La Izquierda Plural pide prohibir por ley cortes de luz, agua y gas a familias necesitadas

La Izquierda Plural pide que se apruebe por ley prohibir el corte de suministro de luz, gas o agua durante los meses de invierno a las familias con dificultades económicas que no paguen su factura y aplicar el IVA reducido a los suministros domésticos de gas y electricidad.

Este grupo (IU, ICV y CHA) ha presentado en el Congreso una proposición de ley en este sentido, que se debatirá este martes en la sesión plenaria.

La portavoz de Energía de la coalición, Laia Ortiz, de ICV, defiende en su iniciativa que la pobreza energética es "la situación que sufre un hogar incapaz de pagar una cantidad de servicios de la energía suficiente para la satisfacción de sus necesidades domésticas y/o cuando se ve obligado a destinar una parte excesiva de sus ingresos" a este fin.

Un fenómeno que, según la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) y la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) sufre el 10% de la población española (4 millones de ciudadanos) y sigue en aumento sin que se haya conseguido visibilizar el problema pese al "impacto profundo" que tiene tanto en la calidad de vida como en la salud y la esperanza de vida de las personas.

De hecho, la Izquierda Plural recuerda en el texto que la propia Unión Europea ya insta en una de sus directivas a los estados miembros a adoptar medidas para atajar este fenómeno, que se está viendo agravado por la crisis económica, sobre todo en un país como España, donde se paga uno de los precios de la electricidad más caros del continente.

"TREGUA INVERNAL"

Por eso, IU-ICV pide una "tregua invernal" durante la cual las empresas suministradoras no puedan interrumpir el servicio de luz, gas o agua por impago "siempre y cuando se reúnan unas condiciones de renta familiar o cuando (la solicitud) vaya acompañada de un informe del órgano competente en materia de servicios sociales". Además, defiende que los servicios "esenciales" nunca puedan ser motivo de corte de suministro.

Una petición similar fue registrada por el PSOE, la Izquierda Plural, CiU, BNG y ERC como enmiendas al proyecto de ley del Sector Eléctrico durante su tramitación en el Congreso el pasado mes de noviembre, sin que pudieran salir adelante por el voto en contra del PP.

Para redundar en esta mejora, el grupo parlamentario reclama también que se modifique la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido para que el gas y la electricidad de uso doméstico estén sujetos al tipo reducido (10%).

BONO SOCIAL

Por otra parte, la proposición de ley de Laia Ortiz también plantea que los suministros básicos de electricidad, gas natural y butano se regulen con un sistema público de precio social para todos los hogares con poder adquisitivo reducido y, en particular, para las familias en riesgo de exclusión social.

"El Estado debería mejorar el actual bono social para tener en cuenta también las condiciones de la vivienda y el nivel de ingresos familiares, y no sólo la potencia contratada o la situación laboral familiar. También habría que valorar la posibilidad de establecer un bono social para el gas butano", se explica en la iniciativa.

Así, la propuesta es que el acceso a este bono social se conceda en función de la renta familiar y tras haberse fijado unos "consumos mínimos vitales" en cómputo mensual, teniendo en cuenta el número de miembros del hogar y las estaciones del año. Además, debería aplicarse tanto en las viviendas en propiedad como a quienes vivan en régimen de alquiler.

PLAN CONTRA LA POBREZA ENERGÉTICA

Finalmente, la diputada catalana alude en su iniciativa a las experiencias a nivel europeo que ya se están poniendo en marcha que, además de "ayudas puntuales" a colectivos vulnerables para pagar sus facturas o para mejorar el ahorro y la eficiencia energética, también se "asegura el suministro en momentos críticos" para "tratar de impedir la desconexión durante los meses más fríos o a consumidores vulnerables".

En este sentido, se pide al Gobierno un Plan contra la Pobreza Energética que persiga "garantizar el derecho de la ciudadanía a los suministros básicos del hogar, que permita identificar, prevenir y corregir las situaciones detectadas", dando "prioridad" a los hogares afectados por la pobreza energética en el acceso a las ayudas para mejorar la eficiencia y seguridad de sus instalaciones.