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Laided Salazar, otra víctima del Gobierno de Maduro

07/02/2016 09:55 CET | Actualizado 07/02/2017 11:12 CET

Seis meses llevaba la capitana Laided Salazar sin ver a su hijo en el Centro Penitenciario Fénix, ubicado en Barquisimeto, capital del estado Lara, Venezuela. Rafael Alejandro, de tan solo 11 años de edad, ya la había visto mientras estuvo en Ramo Verde, la cárcel militar donde permaneció hasta que fue sentenciada a 8 años y 7 meses de prisión por los delitos de instigación a la rebelión y contra el decoro militar. Laided es odontólogo y capitana asimilada de la Aviación venezolana, decisión que tomó porque siempre le gustó el mundo militar, profesión que asumió con el honor de portar el uniforme azul por todo lo alto, hasta el día en que Nicolás Maduro anunció en cadena nacional que se había desarticulado un golpe de Estado conocido como "el golpe del tucano", nombre dado porque se iba a utilizar un avión militar de entrenamiento llamado Tucano, y que además vendría del exterior para bombardear el Palacio Presidencial y otros lugares. Era pues, una acusación más que se sumaba a todas las anteriores sobre intentos de magnicidio y procesos de desestabilización con los cuales han perseguido, encarcelado y procesado a cientos de venezolanos inocentes, sin poder demostrar su culpabilidad real y la existencia de dichos hechos.

Rafael Alejandro se levantó ese día muy temprano, porque junto a su tío, Carlos Javier, quien también ha sido parte de la defensa de Laided, tenían que emprender el camino a Barquisimeto, ciudad que queda a más de cuatro horas de distancia de su casa. Llevaban comida permitida en el penal, algo de ropa, libros, pero sobre todo, la ilusión de un niño por ver a su madre después de tanto tiempo.

Cuenta su tío que al pasarlo por aquellas grandes murallas, llenas de púa, y por todos los sistemas de seguridad, muy modernos, por cierto, trató de distraer la atención del niño en su travesía por pozos de agua y cemento, obreros y polvo, sequedad, calor y presos que conviven en dicha cárcel, hablándole de cosas de niños, esperanzado de que poco quedara en su memoria de una cárcel aún en construcción, que sólo tiene la fachada lista, porque el resto del penal es eso... polvo y cemento. Rafael Alejandro preguntó por qué su mamá estaba ahí y no en la cárcel de militares, a donde había ido antes. Cuando llegaron al cuartico donde Laided lo esperaba con los brazos abiertos, la abrazó y ambos lloraron durante un largo rato. Laided no dejaba de abrazarlo y de besarlo y de observar aquella carita que en seis meses no había visto, mucho tiempo en la vida de un niño de esa edad. Laided quería saber sobre el colegio, sobre los estudios, sobre los amigos de Rafael Alejandro, tratar en pocas horas de reconstruir seis meses de la vida de su hijo, y esconder sus propios padecimientos y sufrimientos en un presidio injusto y duro. Al niño no se le escapó que su mamá estaba "muy flaca", y así se lo dijo a Carlos, su tío, cuando salió.

Laided Salazar, además de estar injustamente encarcelada, fue sometida durante casi un año a tratos crueles, inhumanos y degradantes, con saña y premeditación.

Quien ha tenido la oportunidad de visitar las cárceles de Venezuela entenderán mis palabras cuando les digo que no hay nada que le quite a uno ese olor fétido que se impregna en la ropa y en la piel y que incluso puede durar días, porque las cárceles de Venezuela huelen a excremento, insalubridad y basura. La celda de Laided mide cuatro metros de largo por metro y medio de ancho. Tiene una cama de cemento y un hueco en el piso, una letrina, de la que salen gusanos y otros animales y que ella tapa con unos trapos. Una vez a la semana recibe un garrafón de agua de aproximadamente 18 litros, ya que el centro penitenciario no tiene agua. Ese garrafón debe alcanzarle para su aseo personal, el de la celda, para lavar su ropa y, además, para echarle a la letrina. Pasa el día encerrada, y su celda está ubicada en la zona de castigo del penal. Desde ahí puede escuchar, por ejemplo, cuando a los presos los ponen a hacer orden cerrado y a cantar obligados consignas a favor del Gobierno, ración de adoctrinamiento al que son sometidos diariamente. Lee libros que le lleva la familia -tiene permitido uno por semana- pinta, escribe y piensa mucho.

Desde hace varios meses, justamente desde que fue postulada por la Mesa de la Unidad Democrática como diputada para la Asamblea Nacional, Laided ha ido disminuyendo de peso, al punto de estar hoy en estado de desnutrición y deshidratación, por la mala y poca alimentación. La población penal en su totalidad presenta signos de desnutrición también, ya que la escasez de alimentos que sufre todo el país se siente aún más en todos los penales. Pero en el caso de Laided, puede observarse ensañamiento, ya que la comida no solo es muy escasa, sino que a veces viene descompuesta y mal oliente. Estos últimos días, su madre, Ana Teresa Maldonado ha denunciado que la capitana pesa aproximadamente entre 35 y 40 kg, y que se le pueden ver las costillas y los huesos de las caderas. Ante las denuncias continuas y el escandalo público sobre su situación, el defensor del pueblo anunció la semana pasada que había solicitado medidas humanitarias para Laided, y el día jueves 28 por la noche, Laided fue trasladada a la cárcel militar de Ramo Verde, en Los Teques, estado Miranda. Su familia espera la atención inmediata de médicos especialistas que le devuelvan a Laided la buena salud que siempre tuvo y que le robaron como castigo, como si fuera un complemento de la pena impuesta injustamente.

Laided Salazar, además de estar injustamente encarcelada, fue sometida durante casi un año a tratos crueles, inhumanos y degradantes, con saña y premeditación. Como vengo diciendo, así es la esencia de este régimen que además tiene en sus filas a mujeres que actúan fría y despiadadamente, desde lo más alto del poder hasta simples directoras de cárcel o custodias, pero que tienen un carnet rojo guindado al cuello que les permite cometer abusos con total impunidad.

Mientras tanto, Rafael Alejandro espera en su casa, que le devuelvan a su mamá.

Este artículo fue publicado originalmente en La Razón de Venezuela