Gallardón aboga por una respuesta "nacional" a los desahucios tras las medidas de Andalucía
El Gobierno no quiere que cada comunidad autónoma dé respuesta por su cuenta al problema de los desahucios. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha apostado por aplicar los mismos criterios en todo el país y ha anunciado que se va a estudiar el "encaje legal" de las medidas presentadas por la Junta de Andalucía.
De esta manera ha reaccionado el Ejecutivo ante la intención anunciada por el Gobierno de José Antonio Griñán de expropiar a los bancos el uso de las viviendas hasta un máximo de tres años para evitar el desahucio de sus inquilinos.
"No creemos que éste deba ser un problema cuya solución pueda ser sectorializada en sus respuestas por carácter territorial desde solamente las comunidades que quieran abordarlo", ha declarado el titular de Justicia en los pasillos del Congreso, donde ha precisado que se van a analizar los "hipotéticos efectos" de la iniciativa andaluza.
Gallardón ha recordado que el Parlamento está tramitando una "respuesta de carácter nacional que afecte a todos los españoles por igual" y ha insistido en que "todos los españoles tienen que tener los mismos derechos". "Por lo tanto, la respuesta que se dé a un problema nacional tiene que ser una respuesta nacional", ha apostillado.
En su opinión, la Cámara Baja está intentando solucionar "un problema que viene de antiguo, pero que afecta a muchos españoles y que se ha agravado como consecuencia de una situación económica", por lo que las medidas que se adopten tienen que tener una "cobertura legal, con leyes aprobadas en el Congreso y en el Senado".
GRIÑÁN DEFIENDE LA LEGALIDAD DE SUS MEDIDAS
El presidente andaluz ha defendido que el decreto de vivienda es "plenamente constitucional" porque así lo avalan los estudios de los servicios jurídicos de la Junta.
"Este es un primer paso y no será el último'", ha manifestado Griñán, que ha declarado que hay que luchar contra la
"nueva forma de marginación social" que suponen los desahucios de familias en paro y con un alto nivel de endeudamiento.
Griñán ha invitado a quienes dudan de la constitucionalidad de lo aprobado por Andalucía a que "vayan al Derecho Comparado, a Francia o al Reino Unido, donde incluso prevén la confiscación en aquellos casos en los que las viviendas no se utilizan".
