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Después del Brexit, ¿a qué capital europea podría ir la City?

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Foto: Getty Images.

A los pocos minutos de conocer el resultado del referéndum británico sobre la continuidad en la Unión Europea, algunos de los alcaldes de las primeras ciudades del continente ya estaban en guardia ante la oportunidad que se les plantea: con el Brexit, Londres, la primera plaza financiera europea y mundial sale del paraguas del mercado comunitario y, en consecuencia, se vaticina un abandono, quizás masivo, de bancos de inversión, empresas y las pocas pero influyentes instituciones europeas con sede en la City -la principal, el regulador bancario único-. Y en río revuelto, ganancia de pescadores. Atraer al capital humano y económico que escape del frío aislamiento del Reino Unido hacia la calidez de la Unión Europea es todo un pastel que ninguna de las grandes urbes del continente quiere dejar escapar.

Más allá de discusiones sobre cuál será la próxima capital financiera de Europa o sobre la ingenuidad de pretender que alguna de las ciudades españolas pueda sustituir a Londres como hogar de la crème de la crème de las finanzas mundiales, lo cierto es que las autoridades locales de las primeras plazas del país parecen esforzadas por convencer a las élites bancarias y empresariales londinenses para que se muden a España. Rebajas fiscales y otros variados incentivos -entre los cuales, la mano obra cualificada y a un coste moderado en comparación con Londres, París o Fráncfort, o el suelo barato, si no directamente a precio de saldo, sobre todo en comparación con la city o La Défense- son los principales atractivos que exhiben las ciudades, como Madrid, Barcelona, Valencia o Bilbao, que podrían aspirar a albergar las oficinas europeas de las primeras firmas mundiales.

Pero cuando se desenfocan los encantos que penden del anzuelo español aparecen los obstáculos y el problema, más bien prosaico pero de máxima relevancia, de si las grandes compañías con miles de empleados cuyos rascacielos iluminan el skyline londinense pueden encontrar una morada en cualquiera de nuestras ciudades porque los precios bajos no lo pueden todo -de lo contrario, Londres, París o Ginebra serían un erial económico- y la oferta de oficinas, en el país con más viviendas vacías del mundo desarrollado, es muy limitada, totalmente incapaz de asumir las pretensiones de gobiernos como el madrileño, que aspiran a un desembarco masivo en su capital. Como ocurre, por ejemplo, con Dublín o Luxemburgo, ciudades a las que todos, en la prensa internacional, ya descartan como destino de la banca británica.

Nuestros políticos destacan a los inversores lo barato (impuestos, alquileres y salarios) que les resultaría instalarse en España, pero olvidan trabajar en las razones para convencerles de que lo barato no les acabará saliendo caro.

Frente a este problema, las soluciones, que pasan inexorablemente por convencer a los inversores de que promuevan nuevos desarrollos inmobiliarios, se topan con el muro de la escasa seguridad jurídica y de la inoperancia política en materia urbanística, capaz de desnortar hasta al más orientado. Porque, si bien soy el primer defensor de la planificación sosegada, no podemos confundirla con la zancadilla que afecta a todos los procesos de transformación de suelo y de actuación inmobiliaria en todas nuestras áreas metropolitanas; sirvan de ejemplo la controvertida y absurda moratoria hotelera de Barcelona, la indefendible limitación de alturas en la edificación de la legislación madrileña que ya ha acabado -judicialmente- con varios planes, la política territorial desacompasada y torpe de la Comunitat Valenciana o el proteccionismo del plan de comercio vasco, cuya prohibición de centros comerciales acabó en el Tribunal Supremo. Por no hablar de la norma andaluza que impone el estudio de género del planeamiento y un sinfín de etcéteras; todo ello aderezado, por supuesto, por la nulidad -llamada radioactiva- de los planes urbanísticos que puede llevar al traste un trabajo de años por un insustancial defecto formal y una tramitación administrativa de tal lentitud que sorprendería hoy incluso a Monsieur Sans-délai, y eso que ya debería estar acostumbrado. En definitiva, dilación e inseguridad jurídica, los dos peores ingredientes en la sopa del inversor, en un urbanismo digno del físico Schrödinger, en el que nunca se sabe si el plan está vivo o muerto hasta que hay sentencia firme, y eso acontece con lustros de retraso.

Debo reconocer que no creo que Madrid -ni ninguna ciudad española- vaya a poder competir seriamente, por posicionarse como el nuevo epicentro de las finanzas europeas, mucho más allá de lo que ocurra con el urbanismo, pero menos podría todavía cuando la visita de un contemporáneo amigo del personaje de Larra -por ejemplo, ejecutivo de un gran banco de inversión- pueda llevarle diez años hasta tener un lugar donde levantar su sede y otros tantos en tener la seguridad de que un tribunal no anulará la licencia que le autoriza a ejecutarla o el plan en que ésta se sostiene. Nuestros políticos insisten en poner el acento en lo barato -en impuestos, alquileres y salarios- que les resultaría instalarse en España, pero olvidan trabajar en las razones con las que convencer a los inversores de que lo barato no les acabará saliendo caro.

 

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