Me dice mi amigo Eduardo Santos que tuvo una reunión con el consejero de Justicia e Interior de la Comunidad Foral de Navarra en su despacho de Diputación hace algunos años. Los mapas se amontonaban sobre la mesa. La vieja Iruña pierde su carácter perezoso y verde entre un montón de líneas, acotaciones y parcelas. Todo giraba alrededor de planes, urbanizaciones, proyectos, infraestructuras. El consejero explicó que dentro de los desarrollos previstos, la única posibilidad de construir una cárcel que esté en el límite urbano de Pamplona se encuentra en la colina de Soltxate y así se lo ha transmitido a Instituciones Penitenciarias. Su dedo se desplaza entre ubicaciones imposibles, subrayando la única certeza geográfica que queda dentro de los inmensos negocios territoriales.

Explican al consejero que una cárcel de 504 celdas significa una población penitenciaria de 1.000, muchos de ellos de fuera de Navarra, porque la población reclusa actual en la Comunidad está en torno a las 250 personas. Esto va a traer necesidades de todo tipo y gasto a prever para el Gobierno de Navarra en lo relativo a asistencia sanitaria y social, transportes, centros de rehabilitación de toxicomanías, justicia gratuita y asistencia letrada a los reclusos...

Navarra no cuenta con infraestructuras suficientes para toda esta población. Le preguntan si hay algo previsto en ese sentido. Se trata de hacer la cárcel, dice. Deja entrever desinterés y oposición y por tanto no quiere abordar estos asuntos ni abrir un debate. Cuando tengamos la cárcel pensaremos en esto y en otras cosas, como asumir las transferencias en materia penitenciaria. Su mirada se desliza nuevamente por el mapa de Pamplona. Primero crearemos la necesidad, nos dice. La mano invisible, pensamos en ese momento, proveerá todo. En sucesivas comparecencias el consejero se muestra cada vez más irritado cuando se le mencionan las consecuencias de la construcción. Reitera que el cemento es lo primero, luego veremos.

El 5 de junio se inauguró la nueva cárcel de Pamplona. La cárcel se levanta gris en medio de una reserva paisajística, mucho más deprisa que los recursos judiciales de asociaciones de vecinos y anticarcelarias. L. acude a manifestarse en bicicleta el día de la inauguración. No les han dejado concentrarse frente al Centro, así que lo tienen que hacerlo en una rotonda en medio de la carretera. En el camino es parada e identificada por la policía. Uno de los agentes le retuerce el brazo hasta dejarla en el suelo. En prensa la mayor polémica se ha desatado porque van a poner en las celdas televisores de plasma y porque el Centro tiene piscina. Los responsables del Ministerio del Interior se apresuran a decir que las televisiones de plasma, ya compradas y almacenadas, no se van a colocar y la piscina no se va a llenar porque no estamos para esos gastos.

Tampoco estamos para otros. El Gobierno de Navarra ha retirado la partida con la que colaboraba al mantenimiento de la cárcel porque hay que hacer recortes y la política penitenciaria no es de su competencia. El servicio jurídico penitenciario, que acudía a la antigua prisión cinco días a la semana, por las tardes, ahora sólo lo hará dos. El resto de asociaciones que trabajan dentro de prisión no tiene información alguna sobre cómo desarrollará su actividad en adelante. Faltan funcionarios, explican. Uno de ellos, de los que llevan las medidas alternativas a prisión, cuenta que no tiene interés en ir a la inauguración. Comenta el despilfarro que ha supuesto dotar el Centro de Inserción Social para personas que, si bien controladas por la Administración, deben hacer vida normal en la calle. "¿Para qué necesitan un gimnasio?" dice a modo de ejemplo. Van a destinar a personal de interior de la cárcel a parte de la escasa plantilla que se dedica ahora a labores de reinserción. La escasez de personal hará que haya zonas del Centro que estén cerradas, ante la imposibilidad de atender los servicios. Por no hablar de la falta de preparación de muchos funcionarios en prácticas, destinados aprisa y corriendo a la nueva cárcel. Trabajo extra, ahora tendrán que cachear los televisores que traigan los presos, dado que en las celdas no va a haber televisores fijos.

El consejero ya no es consejero, la reserva paisajística ya no existe. 750 personas presas están a punto de llegar.

Y la piscina no tiene agua, pero ya estamos en el aire.

¿Cuándo se darán cuenta de que una prisión no es un edificio, sino un lugar en el que viven y conviven más de mil personas, que por ley tienen intactos todos sus derechos menos el de la libertad de movimientos, que tienen las mismas o más necesidades médicas, educativas, asistenciales... que las personas que están en libertad y que están allí para poder salir mejor de lo que entraron?

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