Confío en que el fin de esta polémica elimine la distracción que ejerce sobre el establecimiento de una política penitenciaria con los presos por terrorismo. La política penitenciaria del Gobierno se define por su inexistencia, por no hacer nada más que esperar a que vayan cumpliendo sus condenas y saliendo a la calle, da igual cómo.

Pese a la dejación del legislador español, si se quiere cabe cumplir en Derecho con el fallo de Estrasburgo y liberar a Del Rio y a todos aquellos que siguen en prisión por aplicación de la doctrina Parot. Pero también es posible agarrarse a una versión más formal del Derecho y escurrir el bulto, alegando que como no hay vía habilitada "no se puede cumplir".

Si el Estado lo tapa no hay manera de saber si hay tortura. El TEDH una vez más ha venido a levantar el velo y a denunciar que si no se investiga no sale a la luz lo que es una práctica ante la que la democracia española, y particularmente, los jueces, han mirado para otro lado.

Me parece temerario enfrentarse a una sentencia que impone textualmente al Estado español la obligación de acordar la libertad de la recurrente. Deberían saber los asesores del ministro que las decisiones de los jueces son ejecutables de inmediato.

Es cierto que hay libertades con el puño en alto que indignan y ofenden, pero no podemos por ello quebrantar las leyes y socavar el estado de derecho y la legitimidad de la lucha antiterrorista.