El Gobierno exigirá a las autonomías que costeen educación privada si no garantizan el castellano

El Gobierno exigirá a las autonomías que costeen educación privada si no garantizan el castellano

Las comunidades autónomas sufragarán la escolarización en centros privados cuando los alumnos no encuentren una oferta docente pública o concertada en la lengua vehicular de la enseñanza que elijan los padres o tutores.

Esa es una de las medidas que constan en el borrador de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), que el ministro de Educación, José Ignacio Wert, presentará este martes a las comunidades. Pero el borrador llegará con polémica, porque esta medida y la priorización del castellano como asignatura troncal frente a las lenguas cooficiales, que serán consideradas especialidades, ha indignado a la Generalitat.

Entre otras novedades, la propuesta indica que los alumnos deberán elegir entre Religión confesional y Valores Culturales y Sociales en primaria y Valores Éticos en secundaria.

Además, las materias troncales supondrán no menos del 50 por ciento del total de los horarios.

El borrador exige a las autonomías el pago de una plaza en un centro privado a aquellos padres que soliciten la educación en castellano cuando esta comunidad no pueda ofrecerle esta posibilidad en un centro público o concertado, siempre y cuando no se haya establecido una "proporción razonable" de ambas lenguas.

Corresponde a estas administraciones determinar la proporción que proceda en el uso del castellano y la lengua cooficial como lenguas vehiculares en el sistema educativo, en atención al estado de normalización lingüística. Igualmente, especifica que podrán otorgar, en función del estado de normalización lingüística en sus territorios, un trato diferenciado a la lengua cooficial respecto del castellano "en una proporción razonable", sin que en ningún caso pueda suponer de hecho la exclusión del castellano.

"Mientras no se realice la determinación a que se refiere el párrafo anterior, los padres o tutores tendrán derecho a escoger la lengua vehicular de la enseñanza que reciban sus hijos. Cuando, como consecuencia de dicha falta de determinación, no exista oferta docente pública o concertada en la lengua vehicular elegida en la localidad de residencia de los alumnos, los padres o tutores podrán optar por escolarizar a sus hijos en centros privados, correspondiendo a la administración educativa sufragar los gastos de escolarización", añade la disposición.

LA GENERALITAT, INDIGNADA

El texto establece además como asignatura troncal el castellano y la literatura en este idioma, mientras que las lenguas cooficiales pasan a ser asignatura de especialidad, que deberán cursar obligatoriamente los alumnos en las comunidades donde se hablen.

La consellera de Enseñanza de la Generalitat, Irene Rigau, ha denunciado este lunes que un nuevo borrador tumba el modelo educativo catalán-

"Mientras las comunidades no determinen la proporción en el uso de la lengua se deja a los padres el derecho a escoger la lengua vehicular", ha señalado Rigau, quien ha continuado que si por razón de lengua vehicular los padres quieren llevar a los hijos a escuelas privadas lo deberá sufragar la comunidad.

Rigau ha deplorado que el texto "rompe el modelo de escuela catalana" y supone la mayor ofensiva contra el catalán desde 1978, después de que el Ejecutivo haya instado a las comunidades con dos lenguas oficiales a dar un trato equlibrado a la impartición de las asignaturas para alcanzar el 50% de proporcionalidad, cifra que aún está por definir.

LA LENGUA COOFICIAL, EN ÚLTIMO LUGAR

El nuevo texto, que la consellera ha conocido este mismo lunes, es "absolutamente distinto" al que hasta ahora han debatido y establece tres categorías de materias en Primaria y Secundaria: las troncales (castellano, la primera lengua extranjera y ciencias), las asignaturas específicas (la segunda lengua extranjera, educación física, religión y educación artística) y en último lugar las de especialidad, donde se encontraría la lengua cooficial.

Ello puede representar menos horas lectivas de lengua catalana y que un alumno pueda conseguir el título de ESO y Bachillerato sin examinarse de catalán, porque pasa a ser una materia de cuarto orden, lo que respresenta una "ofensiva" que ningún ministro se había atrevido a plantear durante la democracia.