando de un discurso centrado fuertemente en la seguridad a un diálogo enfocado en las prioridades para el desarrollo de la región. Aunque como suele suceder, tras los discursos se llegó a muy pocos resultados prácticos -una prueba más (si es que se necesitaba)- del bajo nivel de confianza que tiene Estados Unidos en el organismo regional de integración, SICA.

Mientras que el presidente Obama ha hecho emotivos comentarios sobre la necesidad de poner fin a la campaña militar contra las drogas, el hecho real es que su país continúa privilegiando las soluciones militares sobre las alternativas que enfatizan el desarrollo. Durante la década pasada Estados Unidos destinó más de 14.000 millones de dólares a equipo militares y policiales, así como a planes de erradicación de las drogas en Colombia, México y América Central. Ahora EEUU está abogando públicamente por un enfoque más "equilibrado", ya que, como señaló un funcionario de la DEA (Drug Enforcement Administration, la agencia estadounidense de lucha contra el narcotráfico) "... hay un número limitado de [helicópteros] black hawks que podemos venderles".

El cambio de foco, centrando la atención en aquellos factores económicos que facilitan la delincuencia organizada, incluido el narcotráfico y las pandillas, es sin duda un hecho positivo. Después de años de énfasis en la represión, ahora puede abrirse un espacio para discutir sobre los factores subyacentes de la violencia y el crimen que enfrenta la región. Los criminólogos han mostrado la forma en que la pobreza, la desigualdad y la ruptura del orden social generan condiciones propicias para la emergencia y expansión del crimen.

En este sentido, el (nuevo) énfasis de los presidentes de México y América Central en la educación y el empleo para los jóvenes vulnerables es más que bienvenido. Dicho esto, un enfoque centrado en el desarrollo económico podría contribuir a despolitizar el debate, aunque existe el riesgo de que termine ocultando los diversos factores políticos que favorecen el crimen organizado, sobre todo la impunidad en el nivel de las élites y la corrupción sistemática.

Está claro que la reducción de la pobreza por sí sola no va a disminuir el problema de las drogas y las pandillas en la región. De igual manera, décadas de políticas fallidas han demostrado que las intervenciones basadas primordialmente en el componente militar también están destinadas al fracaso. En cambio, lo que se necesita es una genuina estrategia de prevención integral. Esto significa movilizar recursos para reducir la pobreza y la desigualdad, pero también darle mayor prioridad a la prevención de la violencia y su reducción.

En lugar de desviar la mayor parte de los recursos al sistema policial y judicial, Estados Unidos y sus socios en la región deberían también aumentar significativamente las asignaciones
presupuestarias para la educación y la inserción laboral de jóvenes en riesgo, el apoyo a madres solteras, y planes de renovación de las zonas más vulnerables -incluyendo las zonas más deprimidas y críticas en términos de seguridad-.

Por encima de todo, Estados Unidos haría bien en volver a pensar en las métricas con las que se mide el éxito de las medidas para enfrentar la producción de drogas ilícitas, su tráfico y consumo. Esto significaría no medir la eficacia exclusivamente por la cantidad de hectáreas libres de cultivos ilícitos o la reducción del precio de la cocaína en la ciudad de Nueva York, sino también en relación a la reducción de la violencia homicida, la población carcelaria, las
sobredosis, y los nuevos casos de VIH.

Es más, el Gobierno de Estados Unidos podría revisar las políticas fundadas en preceptos ideológicos que han generado efectos negativos en toda la región, entre ellas las relacionadas con el control de armamentos, la deportación y su postura aún militante en la guerra contra las drogas. Un cambio de tono en este sentido, podría también dar lugar a cambios positivos en la acción.

ROBERT MUGGAH, ILONA SZABO DE CARVALHO, Y JUAN C. GARZON VERGARA son autores de este artículo y del informe Violencia, drogas y armas. ¿Otros futuro posible?