Fomento prepara la constitución de una sociedad de capital mayoritariamente público para quedarse con las autopistas y su deuda, cuantificada en más de 3.000 millones de euros. Nada puede justificar que, en medio de recortes en la sanidad o la educación, se gasten millones de euros en rescatar unas autopistas innecesarias.
Lo malo es que la mayoría de la red de autovías gratuitas se ha construido desdoblando las vías anteriores de doble sentido. Eso significa que si se fija un peaje para estas vías, no hay recorrido alternativo ¿Es eso constitucional? Otra cosa será el repunte inevitable en la siniestralidad: carreteras más congestionadas son más propensas a los accidentes.