Empresarios y sindicatos limitan su participación en la Ley de Transparencia a los fondos públicos
Los empresarios y los sindicatos han limitado su participación en la futura ley de Transparencia a los fondos públicos que reciben. Representantes de la CEOE, UGT y CCOO han avisado este jueves en el Congreso que no están de acuerdo con que esta norma incluyera la obligación de dar información sobre ámbitos privados de sus organizaciones.
Estas organizaciones han dado su punto de vista sobre esta ley en la Comisión Constitucional del Congreso, donde ahora se encuentra en fase de debate la ley y en la que están compareciendo distintos expertos.
El Gobierno está intentando consensuar con el mayor número de grupos parlamentarios esta norma y se han pactado algunos cambios en sus primeros pasos por las Cortes Generales. Entre las últimas novedades, está la de que será un consejo independiente, y no una agencia estatal, quien velará por el cumplimiento de la norma.
¿QUÉ OPINAN LOS EMPRESARIOS?
El presidente de la Comisión de Responsabilidad Social Empresarial de la CEOE y vicepresidente de CEIM, Juan Pablo Lázaro, ha considerado en la Cámara Baja que "no deberían ser incluidas" las organizaciones empresariales junto a los entes públicos y que solo tendría que aplicarse a los fondos públicos.
Ha comentado que son "partidarios de un control público de los ingresos públicos, pero no de un control de los ingresos privados", y ha rechazado que sea legítima la "obtención de información de entidades privadas".
Ha argumentado que "no tiene sentido que una entidad privada deba informar periódicamente del estado de ejecución de su presupuesto", ni que tenga que "auditar obligatoriamente sus cuentas". Además, no le parece "pertinente que las retribuciones de los altos cargos de las organizaciones empresariales sean expuestas públicamente".
En este punto, ha avisado de que no publicará los sueldos de sus dirigentes, ni auditará las cuentas de sus organizaciones, ni informará de sus ingresos.
Según ha explicado, de los 19,6 millones del presupuesto de la CEOE para 2013, sólo un tercio procede de fondos públicos (6,2 millones) pues el resto procede de cuotas de las organizaciones (13 millones).
LA POSTURA DE LOS SINDICATOS
Los secretarios de Estudios de CCOO, Rodolfo Benito, y de Participación Sindical e Institucional de UGT, Frederic Monell, han apoyado la ley, pero han considerado que no debe ir más allá de obligarles a dar cuenta de cómo gestionan los fondos públicos que reciben y que no puede utilizarse para "limitar el derecho de libertad sindical" o atentar contra su "autonomía organizativa".
Aunque se han mostrado de acuerdo con que la norma imponga obligaciones a los sindicatos, se han afanado en dejar claro que la misma no puede utilizarse para equiparar sus obligaciones de transparencia a las que se van a imponer a las administraciones públicas.
"No se puede asimilar sin más la obligación de información activa que pesa sobre el conjunto del sector público a la que puedan tener las organizaciones sindicales", ha aseverado Benito.
Los representantes de las dos centrales sindicales han subrayado la necesidad de que se tenga en cuenta la "singularidad" que la Constitución confiere a los sindicatos, destacando que no sólo defienden a sus afiliados, sino los intereses de todos los trabajadores.
LA FINANCIACIÓN DE LOS SINDICATOS
El representante de Comisiones ha detallado que los fondos que su sindicato recibe vía Presupuestos Generales del Estado o de administraciones autonómicas suponen sólo el 2,8 por ciento del total.
Ha resaltado que se han recortado estas cantidades en los últimos años. Si en 2009 CCOO percibió 6,6 millones de euros de las cuentas estatales, este año esa cantidad se ha reducido a 3,5 millones. Además, ha incidido en que su sindicato ya es "transparente" y tiene colgados sus "balances" y "presupuestos" en su página web.
En su intervención, Monell ha puesto de relieve que el grueso de la financiación de UGT "no viene de fondos públicos". Aunque no ha ofrecido datos concretos, ha indicado que "los ingresos propios", provenientes de sus afiliados, superan el 70% del total.
Aunque no ha participado en el debate parlamentario, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), sindicato más representativo en las Administraciones Públicas, sí ha garantizado, en una rueda de prensa, su voluntad de someterse "sin ningún tipo de matices" a la futura Ley de Transparencia.
