POLÍTICA
30/07/2013 17:20 CEST | Actualizado 30/07/2013 19:26 CEST

La Generalitat catalana pide apartar a Pérez de los Cobos de 24 recursos

La Generalitat de Cataluña quiere apartar al presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, de la deliberación de 24 procedimientos de recurso y conflicto de competencias en los que es parte esta comunidad autónoma tras conocerse su militancia en el PP.

El Ejecutivo autonómico ha aprobado esta actuación tras recibir un informe favorable en este sentido por parte de los servicios jurídicos de la Generalitat.

El portavoz del Govern y conseller de Presidencia, Francesc Homs, ha afirmado que usan "la propia medicina" y los mismos "argumentos" del PP cuando este partido pidió la recusación del magistrado del TC Pablo Pérez Tremps, con motivo del litigio del Estatut, después de conocerse que este jurista había asesorado a la Generalitat en la redacción del texto estatutario.

Los servicios jurídicos del Gobierno catalán han concluido que la militancia de Pérez de los Cobos en el Partido Popular "permite apreciar una causa objetiva de pérdida de imparcialidad" en las causas que afectan a la Generalitat.

Entre los litigios afectados no se encuentra la declaración de soberanía, ya que le compete al Parlament pedir la recusación en este caso. Homs confía en que acabará recurriendo la cámara catalana, que la semana pasada ya pidió un informe a sus servicios jurídicos.

CONFLICTIVIDAD ENTRE EL GOBIERNO Y LA GENERALITAT

Concretamente, el Govern pide la recusación en los recursos de inconstitucionalidad de 24 litigios en marcha, entre los que se encuentran los planteados por el Gobierno central en contra de decretos de la Generalitat, como los de horarios comerciales, de impuestos de depósitos bancarios o sobre establecimientos turísticos.

También se incluyen recursos planteados por diputados o senadores del PP contra preceptos de la ley catalana de Educación, la del Cine o el Código de Consumo de Cataluña.

La petición de recusación también se amplía a recursos planteados por la Generalitat contra preceptos de leyes estatales, como los Presupuestos del 2012 o las medidas de racionalización en ámbito sanitario y educativo, así como los conflictos de competencias planteados por el Govern ante decretos estatales.

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