La existencia de un posible conflicto de intereses entre el PP y el sector de la construcción quedó patente en el informe Amnistía a la Destrucción que hizo público Greenpeace el pasado mes de diciembre. Posteriormente los papeles de Bárcenas confirmarían los vínculos del PP y las constructoras.

Greenpeace ha publicado el informe Amnistía a la destrucción donde se denuncian los impactos para el medio ambiente del proyecto de nueva Ley de Costas y señala algunos importantes beneficiarios de determinados articulados de la nueva normativa. Porque hay amistades peligrosas que codician y amenazan las playas y costas de todos.

Por fin hemos conocido los cambios que el Gobierno de Rajoy introducirá en la Ley de Costas. El resumen es una relajación en la protección del litoral, pero lo más grave es una legalización masiva de que aquello que ya está construido.

Como si nada hubiera ocurrido en España en estos últimos años, se suceden los nuevos proyectos urbanísticos en los lugares más bellos de nuestro litoral. Tenemos que decir no. Otra vez no.