¿Recortes en los regionales de Renfe? Cuanto antes, mejor

¿Recortes en los regionales de Renfe? Cuanto antes, mejor

Si la crisis lleva a Fomento a suspender cerca de 50 relaciones de media distancia, sólo puedo decir una cosa: ¡Bendita crisis! Desde un análisis objetivo, de rentabilidad socioeconómica, de movilidad y de sostenibilidad ambiental, la actual red de regionales de Renfe es un despropósito.

Estos últimos días se ha armado cierto revuelo por un informe encargado por Fomento sobre los servicios ferroviarios de media distancia (lo que hasta hace poco eran los regionales) en el que se recomienda al Gobierno suprimir casi 50 relaciones operadas por Renfe -y subvencionadas por el Estado- por encomienda de servicio público entre diferentes ciudades españolas, además de reestructurar los servicios en otras tantas. Los recortes, de llegar a producirse, afectarían fundamentalmente a las líneas más ineficientes de la red, que suman 1,6 millones de pasajeros anuales, con un coste cercano a los 50 millones de euros y una ocupación del 8% (es decir, que para cada tren con 100 asientos se venden 8 billetes).

Con las informaciones sobre los planes del Gobierno ha llegado la crítica preventiva. Oposición, sindicatos o colectivos ecologistas, sobre todo del mundo rural -por ser los más afectados-, se han echado las manos a la cabeza por la propuesta que el ya famoso informe hace al Ministerio. El argumento que esgrimen, y no les falta razón, es que el ahorro que supondría suspender esas 50 relaciones ferroviarias equivale al gasto de construcción de un par de kilómetros de línea de Alta Velocidad; lo que es, de hecho, mezclar churras y merinas, porque se habla de servicios y no de líneas, es decir, de los trenes que circulan por las vías y no de las propias vías. Pero, al fin y al cabo, el dinero sale del mismo sitio, que no es otro que el bolsillo del contribuyente.

En este caso el ahorro económico tampoco es gran cosa (aunque los valencianos decimos que "tota pedra fa paret") y es del todo cierto que parece hipócrita suspender servicios deficitarios en unos lugares de España por unos cientos de miles de euros al mismo tiempo que se construyen líneas de alta velocidad deficitarias por miles de millones -que además luego habrá que mantener- por ejemplo, entre Olmedo (Valladolid), Zamora y Ourense; pero ahí queda la responsabilidad de la ministra Pastor, que por cierto, nació en Zamora, muy cerca de la Galicia natal de su antecesor, el señor Blanco. Pero, al margen del agravio -que lo hay, y no lo niego-, si la crisis lleva a Fomento a suspender estas cerca de 50 relaciones de media distancia, sólo puedo decir una cosa: ¡Bendita crisis!

Desde un análisis objetivo, de rentabilidad socioeconómica, de movilidad y de sostenibilidad ambiental, la actual red de regionales de Renfe es un despropósito. Ya hay quien justifica el mantenimiento de estos servicios en la menor contaminación producida por emisiones de gases de efecto invernadero del tren frente a otros medios de transporte. Encontrarán a pocos defensores del ferrocarril tan firmes como yo, pero los números hay que hacerlos con un poco de coherencia: efectivamente un tren diesel (como la inmensa mayoría de los que cubren estos servicios por líneas remotas y anticuadas) contamina, por pasajero, mucho menos que un automóvil o que un autobús, pero cuando va lleno. Pero créanme, hablamos de líneas, como la Cercedilla-Segovia, con menos de 2.000 pasajeros al año, que nunca han visto un tren lleno (incluso costaría ver lleno un microbús).

Otra justificación que he leído es que, de no ser por el ferrocarril, algunos núcleos rurales perderían toda forma de comunicación en transporte público. Por supuesto, compartimos la idea básica: es fundamental garantizar el acceso a los servicios de transporte público a todos los núcleos de población; pero no es necesario un tren de 200 plazas, en el que en muchos casos cabrían todos los habitantes de algunos de los pueblos con estación de estas líneas de regionales. Para conectar los núcleos rurales hay muchas formas mucho más sensatas y que cubren mucho mejor las necesidades de su población (una buena experiencia es el servicio de transporte a la demanda de la Junta de Castilla y León, por ejemplo).

Finalmente hay quienes, argumentando que el coste de mantener estos servicios no es excesivo (es cierto que 50 millones de euros al año no son una gran partida en los presupuestos del Estado), justifican su existencia en la rentabilidad social. Lo cierto es que parece que un modo de transporte de masas, como es el ferrocarril, poco versátil y pensado para grandes demandas parece, a todas luces, que no puede ser el mejor cubriendo las necesidades de muchos núcleos rurales españoles, tanto por frecuencias, como por la ubicación de las estaciones -generalmente lejos de los pueblos más pequeños- o la velocidad comercial, pues no podemos olvidar que algunas de las líneas por las que circulan estos servicios siguen trazados decimonónicos de imposible renovación.

Además, si es cierto que 50 millones de euros no es mucho para el Estado, las cifras pasan a parecernos escandalosas cuando las analizamos en términos de subvención por pasajero. Por ejemplo, el Estado subvencionó con 300 euros cada viaje entre Salamanca y Ávila en tren de media distancia, cuando un taxi entre ambas localidades cabeceras de la línea cuesta 101 euros y puede desplazar a 4 pasajeros, que ya son más que la media de 3 viajeros por circulación (esta línea desplaza anualmente unos 2.100 pasajeros). Y así podríamos seguir, por ejemplo, con los 100 euros por pasajero que cuestan las relaciones entre Córdoba y Bobadilla, Ourense y Puebla de Sanabria, Zaragoza y Jaca o Sevilla y Mérida. O incluso, por servicios subvencionados de alta velocidad regional (los Avant) entre la capital aragonesa y Calatayud.

En definitiva, con crisis o sin ella, con la finalidad de ahorrar o con la de racionalizar, en este caso es imprescindible recortar. No es ni lógico, ni sostenible, ni sensato mantener servicios ferroviarios que le vienen grandes a la demanda de la mayoría de las relaciones, provocan un gasto excesivo y no cubren con eficiencia las necesidades de la población. Hay otras fórmulas que servirían para acercar a todos los ciudadanos a sus destinos con transporte público, sólo hace falta la voluntad de implementarlas y mucho menos dinero del que ya gastamos. Sería deseable un gran consenso de los agentes interesados, especialmente en el mundo rural, para llegar a la mejor solución. Lamento que no lo veremos, pues como demasiadas veces ocurre en este país, esta vez ha primado el oponerse por sistema al que piensa diferente aunque pueda decir algo sensato.