Gordillo y Cañamero no asisten al juicio y niegan delitos por la ocupación de Las Turquillas

A las puertas (literalmente) del juzgado se han quedado el diputado de IU Juan Manuel Sánchez Gordillo y el portavoz del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Diego Cañamero. No han asistido al juicio por la ocupación de la finca Las Turquillas, pero han negado en una concentración frente al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que cometieran los delitos de los que se les acusa.

Tanto el parlamentario autonómico como el dirigente del SAT, que se enfrentan a una petición fiscal de siete meses de cárcel por desobediencia grave y que no tenían la obligación legal de acudir al juicio al no superar las solicitudes de pena los dos años de cárcel, han calificado como "político" este proceso, que interpretan como un intento de "reprimir" al movimiento sindical y social que encabezan.

Sánchez Gordillo ha dicho a los periodistas que espera que se trate en cualquier caso de "un juicio justo y sean absueltos los 54 encausados, y ha insistido en que "en ningún momento" se produjo delito alguno puesto que se trató de una "ocupación simbólica".

"Después de dieciocho días y con una orden de desalojo, nos marchamos sin ninguna resistencia y sin ningún problema con la Policía", ha dicho el diputado, que ha aclarado también que "nunca" llegaron a acceder a la zona militar de la finca en Sevilla.

"UN JUICIO POLÍTICO"

Además, ha calificado como "una barbaridad" la petición de penas tanto de la Fiscalía como de la Abogacía del Estado y ha opinado que se trata de un "juicio político", con la "consigna de represión" frente a un sindicato "que no se calla, que es rebelde", pero que practica la "no violencia".

Durante la primera jornada del juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, sólo se han personado en la sala de vistas dos hombres y una mujer de los 54 procesados, mientras que unas 200 personas han permanecido concentradas a las puertas de la Real Chancillería con banderas, pancartas y gritando consignas a favor del SAT.

Uno de los acusados, José Rodríguez, ha reconocido ante el tribunal que carecían de autorización para ocupar en el verano de 2012 esa finca de Osuna (Sevilla), si bien ha aclarado que se trató de una acción pacífica y que en esas fechas Sánchez Gordillo "iba y venía" pero no se mantuvo allí todo el tiempo.

El encausado ha subrayado que los concentrados tenían "absoluto respeto" por una finca con la que llevan "mucho tiempo" trabajando conjuntamente y ha admitido que pusieron algunos "telones" para llevar a cabo la acampada y que utilizaron agua de un pozo.

El acusado ha mantenido que durante los días de ocupación la relación fue "buena y fluida" con los militares y que nunca impidieron la actividad militar ni se puso en riesgo la seguridad, que se limitaron a "limpiar" la zona y a reivindicar la cesión de parte de los terrenos en una comarca azotada por el desempleo.

"LA FINCA SE DEJÓ COMO ESTABA"

Otro de los procesados que ha acudido a la vista, José Antonio Mesa, ha afirmado que, tras esa ocupación, la finca "se dejó como estaba", que recogieron "hasta los últimos papeles y colillas", y ha apostillado incluso que guardias civiles presentes llegaron a compartir con ellos alguna cerveza o algún cigarrillo.

"Era inhumano estar allí, pero queríamos conseguir la cesión (de la finca) por la fórmula que fuera", ha dicho este acusado, que ha calificado como "justa" y "razonable" esta reivindicación y que ha aclarado que pretendían que la ocupación, por la que no se les puede acusar de delitos, durara el menor tiempo posible.

Este martes, en la segunda y última sesión del juicio, está previsto que declaren cuatro testigos propuestos por la Fiscalía y otros dos propuestos por las defensas, que interesan la libre absolución de todos los procesados en un juicio que podrá quedar visto para sentencia tras los informes y conclusiones de las partes.