Piden que no se ejecute a siete saudíes por robo, uno de ellos crucificado
Fueron detenidos en 2006 por robar joyerías. Algunos de ellos tenían entonces 16 años. Arabia Saudí ha previsto para este jueves la ejecución de siete jóvenes, uno de ellos crucificado y los otros seis fusilados, mientras varias ONGs han dado la voz de alarma por la violación de derechos humanos que suponen estas ejecuciones.
La organización de derechos humanos árabe Al Karama (la dignidad) ha pedido que se detengan las ejecuciones y denuncian que los detenidos han sido supuestamente torturados durante su encarcelamiento y se les ha prohibido en ocasiones comer, beber y dormir.
Además, asegura que las autoridades les han obligado a firmar sus confesiones.
Al Karama consiguió contactar por teléfono con uno de los condenados, identificado como Naser al Qahtani, que reconoció que formó parte de una banda de 23 personas que asaltaba joyerías.
Al Qahtani se quejó de que los testimonios de los arrestados fueron obtenidos por la fuerza por las autoridades y que él y algunos de sus compañeros eran menores de edad cuando cometieron el delito.
De este caso también se han hecho eco organizaciones internacionales como el grupo Human Rights Watch (HRW), que ha pedido al rey saudí, Abdalá bin Abdelaziz, y al ministro del Interior, príncipe Mohamed bin Nayef, que paren de inmediato las ejecuciones.
Según HRW, todos los sentenciados tenían entre 16 y 20 años cuando fueron arrestados en 2006 por un delito perpetrado en 2005.
El grupo cree que existen pruebas de que el juicio a los siete detenidos violó los principios básicos de un proceso justo y recuerda que la Convención de los Derechos del Niño, que el reino saudí ratificó en 1996, prohíbe la pena de muerte sin fianza por delitos cometidos antes de los 18 años.
HRW confirma las denuncias de Al Karama de que fueron torturados durante su estancia en prisión y apunta que uno de ellos, Sarhan al Mashayej, fue sentenciado a morir crucificado por ser el líder de la banda.
HRW destaca que Arabia Saudí no tiene Código Penal, por lo que los jueces imponen las sentencias según su interpretación personal de la "sharía" o ley islámica sin tener en cuenta fallos anteriores, con lo que detenidos por delitos similares pueden recibir penas distintas.
La ONG Amnistía Internacional también ha publicado un comunicado en el que pide la intervención del Gobierno español para pedir que se paren las ejecuciones.
"Durante su interrogatorio recibieron fuertes palizas, les negaron la comida y el agua, les impidieron dormir, les tuvieron catorce horas seguidas de pie y les obligaron a firmar confesiones", ha criticado la ONG.
"Estuvieron tres años y medio recluidos en prisión antes de ser juzgados. Cuando llegó el juicio, en 2009, éste apenas duró unas horas y no tuvieron asistencia letrada ni derecho de apelación", ha afirmado Amnistía.
La última vez que Riad ordenó una ejecución en grupo fue en 2011, cuando a ocho bangladeshíes se les aplicó la pena capital por participar en un robo a mano armada en el que murió un guardia de seguridad. Según Amnistía, en los primeros dos meses de 2013, las autoridades saudíes han ejecutado a 17 personas.
En 2011 y 2012 se ejecutaron en todo el año a unas 80 personas. En Arabia Saudí, la pena capital se contempla para cargos como asesinato, robo a mano armada, tráfico de drogas, magia negra y hechicería.
