Bárcenas vuelve a pedir la libertad porque la cárcel le produce "daño psicológico"
Bárcenas ha vuelto a pedir la libertad. El abogado defensor del extesorero del Partido Popular (PP) ha reclamado otra vez al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz su excarcelación al considerar que su estancia en la prisión de Soto del Real (Madrid), en la que se encuentra desde el pasado 28 de junio, le está causando "perjuicios de carácter personal, familiar, profesional y social, e incluso psicológico".
Así consta en un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que el abogado de Bárcenas, Javier Gómez de Liaño, señala que el riesgo de fuga de su cliente es "inexistente" y que no tiene "ningún estímulo" para "sustraerse a la acción de la Justicia ni para neutralizar elementos del prueba".
SIN RIESGO DE FUGA
"Si cuando el señor Bárcenas pudo irse y hacerlo con el procedimiento archivado, con sus cuentas sin localizar, incluso fijar residencia en cualquier país del mundo, no lo hizo, ¿ahora, hoy, con todas sus cuentas intervenidas, el dinero bloqueado y sin recursos económicos para subsistir, puede hacerlo?", se pregunta el defensor del extesorero.
A su juicio, no existe "dato alguno" en la instrucción que permita fundamentar una posible fuga de Bárcenas ni tampoco "un riesgo de que entorpezca el normal desarrollo de la instrucción". "Todo lo contrario. Su arraigo familiar y social no es una mera alegación sino un hecho con categoría de probado, que sirve para desechar todo riesgo de sustracción a la acción de la Justicia", apunta Gómez de Liaño antes de añadir que Bárcenas "viajó al extranjero en numerosas ocasiones y siempre volvió a España".
Tras apuntar que "en la práctica real" la prisión provisional constituye "una pena anticipada o, si se prefiere, una prisión sin condena", la defensa del extesorero sostiene que en el actual momento de la instrucción esta medida no resulta idónea, necesaria ni proporcional. "La anticipación de los efectos de la pena que la prisión provisional representa, en gran número de casos es más gravosa para el sujeto que el cumplimiento de la pena misma por la incertidumbre que en tantos sentidos produce", apunta.
ASÍ SE DEFIENDE
En su escrito, de 25 folios, Gómez de Liaño también rechaza las imputaciones que pesan sobre su cliente.
Así, indica que no se le puede atribuir un delito de cohecho porque en 2002 y 2003 -cuando se sitúan las primeras dádivas que habría recibido de la red de Francisco Correa- "no era funcionario público" y a partir de 2004 -cuando fue elegido senador- no tenía "capacidad para realizar actos que comprometieran la rectitud o el prestigio de la función pública".
En relación con los delitos contra la Hacienda Pública que se le atribuyen, argumenta que los anteriores a 2007 habrían prescrito y que los posteriores estarían amparados por la regularización fiscal a la que Bárcenas se acogió en diciembre pasado.
Con respecto al blanqueo de capitales, el letrado del extesorero señala que los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional constituyen "una tosca manera de adaptar la actividad financiera del señor Bárcenas a un guión preconstituido, elaborado a base de prejuicios".
También asegura que las sociedades Sinequanon y Tesedul, vinculadas a Bárcenas, fueron creadas por "razones lógicas" y "nunca" con "la oscura intención de ocultar la titularidad de las mismas", como aseguró la Policía en términos que califica de "confusos y alambicados".
