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El acoso a las familias que piden más horas de español

13/02/2017 07:22 CET | Actualizado 13/02/2017 18:31 CET

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Foto: ISTOCK

En Cataluña, toda la educación es catalán excepto dos horas de lengua española en primaria, tres en ESO y dos en bachillerato y las tres horas de lengua inglesa. Las familias tienen derecho a que sus hijos reciban, por lo menos, una asignatura no lingüística en lengua española, pero como la Generalitat no lo permite, para reclamar ese derecho tienen que recurrir a la justicia.

Por si eso fuera poco, una vez que consiguen hacer valer sus derechos en los juzgados, suele empezar el verdadero calvario. Es tal el acoso al que se somete a estas familias, que en la mayoría de los casos acaban por renunciar lo que la justicia les ha dado y, en no pocas ocasiones, acaban incluso cambiando a sus hijos de centro escolar.

Hace mucho tiempo que estamos denunciando esta situación y, hasta ahora, todo lo que habíamos conseguido había sido una retahíla de descalificaciones que suelen ir del socorrido "facha" hasta los típicos "queréis dividir la sociedad catalana" o "queréis que desaparezca el catalán". Y, por supuesto, ni la más mínima empatía por esas familias señaladas, por esos niños a los que dejan de invitar a cumpleaños.

Sin embargo, hace unos días parece que las cosas han empezado a cambiar a raíz de una resolución de Rafel Ribó, síndic de greuges de Catalunya (el defensor del Pueblo). Vaya por delante que Rafel Ribó es un ferviente defensor del sistema lingüístico actual, con lo cual, los que normalmente nos intentan desacreditar cuando denunciamos esta situación, lo tienen difícil para aplicarle los mismos sonoros epítetos.

Esta resolución se refiere sólo a una familia de Balaguer, aunque la situación que ellos vivieron es similar a la que viven la mayoría de las familias que piden más asignaturas en lengua española para sus hijos. En el caso de esta familia, se filtraron los datos de los menores y, según el síndic, esa filtración fue producida por parte del personal del centro escolar o del Departament d'Ensenyament, por lo que pide que se abra una investigación al respecto. El AMPA utilizó las instalaciones del colegio para organizar acciones como recogida de firma o manifestaciones contra la decisión judicial y todo esto con el apoyo del Departament que en todo momento se desentiende de su obligación de velar por la protección de los menores.

Desde medios de comunicación se dieron datos de la familia y se llamó al boicot del negocio familiar que, finalmente, tuvo que cerrar. Y el día que debían iniciar el curso escolar, tenían a la prensa concentrada en la puerta de casa, por lo que los menores no pudieron asistir a clase. Finalmente, cambiaron de centro, e incluso de localidad.

La madre fue al Parlamento Europeo, invitada por el eurodiputado Enrique Calvet (ALDE), para explicar su situación y el relato es realmente estremecedor.

Por este motivo, presentamos en el Parlament de Catalunya una propuesta de resolución para condenar los hechos y expresar el apoyo a las familias que pasan por este calvario. En la presentación, insistí en que no se trataba de posicionarse a favor o en contra de un modelo lingüístico determinado sino tan solo de condenar unas actitudes inaceptables en una sociedad democrática. Pues bien, más allá de que me acusaran de querer acabar con el catalán -lengua que, por cierto, he hablado toda mi vida y es tan mía como de ellos- y de hablar sobre cosas que no tenían nada que ver con el tema, no conseguí que la propuesta saliera adelante porque la mayoría de partidos votaron en contra.

Si el acoso hubiese sido hacia otro colectivo, seguramente la propuesta hubiera salido adelante, porque se trata de un caso absolutamente atroz, pero en Cataluña muy pocas personas se atreven a posicionarse para pedir respeto a aquellos que piden más horas de español para sus hijos. Sin embargo, a las manifestaciones contra estas familias acuden cargos públicos de la antigua Convergencia, del PSC, de Podemos, de ERC y de la CUP, así como diferentes AMPAs, e incluso profesores. Y la Generalitat utiliza el dinero de todos los catalanes en pleitear una y otra vez contra las familias y, como recoge la resolución del Síndic, no sólo no evita las situaciones de acoso sino que las ampara.

La resolución del síndic de freuges que, entre otras cosas, insta al Departament d'Ensenyament a que "se den instrucciones para que en el futuro en situaciones similares se asegure la protección de los derechos de todos los alumnos y el cumplimiento de los principios de pluralismo, inclusión y cohesión social" es una victoria moral pero no podemos seguir exponiendo a los menores y sus familias a este tipos de situaciones. Seguiremos trabajando para que todas las opciones sean respetadas y seguiremos volcando todos nuestros esfuerzos en proteger a los menores que, a día de hoy, no están protegidos en Cataluña.