Amnistía Internacional denuncia que impedir los escraches viola los derechos humanos

Amnistía Internacional denuncia que impedir los escraches viola los derechos humanos

EFE

Impedir los escraches viola los derechos humanos. Así lo ha asegurado el director en España de Amnistía Internacional, Esteban Beltrán, que ha advertido de que prohibir o restringir "a priori o de forma standard" las manifestaciones ante casas de políticos violaría la legislación europea e internacional en materia de derechos humanos.

El derecho al escrache es un "derecho" de manifestación y expresión que " lo que hace es molestar. Si no molesta, ¿para qué hay libertad de expresión?", se ha preguntado Beltrán durante la presentación del informe anual de Amnistía Internacional que se hará público este jueves.

Impedir los escraches "a priori, para todos, a 300 metros vulneraría las normas internacionales de derechos humanos", ha señalado en referencia la prohibición anunciada en abril por el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y luego paralizada por el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz.

En el caso de un político o su familia, sus derechos no se verían en modo alguno afectados, salvo que se tratase "de una manifestación que durase todo el día" e incorporase otros elementos, como el "ruido".

CAMBIAR LA CONSTITUCIÓN Y ACTUAR JUDICIALMENTE

Beltrán ha anunciado además que durante este año la organización llevará a cabo "una investigación sobre el derecho a la vivienda en España" y las "medidas legales" necesarias para paliar el drama de los desalojos forzosos.

Según él, a corto plazo deberían paralizares todos los desahucias hasta que los ciudadanos tengan capacidad de defenderse judicialmente, algo que no pasa en España porque el derecho a la vivienda no ha sido desarrollado legislativamente, a diferencia de lo que pasa en otros países, como en Francia.

"Eso explica por qué en 35 años no ha habido un solo recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional" sobre la materia, ha añadido.

Amnistía cree que los tribunales tienen margen para aplicar la legislación internacional y europea en materia de derecho a la vivienda y crear jurisprudencia que proteja a los que han perdido su hogar.

A largo plazo, la organización defiende un cambio en la Constitución que consagre y preserve el derecho a la vivienda, que ahora goza de una protección solamente retórica.

En el acto, Beltrán ha estado acompañado de Ada Colau, portavoz de la plataforma de Afectados por la Hipoteca, que denunció que los denuncio son una violación de los derechos humanos y la puerta a la violación de otros muchos, como el de la salud o la integridad física o emocional.