Fomento prepara la constitución de una sociedad de capital mayoritariamente público para quedarse con las autopistas y su deuda, cuantificada en más de 3.000 millones de euros. Nada puede justificar que, en medio de recortes en la sanidad o la educación, se gasten millones de euros en rescatar unas autopistas innecesarias.

Se rumorea con la nacionalización o rescate de estos proyectos que nunca debieron emprenderse. Las concesionarias están lejos de ser empresas de interés nacional como sí pudieran serlo algunos bancos, y si deben quebrar por haberse embebido en un negocio ruinoso no puede ser el contribuyente el que lo evite con su esfuerzo fiscal.

Les importa un comino la seguridad. Lo que se quiere es ingresar más o sacar de una situación financiera insostenible a las entidades concesionarias, cuyo nivel de endeudamiento les sitúa al borde del desastre. Mientras el Parlamento decide si subir o no el límite hasta 140 y en qué vías, los peajes suben el 1 de enero.

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