ECONOMÍA
21/11/2012 13:12 CET | Actualizado 21/01/2013 11:12 CET

Bruselas expedienta a España por la subida de tasas aeroportuarias

EFE

La Comisión Europea ha lanzado este miércoles un procedimiento de infracción contra España por la subida de las tasas que deben pagar las compañías aéreas en los aeropuertos explotados por Aena, y en particular en los de Madrid y Barcelona, que entró en vigor en julio de 2012.

En una carta de emplazamiento -primera fase del procedimiento de infracción-, Bruselas ha pedido explicaciones formales al Gobierno de Mariano Rajoy sobre las causas de estos incrementos con el fin de examinar si están justificados por los costes en que incurren los aeropuertos.

El expediente contra España responde a varias denuncias de compañías aéreas y asociaciones representativas del sector de los viajes y de la aviación, que alegan que la subida no respeta las normas de la UE.

El Gobierno tiene ahora un plazo de dos meses para responder a las preguntas del Ejecutivo comunitario.

Si no le convencen las explicaciones de las autoridades españolas, la Comisión podría pedir cambios en las tasas aeroportuarias e incluso llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo.

En sus denuncias, las compañías aéreas aseguran que no fueron adecuadamente consultadas sobre las modificaciones de las tasas aeroportuarias.

LA TASAS POR PASAJERO SE HAN DUPLICADO EN MADRID Y BARCELONA

Aunque los cambios han supuesto incrementos modestos en algunos aeropuertos pequeños, la tasa por pasajero en el aeropuerto de Madrid se ha duplicado y un incremento similar se ha producido en el de Barcelona.

"El incremento de las tasas es significativo para las compañías aéreas que operan en los dos aeropuertos mencionados, a consecuencia de lo cual las compañías podrían verse disuadidas de operar en ambos aeropuertos", ha explicado el Ejecutivo comunitario.

Por ello, Bruselas "está recabando más información que garantice que las modificaciones estaban justificadas sobre la base de los costes para el aeropuerto.

Además, la Comisión desea asegurarse de que España ha establecido una autoridad de supervisión independiente, tal como exige la normativa comunitaria.

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