POLÍTICA
03/10/2012 11:43 CEST | Actualizado 03/10/2012 18:21 CEST

El 25-S y la "modulación" del malestar: Ofensiva total de PP para limitar el derecho a la manifestación

EFE

Podría haberse quedado en un hecho aislado. Unas declaraciones que, en vez de desmentirse, se acaban quedando en una "opinión personal" o en una "reflexión" sin más consecuencias. No es el caso. Desde que la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, abogase por "modular" el derecho a la manifestación, políticos del PP y hasta el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, han avalado y amplificado la idea. Ahora ya se trata de "abrir un debate", en palabras de Cifuentes, al que nadie debe temer.

Fuentes de Interior citadas por la Agencia Europa Press han asegurado que el Ejecutivo no se plantea modificar el derecho de manifestación como pedía la delegada del Gobierno. Pese a que comprenden la situación que vive Madrid, con casi un millar de marchas desde el 17 de julio, en Interior sólo contemplan modificar la legislación para endurecer la respuesta para quienes infringen las normas.

En contra de revisar el derecho de manifestación se han mostrado algunos partidos de izquierda, los sindicatos policiales y voces críticas desde el ámbito de la justicia, que cuestionan al PP por tratar de impedir manifestaciones o por poner en duda la Constitución que en otras ocasiones consideran inapelable. En su artículo 21, la Carta Magna fija lo siguiente:

1. Se reconoce el derecho de reunión pacifica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa.

2. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes.

A FAVOR:

Esto es lo que, por el momento, han dicho miembros del Gobierno o del PP:

Cristina Cifuentes, delegada del Gobierno en Madrid:

"La ley es muy permisiva y amplia con el derecho de manifestación y cuando la Delegación ha intentado en diversas ocasiones no prohibir sino modular este derecho cambiando itinerarios o de día una manifestación porque creíamos que podía suponer un peligro de orden público, sistemáticamente el Tribunal Superior de Justicia de Madrid siempre ha fallado en nuestra contra y nos ha condenado a costas", aseguró.

Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid, en una entrevista en Cadena Ser:

"Lo que tiene razón la delegada de Gobierno es que no se puede estar permanentemente colapsando toda la ciudad porque hay que respetar el derecho de manifestación pero también el derecho de los demás ciudadanos a moverse y poder circular por la ciudad", dijo. Según él, Cifuentes abogó por utilizarlos "de una manera racional para que no se produzca un colapso permanente en el centro de la ciudad". Para González, "es algo bastante razonable". "Cualquier ciudadano sabe lo que está pasando y que prácticamente todos los días hay muchas movilizaciones en el centro dificultando la movilidad de los demás... no tiene mucho sentido".

Salvador Victoria, consejero de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid:

"Es evidente que las manifestaciones están ocasionando algunos problemas en la vida ordinaria de los madrileños. Al mismo tiempo existe el derecho constitucional a la manifestación, que debemos respetar y amparar desde las administraciones públicas", dijo este martes.

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce:

No se puede "otorgar carta de naturaleza a la explotación de un legítimo malestar social como un medio para deslegitimar en bloque". Torres-Dulce advirtió en un desayuno informativo de las "imposibles consecuencias" de utilizar del descontento social como forma de "deslegitimación en bloque de la forma de Estado, las Cámaras o sus titulares". El "exceso" del ejercicio de los derechos constitucionales no puede contribuir al "desarme de nuestro Estado institucional y del Estado de Derecho". "El equilibrio del orden jurídico se basa en el principio de proporcionalidad", ha añadido. Si lo consideran "necesario", los poderes públicos pueden regular aunque sólo "administrativamente" el derecho de manifestación porque la restricción "excesiva" de los derechos fundamentales puede complicar la convivencia democrática.

Antes de las declaraciones de Cifuentes, El portavoz del PP en la Eurocámara, Jaime Mayor Oreja, criticó ya no solo la celebración, sino la retransmisión de las manifestaciones:

Es un "disparate que se televisen todos los problemas del orden público con cámaras de televisión, porque incitan a manifestarse". "No porque no haya transparencia, si no porque hay cosas que exceden la prudencia", añadió. Mayor Oreja aseguró que no se imagina "una manifestación en Alemania siendo retransmitida por cadenas públicas alemanas", y ha confesado tener "el mayor de los respetos por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado". "Me inquieta lo que está pasando en Cataluña o País Vasco y me preocupa más que lo que puedan significar los desórdenes cerca del congreso", ha finalizado.

EN CONTRA

Soraya Rodríguez, portavoz del PSOE en el Congreso:

"El PSOE está absolutamente en contra de la modificación de un derecho legitimo de manifestación reconocido en la Constitución como derecho fundamental y regulado por ley orgánica". Las declaraciones que lo proponen o lo sugieren le parecen "absolutamente contraprodudentes" y "reflejan un tic autoritario y antidemocrático que tiene este Gobierno", aseguró este miércoles en el Congreso. Rodríguez recordó que cuando el PP estaba en la oposición "no solo no le molestaban, sino que convocaba" manifestaciones. Declaraciones como las de Cifuentes son parte de una "respuesta autoritaria, preocupantemente antidemocrática" del Gobierno.

El diputado de Izquierda Unida, Alberto Garzón:

Las declaraciones de Cifuentes "son un paso más hacia la presión para criminalizar el malestar", en declaraciones a eldiario.es. "Están dando un giro regresivo a nuestra Constitución, vamos hacia un modelo en el que o cambian las leyes o las ignoran".

El Sindicato Unificado de la Policía, también está en contra:

"No hay que modificar nada, lo que habría es que aplicar la ley que tenemos de reunión y manifestación y cuando no cumpla con los requisitos no autorizarla", dijo el secretario de comunicación del Sindicato Unificado de la Policía (SUP), José María Benito, para quien "no es necesario un cambio normativo de un derecho fundamental".

La Confederación Española de la Policía:

"No estamos en absoluto de acuerdo. El derecho de reunión y manifestación debe ser un derecho sagrado en un país democrático", ha enfatizado el secretario general de la Confederación Española de la Policía (CEP), Ignacio López, quien ha cuestionado a Cifuentes preguntándose si pretende modular la ley sólo en Madrid, dejando el resto de ciudades con un espacio jurídico diferente.

José Manuel Gómez Benítez, vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ):

La propuesta de la delegada de Gobierno en Madrid es "propio de regímenes autoritarios y dictatoriales". "Lo que le molesta al parecer a Cifuentes es el número, la constancia y la permanencia de las manifestaciones, pero eso se produce porque cada vez hay más ciudadanos que no confían en que las personas a las que han elegido o que se encuentran en la oposición defiendan sus intereses y en consecuencia buscan una vía directa de manifestar su crítica". Poder manifestarse es "un contrapeso fundamental en cualquier democracia frente a los excesos o arbitrariedades del poder". El vocal entiende que lo que se pretende con esta propuesta es "limitar ese ejercicio de derecho de los ciudadanos", por lo que considera que la reacción de la delegada del Gobierno en Madrid es "típica de regímenes autoritarios y dictatoriales, no de un estado democrático".

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