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Las peleas respecto a los niños y niñas de Calais transmiten un espantoso mensaje al mundo

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Foto: EFE

En los últimos días, la relación entre los gobiernos francés y británico se ha visto tensada por las nuevas discrepancias respecto a quién debe asumir la responsabilidad de los niños y niñas que se encuentran en Calais.

En la práctica, los dos gobiernos han abandonado una vez más a estos niños y niñas en condiciones que ponen su seguridad y su bienestar en un evidente peligro.

Esta situación contrasta con la llegada a Reino Unido en las últimas semanas de un número significativo de niños y niñas, entre ellos muchos que se han reunido con su familia que se encontraba ya allí: una consecuencia derivada del Reglamento Dublín III que ambos países están legalmente obligados a cumplir. Tras lo que había constituido un aplaudido progreso por parte del Ministerio del Interior británico y numerosas autoridades locales, esta última pelea y su impacto en el bienestar de los niños y niñas son un hecho deplorable.

Aunque aquí, en Reino Unido, una gran parte del discurso político se centra en los deberes inmediatos de Francia para con las personas en su territorio, lo cierto es que los dos países tienen su parte de responsabilidad, y su falta de disposición a asumirla sigue siendo enormemente perjudicial.

Esa responsabilidad compartida no termina con la obligación legal de permitir que niños y niñas y algunas personas adultas que piden asilo se reúnan con su familia en Reino Unido. La Declaración Universal de Derechos Humanos, de 1948, y la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados, de 1951 -tratados de los que ambos países son signatarios- exigen que los miembros de la comunidad internacional compartan la responsabilidad de proporcionar un lugar seguro a quienes han huido de la guerra y la persecución.

Durante varios años, Francia ha estado haciendo considerablemente más que Reino Unido. Francia ha recibido el doble de solicitudes de asilo que Reino Unido, y acoge al doble de personas refugiadas.

No obstante, la realidad es que la población refugiada en cualquiera de los dos países no puede siquiera compararse de forma razonable con la población acogida por países mucho más pobres, inestables y lejanos: países como Pakistán, Etiopía y Kenia, por no mencionar a los vecinos de Siria.

A medida que los lugares seguros para las personas refugiadas en todo el mundo siguen reduciéndose, la presión para que más personas viajen más lejos va en aumento. Esto crea una situación que las bandas delictivas y otros autores de abusos explotan a su favor.

Y mientras los gobiernos de Francia y Reino Unido se pelean por cuál de los dos es responsable, la capacidad y la voluntad de estos otros países para seguir acogiendo a personas refugiadas va en declive. Pakistán está presionando a cientos de miles de personas refugiadas afganas para que regresen a un país en el que el conflicto ya se está extendiendo. La intención de Kenia de cerrar su campo de Dadaab constituye una amenaza similar para unas 300.000 personas refugiadas somalíes.

Esta última pelea entre dos de las naciones más ricas del mundo transmite una espantosa señal a otros países. Al eludir su responsabilidad de proteger a las personas refugiadas, lo único que hacen es animar a otros a hacer lo mismo.

Es una actitud que no es ni compasiva ni racional. No elimina las causas fundamentales por las que las personas refugiadas tienen que huir, ni tampoco la vulnerabilidad de estas personas ante los traficantes de seres humanos y otra gente que somete a los refugiados a abusos durante su huida. De hecho, tiene exactamente el efecto contrario.

A medida que los lugares seguros para las personas refugiadas en todo el mundo siguen reduciéndose, la presión para que más personas viajen más lejos va en aumento. Esto crea una situación que las bandas delictivas y otros autores de abusos explotan a su favor.

Quienes más sufren este fallo colectivo de los gobiernos son las mismas personas que, según el derecho internacional, deberían ser protegidas: las personas refugiadas. Más de la mitad de estas personas, en todo el mundo, son niños y niñas.

Y cada vez son más los que no encuentran la seguridad a la que tienen derecho. Desde luego, no la encuentran los niños y niñas a quienes los gobiernos francés y británico siguen fallando, sin proporcionarles un refugio seguro con acceso a procedimientos de asilo o a la reagrupación familiar. Ni tampoco la encuentran los cientos de miles de niños y niñas que se encuentran sin escolarizar en Turquía, muchos de ellos forzados a realizar trabajo infantil. Ni las niñas obligadas a contraer matrimonio precoz en Líbano o violadas en Libia. Ni los numerosos niños y niñas que han desaparecido en Europa o han sufrido abusos en Grecia.

Pese a las proclamaciones de gobiernos y otras entidades, estos niños y niñas --al igual que tantos refugiados adultos -no están seguros en ninguna parte-. Y un motivo fundamental de esta situación es la constante negativa de nuestro gobierno y del de nuestros vecinos a compartir la responsabilidad entre ellos. Esta negativa constituye una catástrofe inmediata para cada uno de los niños y niñas que permanecen en peligro en Francia.

Y es potencialmente aún más catastrófica porque, si dos países ricos no asumen la responsabilidad de un reducido número de personas que piden asilo en su frontera común, habrá aún menos probabilidades de que otros países lo hagan en otros lugares.

Mientras los países más ricos, como Reino Unido y Francia, no asuman su parte de responsabilidad, parece inevitable que la creciente crisis global siga empeorando.